El Tribunal Supremo venezolano se pronuncia en contra del recurso de amparo de la población indígena yukpa
Caracas, julio (SEMlac).- En horas de la noche del pasado sábado 30 de julio, el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció en contra del recurso de amparo interpuesto por comunidades indígenas yukpas, declarando "inadmisible" la acción que buscaba el procesamiento de sus familiares bajo la jurisdicción indígena.
Las familias indígenas que se encontraban pernotando por más de una semana en las afueras del TSJ levantaron sus carpas improvisadas para retornar a sus territorios. Les esperaba un camino de más de 18 horas en bus y cuatro a pie, hasta llegar al pie del monte de la Sierra de Perijá.
Lucia Romero, compañera del líder sabino Romero, declaró sentirse "triste, muy triste, nos vamos de Caracas y nuestros familiares siguen presos".
Por su parte, Zenaida Romero, conocida por las denuncias que ha realizado por los abusos de militares, expresó que "para la magistrada (Luisa Estela Morales, presidenta del TSJ) nuestra justicia (indígena) no vale. Pero seguiremos en la lucha. Nos vamos a nuestras comunidades para seguir cultivando, nos recuperaremos y seguiremos".
Las mujeres indígenas del pueblo yukpa, acompañadas de sus familiares, estuvieron aportadas desde el pasado 21 de julio pernoctando en las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el fin de exigir un pronunciamiento ante un recurso de amparo constitucional introducido hace más de cuatro meses, para lograr la liberación de sus familiares detenidos.
Instaladas en carpas improvisadas para protegerse de la lluvia de Caracas, ellas solicitan que sus familiares, detenidos desde el pasado mes de octubre, sean juzgados por la justicia especial indígena contemplada en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades indígenas y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
"De aquí no nos iremos sin antes saber qué va a pasar con nuestros hermanos. Queremos también hablar con el presidente Chávez, yo creo que a él no le están diciendo la verdad, no le están diciendo que nosotros somos luchadores, que los ganaderos siguen metiéndose en las tierras, que los niñitos siguen muriendo de la gripe y de parásitos, que nadie nos mandó a venir para Caracas", afirmó Daisy Romero, habitante de la comunidad Guamo Pamocha.
Desde el inicio de la acción, la puerta principal del máximo tribunal se encuentra cerrada. La tensión está presente en el ambiente debido a que miembros de seguridad han rodeado las inmediaciones del lugar, lo que genera nerviosismo entre los más de 50 niños y niñas presentes.
Mientras amamantaba a su hija, Yoleida Romero, de 22 años de edad, sentenció: "Lo que queremos es justicia. Ya no sabemos qué más hacer, sino estar aquí, porque los watias (blancos) tienen que entender que el indígena es diferente, y no puede ser juzgado por las leyes que no conocen la cultura de nosotros".
La justicia que demandan estas mujeres está relacionada no sólo con la liberación de sus familiares detenidos, sino también por el derecho a la tierra sin minas ni ganaderos, acceso a los sistemas de salud, derecho a la educación, incentivo a las formas de producción agrícola yukpas, y acciones de reparación ante las denuncias que a lo largo del conflicto por la tierra han tenido eco sordo en las instancias de administración de justicia.
El paso de los días ha dado lugar a que diferentes miembros de colectivos sociales se apersonen al lugar para expresar respaldo y colaborar con alimentos y medicinas. Al respecto, Miriam Fonseca, médico internista, observó que "me sorprende la determinación de estas mujeres (indígenas), quienes a pesar de haber venido con poca comida, están decididas a quedarse".
"Me siento en el deber de apoyar en lo que creo es una necesidad del momento. Traje unas medicinas, porque la gran mayoría de ellas muestra signos claros de desnutrición, gripe y diarrea", expresó Fonseca.
La justicia blanca
Mientras se desarrolla la acción de las comunidades indígenas, el Tribunal Supremo (TSJ) apeló a una medida que retrasa aún más la solicitud de pronunciamiento de la admisión del amparo.
