El Gobierno impulsará medidas para evitar que las mujeres rurales emigren a la ciudad

12 de junio de 2007.

Por Teresa G. Espejo

Madrid | Estado Español | Mujeres rurales



La Ley de Desarrollo Rural contemplará la figura del “cotitular”, que dará cobertura social a las agricultoras que trabajaban como colaboradoras


Reunión con mujeres rurales
Francisco Amarillo se reunió con las Asociaciones de Mujeres Rurales

Está a punto de ver la luz la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, una ambiciosa norma, impulsada desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que engloba a doce ministerios y que pretende reforzar el tejido económico, conservar la riqueza cultural y medioambiental, y aumentar la calidad de vida de la población rural. El actual Proyecto de Ley contempla, como colectivos prioritarios, a las mujeres y a la juventud.

El texto ya ha sido remitido a las Cortes, y para que se convierta en ley, sólo falta que sea aprobado como tal en el Parlamento; después, entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Es una norma marco -tendrá que ser desarrollada por los gobiernos autonómicos- que va a afectar a unos catorce millones de habitantes y a la mayoría de los municipios del país, al ochenta por cien.

En los últimos años, la mujer rural ha aumentando su participación en el ámbito social y económico, según el estudio Las mujeres en el mundo rural, elaborado por el MAPA. En la presentación del informe, la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, destacó que “esta evolución ha sido la mejor respuesta de la mujeres a los programas de desarrollo rural, ya que han ido superando prejuicios y dificultades, aprovechando las oportunidades que han tenido a su alcance, consiguiendo, cada vez, una mayor formación”.

Según Espinosa, este estudio ha sido necesario para conocer mejor la situación de las mujeres y “facilitar la igualdad de oportunidades” en la sociedad rural, y destacó la importancia que, para conseguir este objetivo, tienen las nuevas leyes, de Igualdad y de Dependencia, aprobadas por el Gobierno.

En la actualidad, las mujeres suponen el 49,4% de la población rural, el 47,8% de ellas en edad activa, aunque la tasa de paro es superior, en casi diez puntos, a la media nacional de los hombres. El 35% de las personas ocupadas en las zonas rurales son mujeres, el 70% de las cuales trabajan en el sector servicios, el 17 % trabaja en la industria agroalimentaria y un 11% se dedica a la agricultura.

No hay datos oficiales actualizados sobre el número de mujeres rurales. Los más recientes son los recogidos en el último censo agrario, del año 1999, que reflejan que en España hay cinco millones de mujeres rurales, que suponen el 30% de la población femenina española. Según Eurostat, las españolas son el 12% de las agricultoras europeas, aunque este porcentaje se refiere a la Europa de los Quince y no tiene en cuenta la incorporación de los nuevos Estados miembro.

Respecto al número de mujeres a las que afectará la aprobación de la llamada Ley de Desarrollo Rural, Francisco Amarillo, director general de esta área en el Ministerio de Agricultura, aseguró que “existen más de 600.000 mujeres en España que trabajan en el medio rural, y que se verán beneficiadas por la nueva norma”.

Titularidad compartida

El último censo agrario muestra, además, que un 30% de las explotaciones agrarias tienen por titular a una mujer; en concreto, son cerca de medio millón de explotaciones, de dimensiones económicas reducidas y escasa rentabilidad, frente a la mayoría de hombres que ostentan la titularidad de la tierra. Andalucía Galicia y Valencia concentran más de la mitad de las titulares, y en general, la mayoría son de olivar, frutales y cítricos, si bien han crecido las producciones intensivas lideradas por las jóvenes, sobre todo, de cultivos de hortalizas y explotaciones de vacuno.

Las asociaciones de mujeres rurales españolas ven en la Ley de Desarrollo Rural una excelente oportunidad para definir con claridad la denominada “cotitularidad compartida” de las explotaciones agrarias. La figura del cotitular permite que las mujeres casadas con agricultores puedan inscribirse en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (Reass), siempre que sean menores de 40 años y sus cónyuges coticen mediante este sistema, según aprobó el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 2005.

