La cara oculta del protocolo de valoración en las denuncias por malos tratos

27 de junio de 2019.

Por Roberto Pérez Abella

Madrid | Estado Español | Legislación y género | Violencia de género | Maltratos | Feminicidio





Madrid, 26 junio. 19. AmecoPress. - Silvia apenas alcanza los treinta años y nunca había tenido tantas dudas sobre su pareja como ahora. Pocas veces discutían cuando la relación comenzó allá en el colegio y siempre se imponían a las adversidades de la adolescencia con cierta holgura. Pero después de una década juntos, a Silvia le costaba caro ser sincera con él. Empezaron los insultos y le siguieron las prohibiciones. Derivaron en agresiones puntuales con las que Silvia convivía y por las que nunca se quejaba, porque nadie las oía. Pasó la pubertad y en su familia apenas la veían, sus amigos le perdían la pista mientras ella se perdía a sí misma. Pero esta noche las dudas de Silvia se tornaron en un reflejo transparente que le mostraba una vida, lejos del maltrato de su pareja. Así que medio convencida, aprovecha su nictofilia y cruza a comisaría para denunciar y poner fin a la vida que conoce.

Reducir a unos complejos formularios de valoración una situación de violencia no es sencillo. Tampoco lo es hincharse de valor y denunciar al que creías tu pilar sentimental. Muchas mujeres comienzan este proceso con incógnitas y no saben los pasos que hay que dar para que prospere la denuncia y lo cierto es que la policía especializada en estos casos, abunda por su ausencia. Una vez que la víctima recibe la asistencia, el proceso que se inicia varía según se clasifique al agresor en función de los parámetros establecidos, por lo que muchas mujeres no reciben el seguimiento adecuado para ser protegidas. Aun así, expertas en psicología y trabajo social apoyan a las maltratadas desde las distintas organizaciones que luchan por su igualdad y sus derechos, erigiéndose en la mayoría de casos como el único apoyo eficaz para estas mujeres. Las estadísticas de algunos estudios sobre violencia de género arrojan luz sobre las distintas situaciones que tienen que superar una y otra vez aquellas mujeres que acaban siendo silenciadas muchas veces por la falta de personas expertas en los momentos más determinantes después del conflicto.

El protocolo de valoración policial del riesgo de violencia: sistema VioGén

Lo que pasa tras denunciar en comisaría ofrece distintos escenarios que la maltratada debe recorrer hasta que se soluciona la situación de violencia de género de la que estaba siendo objeto. Irina Núñez es una trabajadora social de la ‘Comisión para la Investigación de Malos Tratos a mujeres’ (CIMTM) que lleva varios años enmarcada en la atención a las mujeres que acuden en busca de ayuda profesional para salir del contexto en el que viven, por lo que conoce de primera mano este tipo de casos.

Cuando una mujer se presenta en comisaria tiene derecho a recibir asistencia jurídica gratuita, para que la ayuden a formular los términos en los que tiene presentar la denuncia. Irina expone que “muchas mujeres cuando se presentan en comisaría y manifiestan que quieren denunciar a los agresores, en ocasiones los agentes las disuaden” porque manifiestan una tipología de violencia como el control social o “no tienen pruebas fehacientes para que esa denuncia prospere” aclara la experta. Desde la CIMTM recomiendan a las mujeres que se mantengan en comisaría y que esperen a que el abogado o abogada de oficio llegue y sea quien valore la situación. Irina explica que “muchas veces no esperan a recibir esa asistencia jurídica gratuita que por ley les corresponde”.

Tras ser informada de los derechos e interponer la denuncia, en un plazo máximo de 72 horas se tiene que celebrar el juicio rápido. Aunque, “hasta que se celebra el juicio, por motivos de seguridad y protección para la víctima, al supuesto agresor se le lleva detenido” aclara Irina. Una vez se toma declaración, el o la juez puede establecer o no unas medidas de protección de carácter cautelar, eso es que la mujer tenga derecho a la orden de protección hasta que se celebre el juicio penal. La orden de protección engloba establecer las medidas civiles que correspondan en cuanto términos de separación y las medidas penales, donde se ubica la orden de alejamiento.

