Los equipos de profesionales consideran que la Ley del Aborto puede dejarles desprotegidos
Los reglamentos recién aprobados dejan en sus manos la toma de decisiones sobre cuestiones insuficientemente definidas por el texto
Madrid, 30 jun (10). AmecoPress. ACAI advierte ante la inminente entrada en vigor de la Ley de Interrupción del Embarazo de la dificultad de cumplir con los requerimientos de los Decretos Ley publicados el pasado sábado. A su entender, estos decretos desarrollan el contenido de la ley desandando pasos frente a lo que parecía una apuesta valiente en el avance por los derechos reproductivos de las mujeres.
Desde ACAI consideran que la reglamentación, aprobada a última hora, atenta contra la garantía de asistencia, y de que esta sea gratuita, independientemente de la zona geográfica donde resida la mujer.
Esta ley se creó con el propósito de garantizar la asistencia en los mismos términos en todas las CCAA, pero los decretos aprobados dejan gran parte de su desarrollo en manos de éstas. Cabe esperar por tanto que se produzcan graves diferencias y deficiencias, tal y como se deduce de la actitud manifestada por regiones como Navarra, contraria a la ley.
Por otra parte, y según ha explicado Francisca García, vicepresidenta de ACAI, no hay apenas nada regulado sobre su gratuidad. Desde ACAI plantearon la posibilidad de extender el modelo andaluz vigente, pero fue rechazado. En esta región, el médico de cabecera deriva a las clínicas concertadas a las pacientes, haciéndose después cargo de los gastos el propio servicio público de salud.
Se retrae asimismo en el derecho de las menores, que previsiblemente tendrían que entregar un documento que acreditase el conocimiento de sus tutores sobre su decisión. El texto definitivo establece que dicho conocimiento deberá ser entregado en persona por las o los firmantes, con lo que se llega a una situación muy similar a la de la ley anterior.
En opinión de Santiago Barambio, presidente de ACAI, esta circunstancia hará que muchas menores se acojan a la manifestación, contemplada por la ley, de que existen razones justificadas para no decírselo a sus tutores. En la práctica, será su médico quien deba decidir si existen o no razones justificadas, y por lo tanto asuma la responsabilidad jurídica de tal decisión. En otras palabras: la responsabilidad pasa de la menor, como parecía que iba a establecer la ley, al equipo médico.
Además, a pesar de que la Ley, que entra en vigor el próximo lunes, exige la entrega de un sobre con información sobre los recursos con los que cuenta una mujer embarazada y sobre el proceso del aborto y el respeto de tres días de reflexión antes de poder realizar el tratamiento, muchas Comunidades Autónomas previsiblemente no estén en disposición de facilitar esa información para la fecha indicada.
Por el momento, según informa ACAI, sólo la Comunidad Valenciana, Asturias, Castilla la Mancha y Andalucía han comunicado ya que cuentan con dichos sobres. Otras, como Galicia, se han puesto esta misma semana en contacto con las clínicas acreditadas requiriéndoles la información, cuando según el reglamento aprobado son las propias administraciones regionales las encargadas de desarrollarlos.
Carencias como estas ponen en alerta a los equipos de profesionales que se encargan de producir los abortos, al considerar que les coloca en una situación de “indefensión jurídica” manifiesta en el ejercicio de su trabajo.
Asimismo, desde ACAI vuelven a recordar que el texto definitivo no ha especificado cómo se cuentan las 14 semanas de gestación en las que por ley la mujer puede decidir libremente interrumpir su embarazo. La existencia de diferentes criterios médicos en la estimación podría una vez más suponer una amenaza jurídica ante una decisión médica.
Otras cuestiones clave, como la forma de garantizar la intimidad de la paciente, siguen resultando incómodas a los profesionales. Según ha explicado Barambio, la mujer tiene que acudir a la Seguridad Social con su nombre y apellidos, pedir cita, pasar a una lista de espera y finalmente ser derivada. Sin embargo, el o la profesional que se encargue de su asistencia, también según la ley, no puede conocer su identidad. Esto va en contra de cualquier asistencia sanitaria, por cuestiones tan básicas como la necesidad de conocer su historial clínico para garantizar la salud de la persona.
Fotos: archivo AmecoPress
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Pie de foto: De izq a dcha, José Antonio Bosch, asesor jurídico de ACAI, Santiago Barambio, presidente de ACAI y Francisca García, vicepresidenta de ACAI
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