Es una situación que afecta no sólo a las casadas, sino también a las hijas y hermanas de agricultores, que son los propietarios de la tierra, los titulares de las explotaciones, en la que ellas también trabajan bajo la consideración de “colaboradoras”, es decir, sin ninguna identidad profesional ni cobertura social.

El Ministerio de Agricultura estima en más de medio millón el número de mujeres “vinculadas” a explotaciones agrarias como familiares del titular. Un estudio sobre protección social de las agricultoras y ganaderas, presentado en enero de 2007 por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), revela que la mano de obra invisible femenina sigue existiendo en el sector agrícola, y da lugar a “situaciones inaceptables” para las mujeres, tanto en el ámbito privado, como en el social y económico.

En relación a la nueva definición de cotitular prevista en la Ley de Desarrollo Rural, el secretario general de Agricultura, Josep Puxeu, dijo a AmecoPress que la nueva norma “reproducirá lo establecido”, es decir, los términos que recoge la reforma de la Seguridad Social aprobada por Trabajo hace dos años.

Puxeu consideró el reconocimiento de la cotitularidad como un hecho trascendental para cambiar “estructuras decimonónicas” relativas al derecho de propiedad. “Tendrá tratamiento específico en función del acceso a ayudas y a prioridades en una serie de temas, como cuotas, primas, derechos de producción y facilidad en todos los trámites”, agregó.

Para la secretaria de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, “la cotitularidad es algo excepcional que, de momento, sólo se da en mujeres jóvenes, en su mayoría dedicadas a la agricultura ecológica, y luego está el caso de las viudas, que pasan a ser titulares de la explotación cuando fallece el marido”.

Propuestas para mejorar la Ley

Además de la redefinición de la titularidad compartida, las asociaciones de mujeres rurales y los colectivos a los que la Ley de Desarrollo Rural afectará de forma directa, han traslado al Ministerio de Agricultura sus propuestas para mejorar el texto durante su tramitación como Anteproyecto de Ley.

Para la presidenta de Fademur, Teresa López, es necesaria “una mayor coordinación entre las administraciones públicas para promover un desarrollo rural sostenible y equilibrado. Tenemos carencias de transportes, de servicios y también en materia de nuevas tecnologías de la comunicación, porque no llegan en las mismas condiciones. Todos estos temas se tratan el la ley, compartimos sus filosofía y nos parece muy interesante”.

Hortensia García, coordinadora de la Federación Nacional de la Mujer Rural (Femur), y la responsable de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (Amfar), Carmen Bállega, resaltaron la importancia de que las mujeres estén representadas en la Mesa de Asociaciones, cuya creación contempla el Anteproyecto de Ley para analizar periódicamente la realidad socio-económica del medio rural.

La coordinadora de Femur subrayó que “la Constitución y la Ley de Igualdad ya contemplan la igualdad de género, por tanto, lo interesante de esta nueva ley es regular la situación específica de la mujer rural, que es muy distinta de la urbana, porque el acceso a la formación y a la información no tiene nada que ver, por eso vemos tan importante impulsar las nuevas tecnologías en el medio rural”.

Por su parte, Inmaculada Fernández Landauro, presidenta de la Confederación de Mujeres del Mundo Rural (Ceres), manifestó que la nueva norma “reconoce un lugar a la mujer rural, pero debería ser protagonista del texto”; y coincidió con la presidenta de Fademur, Teresa López, al afirmar que debería recoger otros temas que afectan directamente a las mujeres, como “la violencia de género, que en las zonas rurales representa el 40%”.

En términos similares se manifestó la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), al plantear que se reconozca a la “ciudadanía” rural un papel más activo en las iniciativas de desarrollo, y que se incorporen al texto criterios de igualdad de género y otros principios integradores de los distintos colectivos sociales, incluidos las personas mayores y discapacitadas.

En concreto, la FEMP pidió que se tenga “especialmente en cuenta” a las mujeres en el fomento de la formación y el uso de las tecnologías por parte de la población rural, una demanda que también ha sido planteada por los colectivos de mujeres.