Si la afectada tiene el título habilitante de víctima de violencia de género, su caso será asumido por los recursos propios de la red de violencia de género públicos, que son los que se coordinan de manera más estrecha con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En Madrid, está el ‘Servicio de Atención A la Violencia de Género’ (SAAV) que atiende casos de emergencia y también los casos ambulatorios que vayan derivados de cualquier servicio público, “como pueden ser espacios de igualdad del ayuntamiento de Madrid, centros de servicios sociales, centros de atención primaria, centros de salud, etc…” aclara Irina. Una vez aquí, pasan a los puntos municipales de violencia de género para recibir la atención integral, el apoyo psicológico, la atención social y un asesoramiento legal especializado y gratuito “para aclarar muchas de las dudas que tienen ya que los abogados de oficio en ocasiones no les dan todo el tiempo que ellas necesitan” confirma la experta.

El proceso Viogén comienza con la primera evaluación de la policía que instruye las diligencias mediante el formulario VPR. Tras esta valoración se le asigna uno de los niveles de riesgo: no apreciado, bajo, medio, alto o extremo, que podrán ser modificados al alza para mejorar su protección ante indicios que así lo indiquen. La unidad se encargará de mantener actualizada la información para adecuar el nivel de protección en función del nivel de riesgo obtenido en la valoración policial. El resultado de la valoración de riesgo lo comunicará a la Autoridad Judicial y Fiscal de forma automatizada para que quede incluida en el Atestado policial. Si la víctima tiene menores a su cargo se abrirán diligencias adicionales además de una evaluación adicional.

Una vez están los datos se proporciona un plan personalizado de seguridad con medidas de protección que se obtienen directamente del sistema Viogén. Todos los casos con o sin denuncia se integran en el sistema, además de actualizarse cada vez que hay nuevos datos tanto de la víctima como del agresor. Hay dos maneras de inactivar el proceso, cuando es imposible la protección de la mujer, ya sea por defunción del agresor o encarcelamiento, por ejemplo, o mediante la renuncia voluntaria de la afectada de forma reiterada a su protección, siempre que no haya medidas judiciales de por medio.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017 decidió actualizar el sistema Viogén y el Protocolo de Valoración de Riesgo dadas las múltiples reclamaciones impuestas desde el Sindicato Nacional de Policías. Estos pedían una modificación del sistema de evaluación para que no dependiera sólo de un cuestionario a la víctima y de un software informático. La ley orgánica que impulsó el gobierno de Zapatero establecía que la evaluación debía completarse con un informe de la Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI), pero no llegó a aplicarse este segundo proceso en casi ninguno de los cuarteles y comisarías. Esto se debe a la falta de especialización de la policía que acosada por la falta de tiempo y abrumada por la cantidad de casos, no dedican el tiempo que requiere una entrevista de tanta sensibilidad. Como no están operativas las Unidades especializadas de Familia y Mujer (UFAM) por las noches y durante los fines de semana las denuncias de violencia de género acaban por recibir la misma condición que un simple robo o una estafa.

Las UVFI se encuentran enmarcadas dentro de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) y tan solo están compuestas por el médico o la médica forense, que las coordina, y por uno o varios equipos de profesionales de la psicología y el trabajo social. Esta composición puede diferir de unas Comunidades Autónomas a otras, en función del número de Institutos o de provincias. El problema está en que el escaso número de personal en los IML no puede abarcar la inmensidad de casos que reciben. La mayoría de provincias sólo tienen a un profesional en psicología y en trabajo social, lo que se traduce en una ardua tarea para quienes integran estas unidades. Sorprende que en Ibiza y Guadalajara haya cinco y seis, respectivamente y en Badajoz y Cartagena, tres. Más complicado de creer es que no haya representación en ciudades como Barcelona y Madrid o en cualquiera de las diez comunidades que no están integradas, como por ejemplo Galicia y Asturias.

La intervención de las organizaciones por la igualdad: vital para las afectadas

Desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a mujeres, confiesan que “el psiquismo de la mujer queda bastante afectado después de ser agredida”. Irina opina que lo que sucede es que “su capacidad de concentración, de toma de decisiones o de reacción queda bastante mermada” y destaca la importancia de que la agredida se apoye en equipos multidisciplinares como el de la comisión para la que trabaja. Generalmente el perfil de mujeres que atienden son aquellas que no tienen el título habilitante, es decir la condición que otorga el juez cuando eres víctima de violencia de género. Para Irina, el principal problema reside en que “muchas mujeres llegan a juicio y no pueden probar los hechos como el maltrato psicológico, porque no tienen la capacidad de reacción en el momento que tiene lugar la agresión de coger el móvil y grabarlo” aclara la trabajadora social. Por ello muchas de estas mujeres son arrastradas a un limbo “porque los recursos públicos de atención a víctimas de violencia de género, normalmente atienden a mujeres que tienen medidas de protección vigentes” aclara Irina.

