Educación para la Ciudadanía se incorporará como asignatura obligatoria en el próximo curso académico
Es ilegal acogerse a la objeción de conciencia para no asistir a las clases, como planteó la Comunidad de Madrid
La asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos se incorporará al sistema educativo español en el próximo curso académico y se impartirá en Primaria, Secundaria y Bachillerato. El subdirector de Ordenación Académica del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), Juan López, subrayó el carácter obligatorio de la nueva materia, necesaria para obtener el título, tanto como las matemáticas o las ciencias naturales.
En declaraciones a AmecoPress, Juan López respondió así a las afirmaciones del director general de Centros Docentes de la Comunidad de Madrid, Javier Restán, quién animó a las familias a acogerse a la objeción de conciencia para sustituir esta asignatura por actividades de voluntariado, al considerar el Estado trata de imponer normas morales a la infancia y la juventud. Juan López explicó que Educación para la Ciudadanía está concebida bajo el principio de que la democracia es el sistema que mejor garantiza los derechos humanos, la dignidad de las personas y la igualdad.
“Si la Federación de religiosos españoles entiende que ahí no hay nada que perturbe a lo que deben hacer las familias, y si el Consejo de Estado dijo que lo que se impartía era propio de la escuela porque son contenidos objetivos, tenemos la certeza de que lo que se está haciendo es propio de la enseñanza escolar. A enseñar como funciona la democracia en la escuela, sólo se pueden oponer a los que no les gusta la democracia”, señaló.
Desde el punto de vista de la igualdad entre mujeres y hombres, Juan López, subdirector de Ordenación Académica del Ministerio de Educación y Ciencia, resaltó que la nueva asignatura contendrá estudios sobre libertad y dignidad de las personas, igualdad de hecho y de derecho, y contemplará alternativas a la discriminación y prevención de la violencia machista, mediante estrategias de resolución de conflictos, tanto en las relaciones sociales como en las personales.
Aunque los contenidos son similares, en primaria se impartirán desde un enfoque filosófico y conceptual, en secundaria con una perspectiva más descriptiva, y en bachillerato desde un punto de vista conductual. A través de esta asignatura, el alumnado de bachillerato aprenderá temas relacionados con “la conquista política de las mujeres a lo largo de la historia, la igualdad social y laboral, la influencia de los medios de comunicación en las desigualdades que sufren las mujeres y en la violencia de género”.
Juan López explicó que la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE) cambia la forma de incorporarse al profesorado de secundaria y exigirá cursar un máster en educación, de 1600 horas, cuyo diseño está incluido en la en la modificación del Curso de Adaptación Pedagógica (CAP), que –junto a una licenciatura- se pedía hasta ahora para dar poder dar clase en los institutos.
El profesorado encargado de enseñar las materias relacionadas con la ética cívica, como la filosofía, dará las clases de la nueva asignatura. Para preparar al colectivo docente, el Ministerio de Educación y Ciencia ha organizado, en colaboración con las Comunidades Autónomas y los sindicatos de enseñanza, cursos de formación específicos para que el personal educativo de esté listo para dar las clases en el próximo curso.
Respecto el contenido de los libros de texto, Juan López señaló que, además de editar los específicos de Educación para la Ciudadanía, “siguiendo las recomendaciones de la Ley Integral contra la Violencia de Género, se hacen revisiones de todos los libros, porque algunos son muy machistas”, y puso como ejemplo los enunciados de algunos problemas matemáticos que muestran a las mujeres relegadas a las tareas domésticas y reproductivas, y a los hombres como responsables de las productivas.
En relación a la polémica suscitada por la propuesta de algunos gobiernos regionales -como la Comunidad de Madrid- de establecer el uso de uniformes en los colegios concertados, López manifestó que “es difícil combatir estas medidas” porque las competencias en materia de educación están transferidas a las Comunidades Autónomas, y subrayó que “la enseñanza concertada, al igual que la pública, está obligada a respetar el principio de gratuidad”, y en este sentido, no se permite exigir gastos extraordinarios que no puedan ser asumidos por las familias.
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Sociedad – Coeducación – 8 junio, 07 (AmecoPress)