En materia de sanidad, la FEMP propuso que se establezcan programas específicos de prevención y atención a la salud de las mujeres en las diferentes etapas de su vida; y respecto a la protección de la Seguridad Social, reconoció la necesidad de ofrecer apoyo y asesoramiento explícito a las mujeres, con el fin de facilitar su inserción laboral y mejorar su cualificación profesional.

En relación al fenómeno de la despoblación y al envejecimiento de los municipios rurales, Carmen Quintanilla, presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), señaló que “las primeras en marcharse son las jóvenes, que se van a la ciudad en busca de empleo, y la ley debe corregir tanto desgaste y apostar por la visibilidad de las mujeres, como garantes del mundo rural”.

En el mismo sentido se pronunció Agustín Herrero, subdirector de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE), al declarar que “la mujer tiene un papel estratégico clave, porque hemos podido comprobar que, en aquellos territorios donde no hay oportunidades para la mujer, a medio plazo, no hay oportunidades para nadie porque la población no se mantiene”.

Para alcanzar todos estos objetivos, tanto la FEMP como las asociaciones de mujeres rurales, exigieron que la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural vaya acompañada de un presupuesto “realista”, que consiga resultados efectivos.

Empleo agrícola

Las actividades económicas que, según el MAPA, concentran un mayor número de mujeres en el sector agrícola son, por un lado, las ganaderas -en especial, las productoras de leche- de Galicia y la cornisa cantábrica, y por otro, las hortofrutícolas de regadío de la fachada mediterránea.

El trabajo asalariado femenino en la agricultura y en la agroindustria es eventual en la mayoría de los casos, y se da, sobre todo, en Andalucía, Murcia y Extremadura, con el 83% de las jornadas; además de Canarias, donde se encuentra el 24,5% de las asalariadas fijas discontinuas.

El 82% de las agricultoras están afiliadas al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (Reass), y el 18% restante cotiza en el Régimen de Autónomos (RETA). En diciembre de 2006, el número de asalariadas inscritas en el Reass ascendía a 373.400 mujeres.

Las cooperativas agrarias son otra fuente de creación de empleo –más de cien mil nuevos puestos en 2006– del que se beneficia el conjunto de la población. El subdirector de CCAE, Agustín Herrero, declaró que “debemos hacer un esfuerzo adicional para incorporar a la mujer a los consejos rectores de las cooperativas, donde apenas están presentes, y crear oportunidades de trabajo digno para la mujer, para que no se vea obligada a emigrar”.

La feminización laboral se ha dado principalmente en la agricultura intensiva y en los almacenes de manipulado. Según los datos del Ministerio de Agricultura, hay una “importante” aportación de trabajo femenino en la industria agroalimentaria, cerca de un 31%, aunque la mayoría son empleos eventuales.

Políticas de igualdad

La Secretaría de Políticas de Igualdad y el Ministerio de Agricultura firmaron en abril un Protocolo de Actuación para el desarrollo de políticas de igualdad orientadas a las mujeres del medio rural, que permitirá promover estudios sobre la situación de las mujeres y sobre el impacto de la política de género en el desarrollo rural, además de impulsar actuaciones relacionas con la formación para potenciar el empleo.

Firma Protocolo Igualdad
De iz dcha: Soledad Murillo, secretaria de Políticas de Igualdad, Josep Puxeu, secretario general de Agricultura, y Francisco Amarillo, director general de Desarrollo Rural

Para Josep Puxeu, secretario general de Agricultura, “este protocolo, más los proyectos que subyazcan del mismo, demuestra la voluntad clara de los dos Ministerios -el de Trabajo y Asuntos Sociales, y el Ministerio de Agricultura- en favor de las mujeres y los jóvenes, no ya como colectivo prioritario sobre el que actuar, sino con el convencimiento clarísimo de que, con ellos, podemos hacer políticas activas sobre esos territorios”.

