Guatemala: Las emergentes luchas feministas se pierden en la cultura ancestral del machismo

26 de julio de 2010.

Por José Fredy López

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Guatemala, 26 jul. 10 AmecoPress/Cerigua.- La equidad es apenas un lirio que emerge de las luchas femeninas en medio de la cultura del machismo que se registra en Izabal, el cual obstruye el crecimiento y el desarrollo integral de Guatemala, ya que no considera a las mujeres como sujetas de derechos.

La desigualdad social afecta de distinta forma a las mujeres, sobre todo cuando se duplican las limitantes para acceder a los servicios básicos, más aún cuando son indígenas, no tienen escolaridad o no hablan español, afirmó Farida Vera, Delegada Departamental de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) de Izabal.

La desigualdad impacta profundamente en las economías familiares y particularmente a la población femenina, así como en su salud y en su desarrollo integral, situación que se agrava debido a patrones culturales como el patriarcado y los prejuicios, expuso la delegada de la DEMI durante un taller sobre discriminación económica.

Marta Alicia Monterroso, fundadora y representanta de la Asociación Nuevo Amanecer Rayo de Esperanza para Familias Unidas (NAREFU), ubicada en Los Amates, aseguró que el papel del Estado ha sido débil y que las leyes, los programas y las políticas, aún no se han puesto en marcha para alentar el desarrollo de las mujeres rurales y de las áreas urbanas.

El tema de la institucionalidad de la mujer no es sólo la creación y la asignación de personal para su funcionamiento; se requiere de su constante fortalecimiento y del otorgamiento de recursos para atender las demandas femeninas, sobre todo en los aspectos de desarrollo humano, acceso a los servicios básicos y a la justicia, añadió Monterroso.

Inequitativo acceso a las garantías básicas en Izabal De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Izabal el analfabetismo afecta en mayor grado a las mujeres, ya que un 25.4 por ciento de ellas no han tenido acceso a la instrucción formal, mientras que en la población masculina el nivel disminuye a un 23.08 por ciento.

Reportes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) señalan que pese a los esfuerzos institucionales, las jornadas médicas, la implementación de clínicas móviles, la apertura de Centros de Convergencia y puestos de salud, entre otras acciones, la tasa de mortalidad materna permanece en un 7.33 por ciento; en lo que va del 2010 se han reportado cinco muertes asociadas al parto.

La desnutrición, la pobreza y la pobreza extrema, afectan severamente a las izabalences, pues las escasas asignaciones presupuestarias para esa parte de la población no contemplan dichas temáticas; la poca incidencia en la toma de decisiones en los ámbitos: comunitario, municipal y departamental, impide su avance, añadió Monterroso, dirigenta de NAREFU.

La exclusión de las mujeres en la distribución de herencias y otras formas de adquisición de bienes materiales e inmuebles, constituye violencia patrimonial, ejercida muchas veces por los padres y los cónyuges, destacó Dania Roldán, Defensora de la Mujer de la Auxiliatura de Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

La institucionalidad ayuda a combatir la desigualdad

El avance institucional ha sido significativo en Izabal; es un producto de los procesos y las luchas promovidas por las organizaciones de mujeres, que han asumido la tarea de desarrollar estrategias para potenciar y visibilizar los aportes de esa parte de la población, pero también los problemas que les aquejan, como la violencia intrafamiliar, el femicidio, la exclusión y la explotación laboral.

Eugenia Juárez, lideresa Q’eqchi’, afirmó que sin la organización y el empoderamiento de las mujeres, así como la solidaridad de sus parejas y de la sociedad, no es posible superar la violencia de género, la desigualdad y el subdesarrollo.

Alva Batres, Delegada Departamental de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), indicó que la aprobación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de la Mujer es un logro que permite a las guatemaltecas incidir en la toma de decisiones en los distintos niveles de poder.

Ese instrumento también obliga a los funcionarios y a las instituciones gubernamentales a crear y propiciar los espacios para la inclusión del tema de género; además alienta la asignación de presupuesto para la inversión específica de proyectos que beneficien a la población femenina, enfatizó Batres.

La SEPREM coordina con las Oficinas Municipales de la Mujer, con instituciones de gobierno y con organizaciones sociales, visitas comunitarias, talleres, diplomados, asesorías y acompañamiento, actividades que permiten fortalecer los conocimientos y la unidad de las mujeres, señaló la entrevistada.

Avances organizativos e institucionales La Oficina Municipal de la Mujer (OMM) de Los Amates, lugar conocido como “Relicario de la Cultura Maya”, atiende aproximadamente a 200 mujeres que participan en 87 Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE); 11 alcaldesas son representantas de micro-regiones o Consejos Comunitarios de segundo nivel, aseguró Mirza Sagastume, titular de la citada institución.

Dieciocho grupos de mujeres conforman NAREFU, entidad que cuenta con 20 años de experiencia en el impulso de la organización femenina en aldeas, barrios y comunidades.

En Morales, “Tierra de la Amistad”, unos 120 grupos de mujeres han sido conformados con el acompañamiento y apoyo de la OMM de la localidad, de las cuales 42 se encuentran inscritas en el Registro de Personas Jurídicas, en tanto las demás están en gestión.

Puerto Barrios, “La Tierra de Dios”, es el municipio con mayor número y presencia de organizaciones femeninas; mantienen una constante participación en los procesos de toma de decisión e inciden en la formación de nuevos grupos de mujeres, indicó Leticia Tenas, de la Red de Mujeres de Izabal.

La participación institucionalizada es relevante en la medida que permite la incidencia directa con entidades del Estado y en procesos políticos como Gobernando con la Gente, en donde el movimiento feminista ha logrado que la actual administración adquiera compromisos relevantes, agregó Tenas.

En El Estor, “La Tierra del Manatí”, funciona la Oficina Municipal de la Mujer, que tiene un listado de organizaciones que activan en el Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE). En la “Tierra Morena de la Buga”, Livingston, convergen tres poblaciones: la mestiza, la garifuna y la q’eqchi, por lo que es un reto acoplar las políticas locales a las necesidades de las mujeres, aseguró Elena Supall, titular de la OMM. Los tres grupos poblacionales presentan problemas en común como el bajo nivel de participación ciudadana y política; poseen una visión diferente de la organización social, la vida y los derechos, lo que propicia determinados contextos para el desarrollo.

El trabajo de la Oficina Municipal de la Mujer de Livingston ha sido fundamental en la búsqueda de la unificación de esfuerzos, que respeten las diferencia de cada grupo poblacional; por primera vez, en marzo de 2010, se logró la concentración de unas 600 mujeres quienes demandaron al Estado mejorar la calidad de los servicios de salud, el acceso a otros servicios básicos y eliminar la violencia machista, concluyó Supall.

Foto: Archivo AmecoPress.

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