Mujeres en Igualdad pide una reunión con la Vicepresidencia del Gobierno para trasladar sus propuestas de lucha contra la violencia de género
Las asociaciones de mujeres vinculadas al PP se sienten excluidas del debate abierto por el Gobierno con organizaciones especializadas en violencia de género y responsables de las cadenas de televisión para analizar el tratamiento que dan los medios de comunicación a los temas de violencia machista, con el fin de evitar dramas como el ocurrido en Alicante, donde una mujer murió a manos de su ex pareja después de aparecer junto a su maltratador en un programa de televisión.
Mujeres en Igualdad lidera el grupo de asociaciones de mujeres -entre los que se encuentran Género sin Violencia, las asociaciones de mujeres rurales Femur y Afammer, y las organizaciones de empresarias Omega y Fememp- que critican a la vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, por no haberles convocado a la reunión mantenida el lunes con entidades sociales especialistas en violencia de género.
Mercedes de la Merced, presidenta de Mujeres en Igualdad, denunció que la vicepresidenta anunciara en el último Consejo de Ministros que se reuniría con las “asociaciones que tienen algo que decir en materia de violencia, justo el día en que se muestra un balance de la Ley Integral” y criticó que sólo se reuniera con “una serie de asociaciones elegidas por el PSOE y no otras”, lo que a su juicio “da a entender que desprecian las opiniones que pueden ser críticas” con su gestión.
De la Merced subrayó que las asociaciones excluidas de la ronda de reuniones engloban a mujeres de distintos partidos políticos porque sus socias no tienen porqué pertenecer a las filas del Partido Popular, y anunció que van a exigir a la Vicepresidencia del Gobierno que las reciba y que escuche sus “críticas constructivas”, para paliar la lacra de la violencia machista.
En este sentido, entienden que el presupuesto dedicado al desarrollo de la Ley Integral contra la Violencia de Género desde su entrada en vigor ha sido insuficiente, piden la apertura de más juzgados especializados y la modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eximir a las víctimas de la obligatoriedad de declarar contra su cónyuge en un juicio, normativa que, según denuncian, ha supuesto que muchas mujeres hayan sido sancionadas con multas de 300 euros en la Comunidad de Madrid.
Mercedes de la Merced pidió más seguridad para las víctimas pues en su opinión, muchas no denuncian porque no confían en los sistemas de protección y lamentó que, de los 20.000 teléfonos móviles prometidos por el Ministerio de Trabajo en 2005, sólo se hayan entregado 7.400, que además “no suenan ni en la guardia civil ni la policía municipal”, sino que las llamadas son atendidas por Cruz Roja.
La presidenta de Mujeres en Igualdad hizo hincapié en la necesidad de potenciar la incorporación al empleo de las maltratadas y las representantes de las mujeres rurales denunciaron la falta de estadísticas sobre violencia de género en el medio rural y la escasez de recursos de protección y asistenciales para las víctimas que viven fuera de las ciudades.
Fotos: AmecoPress. Pies de foto. 1) Mercedes de la Merced. 2) Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer (iz) y Mercedes de la Merced.
Política- violencia de género; 29 noviembre (07) AmecoPress