Puxeu indicó que “pretendemos que haya un papel activo de la mujer en el mundo de la creación de empresas, desarrollar economías y tener las ideas necesarias para mejorar todos los ámbitos de la sociedad rural del siglo veintiuno”.

Por su parte, Soledad Murillo explicó que el Protocolo es un paso más en la consolidación del trabajo en común que están realizando ambos Ministerios para incorporar la transversalidad de género a las políticas y acciones emprendidas por Agricultura.

Murillo explicó que la Secretaría de Políticas de Igualdad ha participado activamente en la introducción de la perspectiva de género en la Ley de Desarrollo Rural, y avanzó que esta norma incluirá un apartado de medidas para regular la situación de “las mujeres en la pesca, cuyo trabajo ha estado especialmente invisibilizado, con la penosidad añadida de que el mar tiene los problemas, de mitos y tabúes, que discriminan a las mujeres”.

El Protocolo firmado incluye la suscripción de un Convenio Anual para desarrollar actividades conjuntas, con plena participación de las mujeres rurales y sus organizaciones, fomentando el desarrollo de políticas generales, con criterios transversales, a fin de conseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del medio rural.

“La permanencia de las mujeres en el medio rural depende de acciones no ligadas a la agricultura”

Eva Blanco, Subdirectora General de Igualdad y Modernización del Ministerio de Agricultura

Eva Blanco Medio
Eva Blanco, subdirectora de Igualdad y Modernización del MAPA

Eva Blanco Medio (Gijón, 1947) es la responsable de la Subdirección General de Igualdad y Modernización, departamento creado en 2005 dentro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), para gestionar la incorporación de acciones concretas a favor de las mujeres e introducir la perspectiva de género en las políticas de este Ministerio. Se muestra reacia a las cámaras y los micrófonos porque le gusta trabajar pero no salir en la foto. Licenciada en Ciencias Económicas y con un máster en la Universidad de Cambridge, ha sido secretaria general técnica de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, consejera adjunta de Agricultura en la Embajada de España en París y jefa de área de Relaciones Multilaterales del MAPA. Gran conocedora de los temas agrícolas y de mujeres rurales, comienza a hablar y desaparecen las barreras, olvida que está ante una periodista y la entrevista se convierte en una amena conversación.

- En 2005, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) creó la Subdirección General de Igualdad y Modernización, que aúna los temas de mujeres, juventud, y modernización ¿Por qué este trinomio?

 En los municipios donde no existen mujeres jóvenes, no hay posibilidad de innovación ni renovación demográfica, no nacen niños y los hombres no se quedan. La línea de ayudas a la incorporación de mujeres jóvenes tiene un incremento del 10% en caso de que sean mujeres, para que puedan acceder a la agricultura y convertirse en emprendedoras en el sector agrario.

- ¿Cómo se está aplicando la transversalidad en las políticas agrícolas?

 Hay una norma del MAPA que recoge las disposiciones positivas a favor de la mujer rural. Entre las actuaciones realizadas, hemos aprobado la primera convocatoria de subvenciones de promoción de la mujer rural, seguros combinados, innovación tecnológica… incluyendo acciones a favor de las mujeres en todas las normas y ayudas del MAPA.

- Acaba de celebrarse en Sudáfrica el IV Congreso Mundial de Mujeres Rurales ¿qué tienen en común las españolas con las de otras zonas rurales del mundo?

 La situación de las españolas es distinta, en general, a las de los países en desarrollo. En Sudáfrica se trataron sobre todo cuestiones que, por suerte para nosotras, están superadas en nuestro país, como puede ser el acceso a los derechos de propiedad de las mujeres, que no está garantizado en todos los países, el acceso al agua que nosotros podemos obtener con abrir el grifo, y que para las mujeres africanas puede suponer hasta tres y cuatro horas de camino diario. Otro problema de las africanas, es el derivado de las guerras, que sufren doblemente porque son víctimas de violaciones al ser utilizadas muchas veces como instrumentos de guerra, y como niñas soldado.

- ¿Cuántas españolas se dedican a la agricultura en España?

