Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), catorce de los países con mayor número de feminicidios en el mundo, son latinoamericanos

Más del 70% de las personas desplazadas por la fuerza por el mundo son mujeres, niñas y niños

21 de junio de 2019.

Por Redacción AmecoPress

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El número de solicitudes de protección internacional en el Estado español ha aumentado en los últimos años


Madrid, 20 junio. 19. AmecoPress. – Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, de los 70,8 millones de personas desplazadas por la fuerza en el mundo, más del 70% son mujeres, niñas y niños. Además de las violencias generalizadas, las mujeres y las niñas son víctimas de violencias específicas por el hecho de ser mujeres. Las defensoras de Derechos Humanos y del territorio también sufren formas específicas de persecución con las que se reprimen sus acciones destinadas a eliminar y transformar estas acciones discriminatorias.

Latinoamérica es una de las zonas más letales para nacer y ser mujer. En 2017, fueron asesinadas 2.795 mujeres en la región, de las cuales 1.012 lo fueron por su pareja o expareja. Según la Cepal, catorce de los países con mayor número de feminicidios en el mundo, son latinoamericanos. Los países con las tasas más altas de feminicidios fueron los que componen el “Triángulo Norte” de Centroamérica: El Salvador, Honduras y Guatemala.

La violencia física, sexual y laboral, se añade a la violencia psicológica, económica e institucional, contra la vida y los cuerpos de las mujeres y las niñas en aquellos países donde el aparato del Estado es el instrumento directo de represión política, comunitaria y social. Como es el caso de Nicaragua, Venezuela y Honduras. Las mujeres que huyen para poner a salvo a sus hijas e hijos menores lo hacen de agentes perseguidores que pueden ser: el padre u otro miembro de la familia, reclutadores de maras o pandillas, incluso del crimen organizado en colusión con agentes estatales.

Los contextos de violencia e impunidad generalizadas en países con conflictos de altos niveles de intensidad, se deben a la dificultad que tienen las mujeres y menores de acceder a la justicia y de obtener una protección eficaz. En 2018, las personas solicitantes de protección internacional procedentes de Venezuela fueron las más numerosas en todo el mundo: 341.800 peticiones. Las procedentes de El Salvador señalaron 46.800 y las de Honduras 41.500.

El número de solicitudes de protección internacional en el Estado español en 2018 fue de 55.668, de las cuales, el 43 % fueron mujeres y niñas. El sistema de protección internacional se muestra ineficaz para proteger y garantizar los derechos de las mujeres y las niñas que consiguen llegar a España. Los casos no se estudian de la manera diferenciada que legalmente se requiere, de acuerdo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Mientras el Ministerio del Interior deniega de manera casi automática las solicitudes de protección internacional cuando las víctimas no tienen un determinado perfil político.

El porcentaje de denegaciones para las solicitantes de asilo procedentes de Latinoamérica es superior al 95 %. Desde 2014 sólo se han concedido 154 estatutos de asilo a personas procedentes de Latinoamérica. Además de los altos porcentajes de denegación, el procedimiento de protección internacional se convierte en un instrumento revictimizante que obstaculiza el acceso al procedimiento mediante prácticas administrativas restrictivas como el retraso de meses en poder realizar la solicitud de protección internacional.

Las entrevistas iniciales no suelen cumplir con los requerimientos mínimos y suelen ser realizadas por personal no suficientemente cualificado, que desconocen los contextos de violencia que afectan a los países latinoamericanos. La falta de previsión de la Administración ha generado que, a 31 de diciembre de 2018, 78.810 expedientes de protección internacional estuviesen sin resolver.

Tampoco llevan a cabo su obligación de documentar en fecha a las personas solicitantes, lo que ha supuesto que se haya demorado meses la posibilidad de tener un documento en el que se recoja la autorización de trabajo. Estos incumplimientos por parte de la Administración han supuesto desde pérdidas de empleo y dificultades a la hora de acceder al sistema de atención sanitaria, hasta el cierre de cuentas en entidades bancarias por tener la documentación caducada.

Foto: Archivo AmecoPress
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20 junio. 19. AmecoPress.