Las mujeres reivindican igualdad y participación ante las próximas elecciones
Madrid, 1 mar. 11, AmecoPress. Entre el 25 y 26 de febrero se llevaron a cabo las ‘Jornadas elecciones 2011: igualdad y participación de las asociaciones de mujeres’, impulsadas por la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad (Compi). Durante el evento 87 representantes de 22 organizaciones que coordinan 200 organizaciones de mujeres reunidas a su vez con representantes de partidos políticos y otras entidades, hicieron un análisis de diversos ámbitos de participación de las mujeres en el panorama electoral, que concluyó con la presentación de una serie de reivindicaciones ante las elecciones locales y autonómicas de 2011.
Durante el evento se puntualizaron aspectos relacionados con la crisis económica, redistribución e igualdad de género y se generaron propuestas para mejorar las condiciones de las mujeres en ayuntamientos y otras corporaciones locales, así como en las comunidades autónomas.
En lo que respecta a crisis económica, redistribución e igualdad de género, se realizó un exhaustivo análisis de la situación a partir del cual las asociaciones de mujeres participantes en las jornadas alertan contra “el fundamentalismo anti-igualitario que, tras causar la crisis, quiere ser su solución, atacando al Estado de Bienestar que -mediante los servicios públicos sociales, de educación y sanidad y las pensiones- ha favorecido la redistribución social en general y la oferta de nuevas oportunidades de igualdad para las mujeres, aligerando nuestra carga de cuidados en la familia, generando empleo en los servicios públicos y acercando la ciudadanía a la cuidadanía”.
El recorte del gasto público que ha derivado en una disminución a su vez de las políticas de igualdad. Esto no supone una desaparición de la desigualdad entre los 23,8 millones de mujeres y 23,2 millones de hombres en España, puesto que “la tasa de paro de las mujeres (20,79%) sigue siendo superior a la de los hombres (19,95%)”. Además, “subsiste la insostenible asunción por mujeres del 83% al cuidado de la infancia y de los 2,8 millones de personas en situación de dependencia; el salario de las mujeres es un 25,6% menos que el de los hombres; las pensionistas cobran un 39% menos que los pensionistas y las asesinadas por violencia de género en 2010 aumentaron un 25% respecto a 2009 y alcanzan las 14 hasta el 23 de febrero de 2011”.
Las organizaciones proponen que “sostener las políticas de igualdad desde todos los poderes públicos es, por tanto, una necesidad y una demanda social, un imperativo del artículo 9.2 de la Constitución que concierne también a los poderes autonómicos y locales y una aportación, no una rémora, para la salida de la crisis”.
Igualdad social y sexual
En cuanto a las condiciones de igualdad en ayuntamientos y comunidades autónomas, las asociaciones de mujeres quieren pasar “de tuteladas a interlocutoras de los poderes públicos, reivindicando, ante las elecciones del 22 de mayo de 2011, una salida de la crisis con más igualdad social y sexual”.
Esta conclusión se basa en que, según estudios oficiales realizados sobre los resultados electorales de 2007 en las Comunidades Autónomas, en materia de igualdad, no fueron tomados en cuenta los municipios rurales además excluidos de la obligación de paridad. “El Ministerio del Interior sólo publicó el desglose por sexos de resultados electorales 2007 en los municipios de más de 5.000 habitantes” aseguran las organizaciones.
‘El impacto de las políticas de igualdad en el ámbito local’ realizado entre 2007 y 2009 por la Universidad de Santiago para el Instituto de la Mujer estatal y que se circunscribe a 198 los municipios de 25.000 a 100.000 habitantes, concluye que “el 54% de los ayuntamientos medianos y grandes tiene plan de igualdad en vigor, el 70% asigna partida presupuestaria específica para su política de igualdad y el 60% cuenta con Consejo de Participación de la Mujer.
La reducción de los fondos europeos ha afectado a la financiación y a la propia subsistencia de las Concejalías de la Mujer, que según la Federación española de municipios y provincias, FEMP, en 2007 gestionaban el 0,24% del gasto municipal. El estudio realizado por el Instituto Andaluz de la Mujer en todos sus municipios baja al 17 el porcentaje de los que tienen Consejo de participación de las mujeres, y 5 de sus 8 provincias tienen Consejo provincial.
