La Consejería de Sanidad “ha vuelto a dar la callada por respuesta”, lamenta Empar Pineda, portavoz de Isadora
El 12 de enero es la fecha tope de la huelga de clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que ha comenzado hoy convocada por la ACAI, asociación que representa estos centros en España. Empar Pineda, portavoz de la clínica madrileña Isadora y miembro de ACAI, anunció a AmecoPress que mañana se reunirán con la Delegación del Gobierno y con la Fiscalía de Madrid para intentar encontrar soluciones al acoso que los centros y los profesionales sufren desde hace meses.
ACAI ha pedido también entrevistas con las autoridades sanitarias pero, según Pineda, la Consejería “ha vuelto a dar la callada por respuesta” y no han respondido a la solicitud de diálogo propuesta por la asociación. Las clínicas plantearán mañana a la Delegación del Gobierno y a la Fiscalía de Madrid que el aborto es un derecho reconocido por la legislación vigente y como tal debe ser respetado y asumido por la sanidad pública.
La Asociación exige a las fuerzas políticas que la legislación actual sea sustituida por una ley de plazos como la que existe en la mayoría de países europeos y de este modo “se respete el derecho a decidir de las mujeres, no como ocurre ahora, que dependen de lo que digan otras personas”, declaró Empar Pineda.
ACAI recuerda que el aborto es posible en España gracias a que las clínicas privadas efectúan el 98% de las intervenciones y demandan que se garantice la seguridad jurídica y física de los centros y sus profesionales, con el fin de acabar con las agresiones que han sufrido algunas clínicas y las amenazas físicas que están recibiendo personas concretas que trabajan en ellas.
La huelga afecta a más de 2.000 mujeres y está siendo secundada por todas las clínicas de Madrid, las 30 de ACAI en todo el Estado y otras no asociadas. Si tras los paros de esta semana las clínicas no consiguen sus reivindicaciones, plantearán nuevas acciones presión y no descartan mantener la huelga.
Caza de brujas
Por su parte, la Asociación de Planificación Familiar de Catalunya y Baleares (APFCIB) ha denunciado en nota de prensa los registros, las inspecciones, “el cruce de acusaciones, la difamación, las actividades ilícitas, la violencia, el silencio y la alarma social creada por los grupos fundamentalistas religiosos” y manifiesta que la huelga de clínicas es consecuencia de “esta cacería de brujas” donde de las mujeres acaban, una vez más, siendo las víctimas porque no se les garantiza un derecho básico.
La APFCIB considera que el Estado “deja a las mujeres desprotegidas y sin ninguna garantía para poder ejercer un derecho legítimo, que forma parte de los Derechos Humanos, como es el derecho a decidir libremente” sobre su descendencia y critica la ausencia de cobertura sanitaria pública que atienda las necesidades de las mujeres durante los días que dura la huelga.
Además, califica de “ambigua” la actual ley del aborto, que a juicio de la APFCIB desprotege a las mujeres y a la profesión, y entiende que la negativa del Gobierno a negociar un cambio normativo “vuelve a situar a las mujeres en un espacio que se puede considerar tierra de nadie puesto que cada vez existen más obstáculos para que puedan ejercer este derecho con total libertad e igualdad”.
Para garantizar los derechos sexuales y reproductivos que el Gobierno del Estado Español firmó el 1994 en la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo del Cairo, la APFCIB exige que se incluyan en la educación obligatoria, que el sistema sanitario garantice la gratuidad de los medios anticonceptivos, que los representantes políticos reformen la ley y que garantice la seguridad de los centros y sus profesionales.
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Estados español – Aborto – Derechos humanos – 8 enero, 08 (AmecoPress)