ACAI considera que las citaciones del juez Sierra forman parte de la persecución del derecho al aborto
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) denuncia la persecución política a la que están siendo sometidas las mujeres que abortan y los centros médicos especializados. Marisa Castro, vocal de ACAI por la clínica Isadora de Madrid, no concibe que, en democracia, la Guardia Civil se persone en los domicilios de las mujeres porque “es una clara violación del derecho a la intimidad”.
Castro aseguró a AmecoPress estar “alarmada” al saber por los medios de comunicación que a algunas de las mujeres que han sido citadas a declarar les han enseñado historiales clínicos de otras mujeres, pues supondría “una ocupación de la confidencialidad”. ACAI considera “inconcebible” que en un Estado de Derecho que reconoce por ley la prestación del aborto, las mujeres que interrumpen su embarazo y las personas que facilitan este recurso sean objeto de una persecución política sin precedentes.
La cadena de encarcelamientos de profesionales de las clínicas, los registros generalizados y la citación de magistrado José Sierra, del juzgado de Instrucción nº47 de Madrid, a más de 20 mujeres que abortaron en 2007 en la clínica Isadora, dejan claro que “esto es una persecución política y las mujeres sabemos muy bien quiénes son. Han dado su último concierto en Colón y tienen sus aliados en la parte más conservadora del Partido Popular. Están claramente identificados: la Conferencia Episcopal, los grupos provida y los sectores más ultra-conservadores de la sociedad”, subrayó Castro.
La portavoz de ACAI explicó que se trata de una estrategia que responde “a una clara intención de criminalización” del derecho al aborto “y los sanitarios sólo somos la coartada para impedir a las mujeres el derecho democrático a decidir sobre su maternidad”.
ACAI cree que es “evidente” que hay un interés político en mantener la causa abierta por el Juzgado de Instrucción nº47 de Madrid contra la Clínica Isadora, después de que la asociación “La Vida Importa” denunciara a este centro por supuestos abortos ilegales. Más aún, teniendo en cuenta que las inspecciones que ha realizado, tanto el Seprona como la Dirección General de Sanidad de la Comunidad de Madrid, no han encontrado ningún indicio de delito.
Por todo ello, la asociación mantiene que hay “un interés claro en perpetuar una causa pese a que el Instituto Anatómico Forense falló que los restos orgánicos, que avalarían supuestamente la comisión de abortos ilegales, no eran probatorios de ilegalidad alguna”.
Según Marisa Castro, los servicios jurídicos de ACAI están trabajando para tomar todas las medidas necesarias “tanto respecto a la instrucción del sumario, como a otras cuestiones que puedan estar perjudicando los derechos de las mujeres y el funcionamiento normalizado de las clínicas”.
Estado español- aborto; 14 enero (08) AmecoPress