Propuestas
Entre las medidas para la mejora de políticas en ayuntamientos y corporaciones locales, las asociaciones de mujeres exigen un “equilibrio de mujeres y hombres en las candidaturas, incluyendo las de municipios menores de 3.000 habitantes, con listas cremallera, encabezadas al 50% por mujeres”. También, que el compromiso y experiencia en la defensa de la igualdad sea tomado como criterio de selección de candidatas y candidatos.
Las mujeres defienden el acceso efectivo y no manipulado de las y los inmigrantes al derecho al voto en las elecciones locales y apuestan por un Consejo de Participación de las Mujeres representativo, plural, autónomo y reivindicativo.
Otra de las propuestas es aplicar la Carta Europea para la Igualdad de mujeres y hombres en la vida local de 2006 pública, con Concejalías de Igualdad de la Mujer, Agentes de Igualdad y Consejo de las Mujeres, aprobando por Pleno, previa consulta ciudadana y a las ONG de mujeres, de su Plan Local de Igualdad, con calendario y recursos políticos, humanos y materiales apropiados, difusión y evaluación regular y pública de su aplicación.
Las asociaciones reunidas el sábado piensan que es necesario contar con un “informe participativo del impacto de género de los Presupuestos” y evaluar y mejorar el impacto de género de los concursos y contratos públicos, y sus oportunidades para la promoción de la igualdad.
Otras medidas que sumarían a la igualdad es la “contribución activa de todos los servicios al reparto igualitario del cuidado de menores y personas dependientes”, así como la “aplicación de una política de cultura, deporte y tiempo libre correctora de estereotipos sexuales”.
En cuanto a la violencia de género y al tráfico de seres humanos, exigen aumentar la prevención y la atención. Esto debe traducirse, entre otras cosas en “continuidad y transparencia” en el reparto autonómico y local del Fondo para la Asistencia Social Integral (jurídica, psicológica, social, económica, laboral y de vivienda) a las víctimas de violencia de género previsto en la Ley, en “atención a las causas de su doble incidencia en inmigrantes, por su precariedad laboral, jurídica y social” y en “prevención efectiva de la Violencia de Género en los Consejos escolares”.
Las asociaciones de mujeres reclaman la ampliación y mejora de servicios educativos que favorezcan la compatibilidad de horarios y calendario escolar con el laboral de las madres y padres, además de servicios profesionales de atención a la Dependencia.
En el ámbito laboral, creen necesario el estímulo a la formación, la contratación y la iniciativa económica de las mujeres y el seguimiento de un plan de igualdad interno, respecto al acceso al empleo, salario y condiciones laborales, la conciliación de la vida profesional, social y privada y la erradicación del acoso sexual.
También apuestan por una “gestión urbanística con perspectiva de género”, para lo cual es imprescindible la participación de las asociaciones de mujeres y el acceso de las mujeres -especialmente las de familias monoparentales- a la vivienda. En ese sentido proponen “incrementar del 11,3% actual al 30% la vivienda en alquiler y eliminar la práctica del sorteo de viviendas públicas, sustituyéndolo por la cesión temporal y el baremo social” y la participación de la FEMP en la Conferencia Sectorial de la Mujer, junto al Estado y las Comunidades Autónomas.
Comunidades Autónomas
El cumplimiento de las leyes y la garantía de los derechos de las mujeres dependen en gran medida de la aplicación de la normativa a través de recursos que en muchos casos están en manos de las comunidades autónomas.
Así, la plataforma de asociaciones realizó un minucioso estudio por las distintas situaciones que conviven en el territorio español y elaboró propuestas precisas en la dirección de conquistar la igualdad, incentivar la participación de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida pública, garantizar el derecho al aborto y a la libre elección, mejorar la prevención y atención a las víctimas de violencia de género y la coordinación en la respuesta institucional, y promover el cumplimiento de derechos en materia de salud, educación, trabajo, dependencia y calidad de vida.
Fotos archivo AmecoPress
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Política – Política y género – Feminismo – Movimiento feminista – políticas de igualdad; 01 marzo (11); AmecoPress