Por lo que las mujeres que no obtienen ese título, no pueden recibir dicha atención desde allí y son las integrantes de la Comisión las que se encargan de ellas. Así pasan a estar dentro de su recurso aquellas mujeres que no alcanzan dicha condición y aquellas que no han llegado a denunciar y puede que nunca lo hagan. El primer filtro que tienen en CIMTM es a través de la línea de atención 900, donde la mujer llama para aclarar sus dudas o porque “necesita desahogarse y requiere que alguien ajeno a ella le dé el enfoque de lo que está sucediendo” afirma la profesional. Si se detecta que la mujer es víctima de violencia, lo primero que hacen es emplazarla a que mantenga una entrevista de forma presencial con ellas y “poder ofrecerla todos los recursos a los que tienen derecho las víctimas, pero de una forma especializada y sin que estén presionadas a denunciar a los agresores” completa Irina. Si la agredida también necesita un asesoramiento jurídico paralelo, mantienen una entrevista conjunta desde la Comisión con la abogada de la mujer.

Una vez aceptada en el programa, la mujer pasa a una lista de espera para recibir el apoyo psicológico individual y comenzar su proceso terapéutico. “Hay listas de espera, pero todos los servicios estamos bastante desbordados porque hay muchísima demanda y realmente lo que son los profesionales, seguimos siendo los mismos” admite la trabajadora social. Irina insiste que “desde que mantenemos la entrevista de trabajo social hasta que podemos acoplarlas con una psicóloga, pasa un tiempo, que no se puede estimar, ya que varía por la disponibilidad que tenga la afectada de poder venir con nosotras” pese a que “es fundamental intervenir cuanto antes, cuando empieza a identificar las pequeñas señales del maltrato”. Irina destaca su función como profesional que está “para orientar, informar y acompañar a las mujeres en su proceso de recuperación” y se define como “la profesional que ayuda a clarificar y visibilizar la violencia que sufren” ya que “las víctimas tienden mucho a justificar o culpabilizarse de la situación y nosotros desmontamos su relato, escuchándolas y tranquilizándolas, ofreciéndolas un espacio donde no van a ser juzgadas, donde pueden verbalizar sin ningún pudor” aclara la experta.

Puntos de apoyo

La fuente de ingresos de la víctima es uno de los factores que influye para que se atreva a denunciar la situación de malos tratos que vive en su día a día. Según el ‘Estudio sobre el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia de género en verbalizar su situación’ de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, más de la mitad de las entrevistadas, un 64%, afirman que la unidad familiar contaba con los ingresos del agresor. Este porcentaje se reducía a un 44% en el momento de verbalizar su situación y/o pedir ayuda, asique se puede deducir que a la hora de denunciar la agredida se ve con más fuerza cuando no depende económicamente del agresor. En cambio, un 11% que depende de su familia o de ayudas y prestaciones cuando empieza a sufrir violencia de género, no denuncia su situación hasta pasado un tiempo, cuando alcanza ya un 15% y 20%, respectivamente. Esto puede arrojar la sensación de que el apoyo familiar y el verse con una independencia económica, impulsa a las víctimas a verbalizar su situación.

De un total de 1200 casos analizados en el estudio, se ha deducido que el tiempo medio para verbalizar la situación de violencia y/o denunciar ha sido de ocho años y ocho meses. Las mujeres que más tardan en hacerlo son las de Aragón y La Rioja, donde llegan a tardar doce años en hablar del maltrato que reciben. En cambio, las que menos tardan en exponer la violencia que sufren son las mujeres de Murcia y Melilla, con cuatro y dos años, respectivamente. Así pues, son las mujeres mayores de sesenta y cinco años las que más tardan en verbalizar lo ocurrido, unos veintiséis años en hacerlo. Mientras que las adolescentes tardan unos tres años en hacerlo.

En el informe de Adecco sobre el empleo y la violencia de género, Francisco Mesonero, director general de la Fundación comenta que: “el desempleo y los trabajos realizados en la economía sumergida conducen a más de 8 de cada 10 mujeres víctimas a la exclusión social y a la pobreza, propiciando que su situación se prolongue en el tiempo.” Ya que un 65% de las encuestadas admite haber estado desempleada mientras sufría violencia de género, mientras que un 37% sí tenía una situación laboral estable y un 16% mantenía alguna ocupación sin un contrato. Por lo que se deduce que el empleo se alza como un recurso clave para hacer frente a la violencia de género, al constituirse como un elemento que empodera a las mujeres e incrementa su independencia y su autoestima.

