Jornada ‘La cooperación al desarrollo en salud sexual y reproductiva’, organizada por la FPFE

Nueve dólares per cápita, suficientes para satisfacer los servicios de salud sexual y reproductiva en regiones en desarrollo

28 de mayo de 2019.

Por Gloria López

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Organizaciones advierten del riesgo de retroceso a pesar de que son derechos humanos universales que los Estados pueden garantizar


Madrid, 28 mayo. 19. Amecopress. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales. Pero en muchos lugares del mundo están muy lejos de ser garantizados y también están retrocediendo en países en los que habían avanzado. Analizar las desigualdades y retos en esta materia y proponer estrategias y tácticas a partir de las experiencias de organizaciones que trabajan en el ámbito de la cooperación y el acceso a la salud sexual y reproductiva (SSR) ha sido el eje fundamental del diálogo que ha organizado hoy la Federación de Planificación Familiar Estatal en Madrid.

Cerrar estas brechas requiere un “enfoque holístico” que abarque el derecho de todas las personas a tomar decisiones sobre sus cuerpos –libres de estigma, discriminación y coerción- y tener acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, ha defendido Guillermo González, presidente de la FPFE en la presentación de la jornada, que ha llevado por título ‘La cooperación al desarrollo en salud sexual y reproductiva’.

Pero el acceso a salud sexual y reproductiva a nivel global se enfrenta a viejos y nuevos retos en el marco del 25 aniversario de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo -ICPD + 25 y de los primeros años de aplicación de la agenda 2030.

Estelle Wagner, responsable de Incidencia Política Internacional de la Federación, ha explicado que 830 adolescentes y mujeres en el mundo mueren cada día por causas maternas previsibles. Y ha precisado: “las mujeres ricas abortan, las pobres mueren”. Entre los impedimentos que limitan el derecho a la salud sexual y reproductiva la experta ha denunciado la falta de instalaciones y suministros, obstáculos jurídicos que están avanzando y una insuficiente educación sexual.

A ello se suman nuevos retos impuestos por el incremento de desastres climáticos, crisis humanitarias y conflictos: “Hay gente que pasa su vida en un campo de refugiados y eso plantea unas situaciones que hay que contemplar”. Además, los presupuestos destinados a la cooperación al desarrollo han ido disminuyendo. “Vivimos un resurgir de discursos de odio, opresión, violencia, xenofobia, homofobia y transfobia”, ha añadido Estelle Wagner, que se ven reforzados por la movilización y financiación de movimientos antiderechos.

¿Cuántas veces se puede mencionar en un documento la expresión “violencia basada en género” o “violencia contra las mujeres”?

¿Cuántas veces se puede mencionar en un documento la expresión “violencia basada en género” o “violencia contra las mujeres”?. Esa es una de las batallas que tienen que librar quienes participan en las cumbres y organismos internacionales defendiendo los derechos sexuales y reproductivos. Es una buena estampa del “riesgo” que vive todo un proceso de negociación, consenso y avance logrado con esfuerzo durante años, en el que los aportes de la sociedad civil han sido decisivos.

¿Cómo acelerar el avance en salud y derechos sexuales y reproductivos? Un informe de la Comisión Guttmacher-Lancet, compuesta por 16 comisionados de África, Asia, Europa, Medio Oriente, América del Norte y América del Sur, aporta algunas recomendaciones. Ha sido presentado durante la jornada por Filomena Ruggiero, responsable de incidencia política en la FPFE.

La salud y los derechos sexuales y reproductivos son fundamentales para la salud y la supervivencia de las personas, la igualdad de género y el bienestar de la humanidad. Varias décadas de investigación han demostrado los profundos y cuantificables beneficios de invertir en salud sexual y reproductiva. Además, a través de numerosos acuerdos internacionales, los gobiernos se han comprometido con dicha inversión. Sin embargo, el débil compromiso político, los recursos inadecuados, la discriminación persistente contra las mujeres y las niñas, así como la falta de voluntad para abordar abierta e integralmente cuestiones relacionadas con la sexualidad, han frenado el avance de estos compromisos.

Pero no es tan complicado. No se trata de un horizonte utópico. De hecho, según el informe, “satisfacer las necesidades de estos servicios es asequible para la mayoría de los países”. Por ejemplo, en las regiones en desarrollo, un estimado de 9 dólares estadounidenses per cápita anualmente cubriría el costo total de satisfacer completamente las necesidades de anticoncepción moderna de las mujeres y proporcionar servicios de salud recomendados por la Organización mundial de la Salud a todas las mujeres embarazadas y a los recién nacidos.

Filomena Ruggiero ha destacado también la necesidad de ampliar los servicios y las intervenciones que se necesitan para abordar las necesidades de salud sexual y reproductiva de todas las personas. En ese sentido la Comisión hace un llamado a los gobiernos, las agencias de Naciones Unidas, la sociedad civil y otras partes interesadas clave para que trabajen en una nueva definición de la SDSR. La ampliación de estos derechos enfatiza de manera especial en la prevención y la educación.

“Necesitamos que los gobiernos apoyen las políticas basadas en derechos y no en ideologías”, advertía Filomena Ruggiero. “Y la sociedad civil tiene que apoyar a los gobiernos”. Por su parte, Estelle Wagner recordaba que estas políticas requieren de “inversiones a largo plazo” pues “no se pueden esperar resultados rápidos”.

Entre los elementos que pueden contribuir al avance se ha recomendado también “bajar las legislaciones a nivel local” y “trabajar con las comunidades civiles”. “Los derechos son de ellas y los gobiernos tienen que garantizarlos”. Ahora bien, se requiere de un “enfoque interseccional” y “la educación es fundamental”.

Durante la jornada han intervenido representantes de ONG españolas, francesas e italianas que trabajan en este ámbito, junto con representantes de Alianza por la Solidaridad en Bolivia y Perú: María Grazia Panunzi –AIDOS-, Gioconda Diéguez y María Salvador –Alianza por la Solidaridad- y Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar –AIETI-.

Foto: AmecoPress.

Pie de foto: 1) Logotipo de la jornada; 2) Presentación del diálogo; 3) Gioconda Diéguez
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