 Entre el número de mujeres que viven en el medio rural, es difícil saber las que se dedican al sector agrario; sabemos las titulares, pero no las colaboradoras (familiares de los titulares de la explotación, que trabajan la tierra sin cotizar a la Seguridad Social). Hay 500.000 mujeres titulares de explotaciones agrarias, y la mayoría son pequeñas y poco rentables, de zonas de montaña desfavorecidas. Además, suelen tener más de 65 años, es decir, que hay una gran cantidad de explotaciones de mujeres que sabemos que no van a tener sucesor, y por tanto, el número va a reducirse de forma notable. Sin embargo, las que se queden será porque dirigen una explotación rentable, viable y que le permita vivir de ella.

- ¿El sector ecológico es una opción laboral para las agricultoras?-

Sí; creemos que la agricultura ecológica es una vía de empleo para las mujeres del mundo rural, muchas están dedicadas a eso, en horticultura y pequeña ganadería. Hemos observado que además de las explotaciones de vacuno que hay en el norte, de ganadería de leche, es en la horticultura donde más se instalan.

- En materia de nuevas tecnologías, ¿existen desigualdades en los pueblos, respecto de las ciudades?

 El MAPA, por medio de un convenio con Red.es está desarrollando un programa para llevar internet a todos los municipios de España. Esto en cuanto al acceso; en cuento a la formación en nuevas tecnologías para las mujeres rurales, hay una Orden ministerial que respalda la innovación y contempla ventajas para mujeres.

- ¿Cuál es la situación de las inmigrantes en el medio rural?

 Es verdad que hay una gran parte de la población que está compuesta por mujeres inmigrantes y en muchas zonas, sobre todo, las ligadas a industria hortofrutícola donde hay una elevada mano de obra. La Seguridad Social y las asociaciones de mujeres son quienes procuran más calidad de vida a las inmigrantes, y también trabajan para conseguir su integración, que en muchos casos es difícil de alcanzar.

- La agricultura es un sector masculinizado y pocas mujeres están en los puestos de gestión y dirección ¿Qué está haciendo el MAPA para cambiar esta realidad?

 Las organizaciones agrarias están cambiando la mentalidad. También hemos firmado convenios con la Confederación de Cooperativas Agrarias (CCAE), incluyendo puntos que permitían la incorporación de las mujeres en las cooperativas. Ahora vamos a tener una situación especial, con en el reconocimiento de las mujeres en las cooperativas, ya que, hasta ahora, no estaban en los órganos de gestión, pero sí trabajando.

- ¿Qué cambios introducirá futura Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural para las mujeres?

 La permanencia de la mujeres en el medio rural depende de otras acciones no ligadas a la agricultura, como los servicios: guarderías, escuelas, infraestructuras…y el enfoque territorial de la ley llevará a que haya un desarrollo equilibrado en las zonas rurales, y las que se queden, lo hagan con condiciones de calidad de vida similares a la urbanas.

- La nueva Ley recoge una demanda histórica, la figura del cotitular ¿Cómo va a definirse?

 Estamos todavía empezando con esta tarea, porque tenemos el mandato legal de resolver, junto con el Ministerio de Trabajo, que haya titularidad compartida de las explotaciones agrarias. En realidad ya hay un reconocimiento, y se trata ahora de poder reconocer que los derechos que da la titularidad también los disfruten las mujeres que aportan su trabajo, y que puedan ser reconocidas como titulares y recibir las prestaciones que conlleva. El titular no tiene porqué ser el propietario de la tierra -en este tema suele haber confusión- porque puede tener la explotación arrendada. Estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo, para establecer la definición, pero hay especificidades jurídicas que todavía debemos detallar para definir el cotitular.


Fotos: AmecoPress


Disponible audio en bruto para emisoras de radio y medios interesados a través de FTP, previa petición a AmecoPress


Estado español – Mujeres rurales – 12 junio, 07 (AmecoPress)

Documentos

Eva_Blanco_-_Subdirectora_Igualdad_Ministerio_Agricultura.mp3
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