España se moviliza contra la prohibición del aborto

Madrid, 20 may. 13. AmecoPress.- La legislación de la interrupción voluntaria del embarazo es una conquista social que lleva detrás décadas de lucha. Especialmente de las mujeres, aunque también muchos hombres han apoyado a conseguir este logro social que hoy está en peligro en España. El PP quiere acabar con la actual Ley del Aborto que da libertad y apoyo a las mujeres para decidir sobre su cuerpo y maternidad. Por eso el escrache feminista celebrado el 16 de mayo frente a las sedes del partido del Gobierno en las principales ciudades del Estado español.

Uno de los lemas de la convocatoria ¡Tócale el pito a Gallardón! invitaba a que se manifestara públicamente el descontento popular -no sólo de las mujeres- de la mayoría de la ciudadanía, que se opone a que el actual Ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, introduzca una reforma de Ley que prohíba y criminalice el aborto libre.

Las personas asistentes a estas movilizaciones, convocadas a través de las redes sociales, portaron pancartas a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo y realizaron una larga pitada contra el titular del Justicia. En Madrid, cortaron la calle Génova a gritos de "Aborto legal para no morir", "Nosotras parimos, nosotras decidimos" y "Madre libre. Los vientres libres harán hombres libres"

“Ninguna mujer es abortista en el sentido de ver en el hecho de abortar algo gratificante”, argumenta Charo, una de las manifestantes para AmecoPress. “Pero las mujeres queremos y debemos ser libres y apoyadas en nuestras decisiones”.

“Una ley que garantiza el aborto libre y gratuito no obliga a abortar; si la mujer no quiere interrumpir su embarazo y quiere ser madre lo hará; sin embargo, una ley que restringe y criminaliza el aborto, sí supone una coacción a quieres quieren ejercer su derecho”, defiende Ismael, un hombre que cree que “estamos en un Estado aconfesional por lo que la Iglesia no debe inmiscuirse en las decisiones que afectan a los ciudadanos".

Tras leer el manifiesto las convocantes del escrache han acordado abandonar la zona pacíficamente. Sin embargo, al menos un centenar de ellos ha decidido continuar la protesta frente al domicilio del ministro de Justicia que vive próximo a la plaza de Tribunal. Allí han permanecido gritando "vergüenza", "aborto libre" o "fuera el aborto del Código Penal" hasta que la Policía ha desalojado la vía.

No hay que olvidar un aspecto importante. Una legislación más restrictiva en materia abortiva no limita el número de abortos, pero sí disminuye las garantías legales y sanitarias de miles de pacientes e incluso vulnera aun más el derecho a la vida. Como han señalado profesionales y organizaciones la reforma que pretende realizar el Gobierno en materia de aborto abocará a la "clandestinidad" a quienes no dispongan de los medios económicos necesarios con el consiguiente riesgo para la vida y salud de las mujeres.

Algo que avalan cifras y estudios. Santiago Barambio, de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai) explicaba hace unos días el absurdo de legislar de espaldas a la realidad. El Ministerio de Sanidad dio a conocer en su informe del año 2011 que 106.026 mujeres abortaron por voluntad propia en nuestro país durante ese año. Los estudios de Acai han evidenciado que 66.107 de esas mujeres abortarían aunque sus circunstancias económicas, laborales o afectivas fuesen diferentes, porque la decisión de interrumpir su embarazo es una decisión íntima y personal. Y ninguna ley les va a hacer cambiar de parecer, por muy arriesgada que sea la decisión que tomen. “Negar este hecho es no querer ver”, advierte Barambio.

Entre otras importantes restricciones que incluirá la reforma anunciada por Gallardón, está el volver a exigir a las menores consentimiento de la madre, padre, o responsables de su tutela.

Hay que aclarar que los abortos entre adolescentes no se han disparado con la nueva Ley del Aborto, según acreditan tanto el informe del Ministerio de Sanidad e Igualdad, como un informe de la Acai publicado a finales de 2011 y que analizaba los datos del primer año de entrada en vigor de la ley actual. El hecho de que desde julio de 2010 la interrupción del embarazo sea libre hasta las 14 semanas y que las menores no necesiten el consentimiento de sus padres, salvo contadas excepciones, no ha convertido la norma en un coladero.

Sólo un 3,2 por ciento de las mujeres que interrumpieron voluntariamente su embarazo durante los primeros quince meses de aplicación de la ley del aborto del Gobierno de Zapatero tenían 16 o 17 años, un dato similar al de años anteriores. En 2009, con la antigua norma, esa misma cifra fue del 3,8 por ciento, según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad. Además, el 87 por ciento de las jóvenes (un total de 1.035) no sólo acudieron a las clínicas habiendo informado previamente a sus padres y madres, sino que además fueron acompañadas de sus madres o tutores legales, según acredita el informe de las clínicas abortistas, para el que tomaron una muestra de 36.718 mujeres que habían abortado en sus centros de toda España desde julio de 2010, hasta el mes de octubre de 2011.

Una reforma que las abocará a la clandestinidad

La realidad pone de manifiesto que sólo 151 jóvenes (el 13 por ciento de las menores que abortaron y el 0,4 por ciento del total de abortos) no pudieron informar a sus padres, madres o tutores legales de su decisión. Se trata de una minoría de chicas con problemas familiares. Jóvenes inmigrantes cuyos tutores no residen en España. Adolescentes que, por ejemplo, tienen a su padre en la cárcel o cuyas madres se desentienden. En su mayoría, tuteladas por la Administración, viven en centros de acogida y protección.

Para los y las profesionales del sector, cambiar la ley, como pretende Mariano Rajoy, y volver a requerir el consentimiento paterno para poder abortar a los 16 y 17 años, llevaría a esta minoría, precisamente un grupo de población ya de por sí en el umbral de la exclusión social, a abortar por vías clandestinas. “Si las desamparamos, las abocamos a la clandestinidad sin justificación. La experiencia demuestra que los abortos no disminuyen porque haya leyes más restrictivas”, insiste Francisca García, Vicepresidenta de Acai.

Foto: Archivo AmecoPress.

Estado español – Política y género – Debates – Aborto – Movimiento feminista – Legislación y género; 21 may. 13. AmecoPress.