Politizando ollas y delantales
Por Gloria López
Madrid, 21 feb. 19. AmecoPress.- En la Huelga Feminista del 8 de marzo los cuidados ocupan un lugar central. Y si hay un sector que cuida, en condiciones de precariedad y ocultación, es el de las empleadas domésticas. España es el país de la Unión Europea con más personas dedicadas al trabajo doméstico, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el 90 por ciento son mujeres, la mayoría extranjeras y muchas de ellas en situación administrativa irregular.
La situación del empleo doméstico es una realidad difícil de cuantificar teniendo en cuenta la cantidad de economía sumergida que registra el sector. A las trabajadoras de hogar no se les reconoce ni la importancia, ni la dignidad de su trabajo ni sus derechos laborales. Siendo en la gran mayoría mujeres migrantes, forman parte de lo que se conoce como “cadena global de cuidados”.
Y es que tal y como está organizado el mundo, nadie se responsabiliza de los cuidados, no existe tampoco una corresponsabilidad entre hombres y mujeres, y lo que hacemos en algunos países con economías “más desarrolladas” es lanzar la pelota a las mujeres inmigrantes, que salen de sus lugares de origen porque lo están pasando mal y en muchos casos como consecuencia de la explotación de sus recursos naturales. Estas mujeres sufren, por tanto, una doble explotación.
Transformando la historia
El 23 de mayo de 2014 murió Jeanneth Beltrán. Esta nicaragüense de 30 años de edad, empleada de hogar, residía en Toledo y trabajaba cuidando a un anciano. Ese día una amiga suya insistió y la llevó a urgencias. Llevaba semanas sintiéndose mal pero temía que le cobraran la atención sanitaria porque aún esperaba sus papeles, que le llegarían pronto, según ella misma contaba, y le permitirían tener su tarjeta sanitaria.
Pero su precaria salud no aguantó, y después de esperar 6 horas a que la atendieran en urgencias, murió. Semanas después llegó a su domicilio la factura de urgencias de aquel día. Una factura que además de ilegal, muestra la deshumanización que nuestras sociedades están alcanzando.
La historia es una de tantas. Historias que han de transformarse. Por eso, el Observatorio de Derechos en Empleo de Hogar y de Cuidados lleva el nombre de Jeanneth Beltrán. Para cambiar el rumbo de la experiencia de cuidar y crear un nuevo modelo.
Este Observatorio se puso en marcha desde la organización de trabajadoras de hogar Territorio Doméstico y el colectivo de economía social Senda de Cuidados con el objetivo de sacar de la invisibilidad las numerosas situaciones de desprotección, abusos y vulneración de derechos que se dan en el sector y articular una herramienta que pueda ser útil en los procesos de empoderamiento de las trabajadoras en la lucha por condiciones de trabajo digno. El pasado jueves, 31 de enero, celebraron una asamblea, “para hablar de cosas que nos afectan, como el cambio de la legislación”, para “reflexionar juntas”, para “ayudarnos mutuamente”. AmecoPress estuvo con ellas.
El asesoramiento, el acompañamiento y la ayuda dan sus frutos. En los 8 casos en los que se ha denunciado hemos ganado, destaca Pepa Torres. Las denuncias y casos que llegan a la organización “resultan increíbles por su deshumanización”, dice, poniendo el ejemplo de una mujer que surante su mes de vacaciones viajó a su país, donde se encontró con que su hija caía enferma, llegando a morir; a su vuelta, la echaron del trabajo por no haberse incorporado exactamente cuando le correspondía.
Junto a Pepa Torres se encuentra Rafaela Pimentel, uno de los rostros visibles de la Comisión 8M, recuerda que “organizadas tenemos más poder”. Se han dado muchos pasos en esa dirección, creando redes y encuentros como el que se celebrará en Zaragoza el 23 de febrero que reunirá a empleadas domésticas de todo el Estado español.
El trabajo doméstico sigue siendo infravalorado. Por eso es imprescindible “visibilizar todas las situaciones de vulnerabilidad que hay en los empleos de hogar y cuidados”, explica Pimentel. Esta denuncia también tiene como objetivo “visibilizar y exigir nuestros derechos como trabajadoras”.
Rafaela Pimentel lo tiene claro: “Somos sujeto activo del Feminismo. En nuestras reivindicaciones como mujeres, trabajadoras y migrantes luchamos codo a codo con colectivos feministas, politizando ollas y delantales”. El argumentario del 8M recoge la demanda de ratificación del Convenio 189 de la OIT por parte del Estado español, que les permitiría adquirir condiciones laborales como la igualdad de derechos a la seguridad social como el resto de personas trabajadoras; protección frente al acoso, abuso y violencia en el trabajo; respeto de las condiciones de trabajo (horario, salarios, descanso); fin de descuentos abusivos en el salario por la manutención y alojamiento y garantía de condiciones de seguridad y salud, prevención de riesgos laborales, entre otras.
