Amnistía Internacional lanza una campaña contra las lapidaciones en Irán
“Estoy preparada para ser ahorcada pero no deberían lapidarme. Si te estrangulan mueres y ya está, pero es muy duro soportar los golpes de las piedras en la cabeza.” Son palabras de Khayrieh, una mujer condenada a muerte por el tribunal de Behbahan, en Kuzhestan. Según informes recogidos por Amnistía Internacional (AI), sufría violencia a manos de su esposo e inició una relación con un familiar de su marido, que terminó matando al esposo. Khayrieh confesó el adulterio pero negó toda implicación en el asesinato y su ejecución está pendiente de que el presidente de la Magistratura dé su visto bueno.
AI denuncia que la ejecución por lapidación es un castigo “especialmente atroz” que Irán continúa aplicando a hombres y mujeres acusados de cometer adulterio, desoyendo así al Comité de Derechos Humanos de la ONU, según el cual tratar el adulterio como delito es contrario a las normas internacionales.
Al menos tres personas han sido apedreadas hasta la muerte en Irán en los últimos dos años y, en la actualidad, nueve mujeres y dos hombres se encuentran bajo sentencia de ejecución por lapidación. Amnistía subraya, además, el aspecto de la ley iraní que prescribe que las piedras han de ser escogidas de forma que sean lo suficientemente grandes para causar daño pero no tanto como para matar a la víctima de forma inmediata.
Con el fin de abolir la pena de muerte por lapidación en Irán, AI pide a las autoridades de este país que deroguen de su ordenamiento jurídico “las normas que autorizan la lapidación” y no tipifiquen como delito las relaciones sexuales consentidas entre adultos.
Como medida de presión, AI ha iniciado una campaña de envío de cartas para trasladar a las autoridades iraníes la oposición de la ciudadanía a la pena de muerte en todas las circunstancias, más aún en el caso de la lapidación, que está “especialmente concebida para agravar el sufrimiento de las víctimas” y que castiga el adulterio cometido por hombres y mujeres casados, algo que ni siquiera es delito en la mayoría de los países.
Internacional-derechos humanos; 15 enero (08) AmecoPress