La Junta encarga un proyecto de investigación sobre acoso sexual en el trabajo
Madrid, 09. Jun. 2011. AmecoPress. El acoso laboral puede ser sexual, moral (conocido desde hace unos años como ‘mobbing’) o por razones de sexo pero, en cualquier caso, siempre atenta contra los derechos fundamentales de las personas y las violenta. La Dirección General de Violencia de Género de la Junta ha encargado a profesoras de la Universidad de Granada un proyecto de investigación sobre acoso sexual en el trabajo para facilitar su calificación jurídica y su sanción judicial. Actualmente, el 15 por ciento de las mujeres que trabaja en empresas españolas asegura haber sufrido acoso sexual en el trabajo, pero sólo el 9,9 lo ha denunciado entre otras cosas por la dificultad de la prueba.
A pesar de los avances, el protocolo de actuación en las empresas sigue fracasando y, por eso, una investigación de la Universidad de Granada (UGR) y la Junta de Andalucía estudia las sentencias de los dos últimos años para analizar la efectividad de las medidas contra el acoso sexual.
Según explicó ayer la directora general para la violencia de género de la Junta, Soledad Ruiz, el servicio de defensa legal de la administración autonómica, a través de las centrales sindicales, ha determinado que doce granadinas de un total andaluz de 345 sufrieron acoso laboral en 2010. No obstante, aseguró que este problema "afecta al 14,9 por ciento de las trabajadoras", según datos de índole nacional relativos al año 2000, los únicos disponibles.
Sin embargo, apenas el 10 por ciento lo ha denunciado, debido a las dificultades que entraña probarlo y a la exigencia de la habitualidad, un concepto que, según valoró la responsable, carece de validez ya que, según ella, el acoso sexual es difícil de identificar porque hay pocos testigos pero, no hay que esperar a que una persona sea sometida durante largos meses a presiones que vayan a más, sino que es suficiente con que lo sea una o varias veces de forma considerable para determinar que se está actuando contra sus derechos en el trabajo.
Las investigadoras Ana Rubio y Juana María Gil Ruiz, del departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada (UGR) comprobarán, en primer lugar, si los recientes cambios legislativos y conceptuales han mejorado los problemas de calificación y la correcta sanción de los diferentes tipos de acoso.
Para obtener esta información analizarán las sentencias desde la entrada en vigor de la ley de igualdad efectiva hasta 2011, con el objetivo de comprobar si se aprecian cambios o no. Además, se desvelarán las posibles existencias entre el ámbito contencioso-administrativo y el ámbito laboral.
Las investigadoras de la UGR también comprobarán si los protocolos de actuación frente a estos tipos de acoso existentes en las empresas y en la administración pública cumplen una función preventiva o de resolución del problema en una fase precoz.
Además de ofrecer propuestas específicas, la Junta pretende, a través de esta investigación, concienciar a las empresas en la necesidad de tener en cuenta la igualdad de género en el marco de la responsabilidad social corporativa, de modo que esté, por lo menos, al mismo nivel que las políticas de respeto al medio ambiente.
Del mismo modo, la administración autonómica cree que es fundamental apostar por la formación, que "debería ser especializada", para que agentes o mediadores puedan identificar una situación de acoso sin tener que estar presente.
Fotos archivo AmecoPress
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Autonomías – Empleo y género – Acoso sexual; 9 junio (11);