Situación laboral
En 2011 se aprobó la incorporación del empleo de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social, pero se mantuvo como sistema especial. Entonces se asumió el compromiso de ir regulando cuestiones pendientes. En ese momento, se excluyó el reconocimiento de la prestación por desempleo y se aplazó hasta enero de 2019 alcanzar los mismos criterios en el cálculo de las pensiones. También se iba a sustituir el sistema de cotización a la Seguridad Social por tramos salariales por el de la cotización por salarios reales. Después de siete años, el PP, con la enmienda 6777, aplazó ambas medidas hasta 2024. Casi medio centenar de organizaciones de trabajadoras del hogar y de cuidados se opusieron a esta enmienda a través de un manifiesto el pasado junio que leyeron concentradas a las puertas del Congreso. Entonces, fueron recibidas. Después, se produjo un nuevo “ninguneo”, como ellas mismas denuncian.
El Gobierno del PSOE, con el Real Decreto 28/2018, ha mantenido el retraso aunque lo ha adelantado a enero de 2021, y ha aprobado para 2019 un sistema de tramos de cotización que no convence a las trabajadoras del hogar.
En primer lugar, ese sistema incrementa la base del tramo 1, el más bajo, hasta 206 € al mes. “La base mínima anterior también era demasiado elevada y sabemos qué consecuencias ha tenido: la mayoría de las trabajadoras con contrato de pocas horas no están dadas de alta en la Seguridad Social porque salario y cuota a pagar no guardan una proporción adecuada. Ahora, la resistencia de la parte empleadora a dar de alta será todavía mayor”, explican.
Los tramos intermedios, del 2 al 9, se han organizado de tal manera que “se incentiva que los empleadores, para pagar menos cuota, declaren salarios inferiores a los reales”. Pero además, se repetirá lo que sucedía con los tramos anteriores: al pasar de año y modificarse el importe de los tramos, muchas trabajadoras van a cotizar por bases inferiores a las que tenían en 2018, a pesar de mantener el mismo salario.
Es en el último tramo, a partir de los 1.294,01€ al mes, incluida prorrata de pagas extraordinarias, en el que se establece la cotización por salarios reales. Sin embargo, “si no se pone en marcha un plan urgente, amplio y serio, para obtener la información sobre salarios y jornadas reales, no será posible garantizar su aplicación efectiva”.
En todo este proceso, una de las cosas más lamentables es el “ninguneo” que las trabajadoras del hogar y cuidados han sufrido por parte de las instituciones. Les prometen avances y mejoras que luego postergan. Las recibieron cuando se manifestaron a las puertas del Congreso, pero después se olvidaron de ellas, y se enteraron de las decisiones gubernamentales por la prensa. “Nuestros derechos no parecen importar”. Y profundizan: “que políticos, sindicatos e instituciones decidan ignorarnos tiene que ver con un orden de prioridades en el que repensar los cuidados no está en la agenda”.
Políticas públicas de cuidados
Más allá de su situación laboral concreta, Pepa y Rafaela ofrecen un punto de vista más amplio acerca de su posición en la sociedad. La falta de recursos públicos determina que con la contratación de Empleo de Hogar se cubran las necesidades de atención y cuidados de las personas mayores y/o en situación de dependencia en sus domicilios y se resuelvan las exigencias de conciliaciones imposibles entre los ritmos y tiempos del trabajo con las necesidades de cuidado de la vida. Es, evidentemente, una salida accesible solo para quienes tienen los medios económicos para sostenerlo y excluye a aquellos y a aquellas que tienen menos recursos y cuentan con las pensiones más bajas.
“Nos sumamos por ello, a la exigencia de políticas públicas que garanticen plenamente la protección y el bienestar de las personas, de manera que no se cargue sobre las espaldas de las trabajadoras, ni sobre las de las personas que los necesitan, el coste de los cuidados. Los cuidados no son una mercancía más, tienen que ser un derecho para todas las personas”, sentencian.
“Existe una crisis de los cuidados en dos planos: el privado y el profesional. En el privado, estas actividades recaen siempre o casi siempre en las manos de las mujeres. A nivel profesional, las personas que se dedican a este trabajo, también mujeres en su mayoría, no cuentan con los mismos derechos que el resto de trabajadoras” explica Montserrat Clos Fabuel, una de las responsables del documental ‘Cuidado, resbala’.
Ley de Extranjería
Una parte importante del sector son mujeres migradas. Muchas en situación administrativa irregular. Todas sufren las consecuencias de una Ley de Extranjería que “genera economía sumergida y nos expone a circuitos de abuso y vulneración de derechos”. Una ley que “deshumaniza e invisibiliza” a las mujeres migrantes y que supone un “racismo institucional”.
La Ley de Extranjería estipula que debes haber permanecido un periodo de tres años en el Estado español para la concesión del permiso de residencia temporal, un “plazo excesivo”. Para demostrar el periodo transcurrido debes acreditar la incorporación real al mercado de trabajo, a través de un contrato de un período mínimo de un año. Y durante ese tiempo, toca sobrevivir. Es entonces cuando, incapaces de obtener derechos y reconocimiento y con el temor a que la policía les pida los papeles por la calle, las migrantes deciden aceptar trabajos tan precarizados como el del empleo del hogar en régimen de interna.