La medida antes citada contraviene lo estipulado en el artículo 260 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues no solo ordena el traslado de los indígenas hacia otro estado del país, sino que a su vez intenta acelerar el hecho de que estos líderes indígenas sean sentenciados por vía de un juicio ordinario, es decir, sin ningún tipo de consideración de su realidad étnica.
Al respecto, Fresia Ipinza, abogada y representante de la Organización Anticorrupción Interpelación Popular Organizada, opinó que "esta es una acción que refleja las contradicciones del sistema de justicia y su negativa de actuar según lo que afirma la Constitución nacional."
"Al ser un país multicultural, al tener los indígenas unas leyes que les otorgan el derecho a su propio sistema de justicia, esta decisión puede ser considerada como la herencia viva de ese Estado colonial que se resiste a cambiar", añadió.
A la tercera va la vencida
La insistencia de las mujeres de hacerse escuchar las ha llevado a que en varias oportunidades intentaran hacerle llegar una carta con su puño y letra a la presidenta del TSJ, Luisa Estela Morales. La tercera vez, esta fue tomada por un guardia quien minutos después entregó copia con sello de recibido a las indígenas.
En la misiva suscrita por miembros de las comunidades yukpas Chaktapa y Guamo Pamocha, se le solicita a Morales liberar a los líderes Olegario Romero, Sabino Romero y Alexander Fernández. Así mismo, se especifica que estos son "líderes de nuestro pueblo con más de 30 años en resistencia por nuestros territorios frente a la minería extractiva del carbón".
Pese a que existe un Ministerio para los pueblos indígenas, así como una comisión permanente en la Asamblea Nacional, hasta el momento de escribir esta información, ningún representante de estas instancias se había apersonado a atender a los indígenas.
Héctor Gutiérrez, sociólogo indigenista, aseveró que "hay que presionar a la dirigencia indígena para que saque de la invisibilidad o censura mediática esta protesta, y que contribuya a cambiar la injusta y distorsionada percepción que se tiene de ésta".
Las acciones emprendidas por este grupo de indígenas han contado con detractores que laboran en el aparato gubernamental, indicó Sabino Romero hijo, quien sostuvo conversación con diputados indígenas.
"Pensé que íbamos a hablar sobre el problema de fondo. Me tuvieron por más de dos horas interrogándome sobre quién nos había traído, quién nos pagó el pasaje. Me dijeron que estamos siendo manipulados. Y yo me pregunto por quién. Lo único que hemos hecho ha sido luchar", dijo.
"Estamos pasando hambre en Caracas, y lo que creen estos (diputados) es que alguien nos trajo. ¿Acaso creen que no pensamos o que no tenemos razones suficientes para protestar?", reflexionó Sabino, evidentemente frustrado ante la reacción de estos indígenas que laboran en las instituciones gubernamentales.
Se espera que esta acción se prolongue por varios días más, hasta tanto haya una respuesta por parte del TSJ.
Alguna información sobre los yukpas
Los Yukpa, pertenecen a familia lingüística Caribe y viven en la Serranía de la Sierra de Perijá, cadena montañosa que se extiende a lo largo de la frontera de Colombia y Venezuela. Los suelos de sus tierras fueron reducidos por la práctica de la minería industrial, lo que ocasionó durante el siglo XX fenómenos de desnutrición aguda masiva, que provocaron múltiples casos de enanismo, que ya no se presentan, actualmente, al estar recibiendo las comunidades ayuda alimenticia estatal. Sin embargo, el territorio Yukpa sigue amenazado por la explotación de carbón y por la colonización para la siembra de coca y otros cultivos ilegales.
Del artículo 260 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela "Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional".
Foto: SEMlac
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Internacional – Sociedad – Derechos Humanos – Género y desarrollo – Pobreza y género – Globalización. 05 ago. 10. AmecoPress/SEMlac