Las víctimas de violencia de género que llevan más de un año sin poder trabajar, representan el 59% del informe anterior frente al 12% aproximadamente que lleva medio o un año entero sin salir al mercado laboral. Lo que estos datos arrojan coincide con las declaraciones de su director, la agredida gana confianza cuando se siente autónoma ya que “las empresas y poderes públicos tenemos la gran responsabilidad de dar respuesta a la cada vez mayor masa de mujeres que piden ayuda, a través de políticas activas de empleo y de no discriminación que garanticen un acceso continuado y sostenible al mercado laboral” augura Francisco.

Datos sobre la violencia de género

Los datos que recoge el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señalan que entre 2009 y 2017 de las 1’2 millones de denuncias por violencia de género que se registraron solo resultaron falsas el 0,01%. El hecho de que una persona sea absuelta por falta de pruebas, no convierte a la denunciante en autora de una denuncia falsa. Esto implica que la carga de la prueba recae sobre la parte acusadora y si no hay plena de convicción judicial, se impone el fallo absolutorio. No conseguir las pruebas suficientes no quiere decir que no sucediera, tan solo indica que las pruebas aportadas “no han sido suficientes para enervar la presunción de inocencia”, explican en el informe del CGPJ. La dificultad para recabar pruebas de la violencia de género radica en la falta de testigos directos que puedan corroborar los hechos, ya que estas situaciones tienen lugar en la intimidad del ámbito familiar.

En el Informe Anual de la Sección de Estadística Judicial de 2018 se han registrado 166.00 denuncias por violencia de género, de las cuales sólo unas cuatro mil fueron presentadas por la víctima en el juzgado frente a las casi 130.000 provenientes de atestados policiales. Los partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado ascienden a quince mil contra los casi ochocientos presentados directamente por familiares. También hubo una reducción del 21% en las denuncias presentadas directamente por la víctima respecto al 2017.

Desde el portal ‘feminicido.net’ se recogen noventa y ocho asesinatos de mujeres a manos de sus parejas sentimentales en el 2018. Destacan los meses de marzo y septiembre con doce y quince asesinadas, respectivamente. La media de mujeres asesinadas el año pasado según este informe fue de ocho víctimas al mes.

Dentro del informe del Ministerio de Igualdad sobre ‘Mujeres Víctimas Mortales Por Violencia De Género En España A Manos De Sus Parejas O Exparejas’ sólo se recogen cuarenta y siete asesinatos dentro del 2018. Del total de víctimas, tan solo catorce de ellas interpusieron una o más denuncias previas. Y de esas catorce, sólo diez siguieron con el proceso iniciado. Así pues, solo nueve de ellas llegaron a adoptar las medidas solicitadas y sería importante que la administración revisara las negligencias que hayan podido surgir durante esas medidas e investigara con tesón las muertes de las mujeres que estaban bajo protección.

Este mes de junio llegamos a la cifra de más de 1000 mujeres asesinadas por violencia machista en España desde el año 2003. Según las estadísticas, aproximadamente el 80% de ellas no presentaron denuncia. Este martes se ha celebrado una reunión del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género para analizar la situación actual del Pacto de Estado respecto a la violencia machista. Uno de los puntos clave de ese encuentro ha sido la importancia de presentar una denuncia para comenzar los trámites administrativos.

En el análisis se ha vuelto a constatar que tampoco abundan las demandas interpuestas desde el entorno familiar o cercano de las víctimas de violencia machista, que oscilan entre el 5% y el 7%. La conclusión del Observatorio: el silencio y aislamiento de las víctimas es el principal aliado de sus agresores. “El pánico atenaza a las mujeres maltratadas; temen posibles represalias y no denuncian”, declaran desde el Observatorio. Muchas mujeres deciden no denunciar por motivos relacionados con el propio sistema judicial, ante el que se sienten desamparadas. Además, el 75% de las asesinadas eran madres, lo que supone un factor de vulnerabilidad añadido: la víctima tiene miedo no solo por ella, también por sus hijos e hijas.

Silvia son todas las mujeres que todavía desconocen la multitud de herramientas que tienen a su alcance para poner punto y final al maltrato que reciben. Tienen que empoderarse para llegar hasta el final del proceso y sobretodo necesitan apoyos profesionales y especializados que empaticen y las ayuden a comenzar una vida sin miedos ni peligros

Fotos: Archivo AmecoPress.
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26 junio. 19. AmecoPress.