Las condiciones de estas empleadas impiden totalmente el desarrollo de sus derechos más elementales. Muchas no tienen ni una habitación en la que dormir y comparten dormitorio con los niños y niñas o personas mayores que requieren de sus cuidados. Todas exceden su horario laboral. Sin contratos, sin papeles y sin vida propia, las condiciones de “trabajo” llegan en muchos casos a rozar la esclavitud. Hay casos de mujeres que han estado 7 años trabajando como internas en una casa y no les han dejado estar empadronadas.
Acumulación de discriminaciones
“Son las últimas de las últimas”, denuncia Torres. El único sector laboral no reconocido en el Estatuto de los Trabajadores es el de las empleadas del hogar. “Y esto es así, entre otras cosas, porque son inmigrantes”, continúa, para recordar que “la sociedad tiene muy interiorizado la no valoración de los cuidados, de hecho, los propios políticos no tienen a sus trabajadoras regularizadas”.
A Carmen le cambiaron el nombre. Su empleadora decidió que su criada no podía llamarse como ella y la bautizó: te llamarás Ángela. A Estela, de origen colombiano, le daban la comida caducada. Francis soportó tocamientos del señor al que cuidaba y fue cuestionada por la familia cuando lo denunció. Fari, dominicana, acaba tan agotada, después de limpiar un chalet de dos plantas, cuidar el jardín y ocuparse de dos niñas de 3 y 7 años, que no puede ni pensar.
“Muchas mujeres aceptan porque no tienen papeles, les prometen un contrato que nunca llega y no se atreven a denunciar porque se arriesgan a ser deportadas”, explican antes de entrar a la asamblea.
Es una de las situaciones que justifican la derogación de la ley de Extranjería y el cierre de los CIEs, dos peticiones incluidas en el argumentario de la Huelga Feminista. “La perspectiva para el 2019 es que la desprotección no solo continúe, sino que empeore y, esto es algo contra lo que vamos a luchar”, advierten las trabajadoras. “Se transfiere el trabajo de cuidados de unos hogares a otros en base a ejes de poder, entre ellos el de género, etnia, clase y el lugar de procedencia”, sintetiza el argumentario de la Comisión 8M.
Las mentiras son recurrentes. María Elena estuvo trabajando durante 5 años pensando que estaba dada de alta, pero su empleador la estaba engañando, algo que descubrió al solicitar su vida laboral. Ahora tiene 74 años y se ve obligada a seguir trabajando para poder tener derecho a una pensión. Aleira, llegó a España desde Honduras hace 10 años y también fue engañada por una agencia de contratación. Advierte: “ojo con estas agencias, te llevan a Francia por ejemplo, donde te hacen trabajar mucho, para ahorrarse dinero, porque a ti te pagan con sueldos españoles y si hay problemas y quieres renunciar al trabajo, no te pagan porque según ellos estabas de prueba”.
También hay empleadores con conciencia que quieren hacerlo bien y a los que la legislación impide contratar a una mujer sin papeles hasta que no pase el tiempo exigido. La misma Rafaela asegura haber encontrado siempre Rafaela gente que, desde el principio, la ha tratado como corresponde. Pero como ella misma señala “es una excepción”. Conoce muchos casos de compañeras que son explotadas por empleadores que se aprovechan de su vulnerabilidad: no gozan de días libres, sufren condiciones precarias, les pagan poquísimo por hora trabajada, las desprecian. “Cuando un familiar muere, no solo es que no les dejen ir a su país, es que tampoco les dan los días libres que les corresponden, para llorar o para tener una charla con una amiga; se tienen que comer el dolor, el duelo de sus muertos trabajando”.
Para reivindicar en mayor medida la invisibilidad de este colectivo, el año pasado surgió la iniciativa de que las empleadas del hogar internas cuyas condiciones laborales les impidieran hacer huelga y asistir a la manifestación, colgaran sus delantales en los balcones.
Además, las empleadas domésticas están siendo parte activa de las asambleas de barrios y pueblos que preparan la Huelga Feminista. Han ido a los mercados a explicarla. Participan en las caceroladas. Sus reivindicaciones han sido incluidas en el argumentario. Tienen fuerza y empiezan a mostrarla.
Estas son sus peticiones concretas
– Equiparación, sin más demoras, de derechos laborales y protección social para las trabajadoras de hogar y de cuidados -incluida la prestación por desempleo, la cotización por salarios reales e iguales condiciones para el cálculo de las pensiones-, con reconocimiento pleno en el Estatuto de los Trabajadores e integración completa en el Régimen General de la Seguridad Social.
– Ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, acompañada de la incorporación efectiva en la normativa interna, estableciendo plazos concretos de aplicación y la dotación presupuestaria necesaria para que pueda implementarse.
– Políticas públicas de cuidados que garanticen la cobertura universal con criterios de equidad y redistribución de los tiempos de vida laboral y personal. En este sentido, medidas concretas para integrar los costes de los cuidados en el domicilio como prestaciones del sistema público de atención a la dependencia.
Foto: archivo AmecoPress
Economía – Empleo y género– Mujeres inmigrantes – Trabajo doméstico – 8 de marzo –Movimiento feminista. 21 feb. 19. AmecoPress