Jueves, 21 de febrero de 2019.

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Presupuestos Generales del Estado 2019

El Ejecutivo presume de las acciones de atención a migrantes mientras bloquea el Open Arms

La partida de ayuda a estas personas aumenta hasta los 412 millones de euros

Estado Español, Política, Economía, Mujeres inmigrantes, Derechos humanos, Ablación, Trata, Madrid, Martes 22 de enero de 2019, por Pedro de Santiago


Madrid, 22 ene. 19. AmecoPress.- Tanto los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, en su Informe Económico y Financiero, como la ministra de Trabajo y Migraciones, Magdalena Valerio, en la presentación de la cuentas, hacen hincapié en el aumento de la partida de la Secretaría de Estado de Migraciones, en concreto, la destinada a la atención de personas migrantes, que sube en un 29,6% respecto a 2018, alcanzando los 412 millones de euros, que se pretenden dedicar a la atención, acogida e integración de estas personas. Sin embargo, el énfasis en el incremento de este tramo presupuestario contrasta con la postura del Gobierno respecto al barco de rescate Open Arms, bloqueado en Barcelona, y sobre el que Valerio se limitó a decir que su opinión está en línea con la decisión tomada por Marina Mercante.

El impedimento para que el Open Arms salga al rescate de migrantes se debe al cierre de los puertos de Italia y Malta, ya que este hecho provocaba que el navío humanitario auxiliase a personas a demasiada distancia de un puerto de llegada, cosa que según Marina Mercante "se aparta de los procedimientos relativos a las operaciones de salvamento reguladas por la normativa internacional". La decisión, sin embargo, ha sido muy criticada por parte de ONGs y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, a la vez que aplaudida por el viceprimer ministro italiano y líder de la extrema derecha en este país (La Liga), Matteo Salvini.

La medida se prolongará hasta que exista un acuerdo para el desembarco de los auxiliados en las zonas concernidas, es decir, Italia y Malta, según el documento al que tuvo acceso eldiario.es. Mientras tanto, según la Organización Mundial de las Migraciones (OIM), desde que comenzó el bloqueo del barco, se contabilizan 132 personas desaparecidas y 117 fallecidas en el Mediterráneo central, zona de actuación de la nave española. Desde inicios de este año, ya son 200 las muertes que registra cualquiera de las tres rutas del Mediterráneo.

Sin embargo, tanto la memoria de los PGE de 2019, aún por aprobar en el Congreso y que no tienen asegurados todos los apoyos parlamentarios, como las declaraciones de la ministra, van dirigidas a mostrar un cierto compromiso con la atención a las personas migrantes, a la vez que insisten en que la llegada de migrantes debe ser “segura, legal y ordenada” y debe responder al respeto a los Derechos Humanos de estas personas. Entre las partidas destinadas a este colectivo destacan los 382 millones de euros (un 32,4% más que en 2018) que el Ejecutivo pretende dirigir a “la integración de los inmigrantes, refugiados y desplazados, con el objetivo de alcanzar la normalización de la convivencia y su participación en la sociedad española”.

Retorno voluntario de migrantes en desempleo

Entre las medidas concretas para lograr el objetivo, el Ministerio de Trabajo y Migraciones quiere poner en marcha acciones para la gestión de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, así como para el Sistema Nacional de Acogida e Integración. En este paquete de propuestas también hay algunas relativas a la igualdad de trato y no discriminación por razones de origen, pero sin duda, destaca “el desarrollo de programas que faciliten el retorno voluntario de inmigrantes a sus países de origen, especialmente para el colectivo de inmigrantes en desempleo”.

La ministra, además, durante la presentación de las cuentas relativas a su área, destacó los 41 millones de euros destinados a Cruz Roja para dar la primera atención a migrantes que llegan a las costas españolas, así como los 30 millones de euros para la atención de los menores extranjeros no acompañados (MENA). El Gobierno también persigue revisar los protocolos de actuación y el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), a la vez que refuerza “determinadas líneas de actuación entre las que destacan la mejora del control fronterizo y la lucha contra la inmigración irregular, salvaguardando los derechos humanos de los inmigrantes”.

En este sentido, cabe destacar las partidas que el Gobierno recibe del Presupuesto General de la Unión Europea (PGUE), en el marco del Fondo de Asilo y Migración (FAMI), que contempla para el Estado español 1.120,8 millones de euros e “incluye los recursos financieros para dar una respuesta a la presión que algunos Estados miembros están experimentando en sus sistemas de migración y asilo y en sus fronteras”.

Perspectiva de género

Sobre la parte de los PGE de 2019 destinada a Migraciones, hay que resaltar también lo expuesto por el Ejecutivo en su Informe de Impacto de Género de estas cuentas estatales. Según este documento, las mujeres inmigrantes suelen tener trabajos más precarios que una autóctona, a la vez que “están expuestas a diversos factores de discriminación, como puede ser su origen racial o étnico, su situación administrativa (si se encuentran en situación regular o no y tienen o no autorización para trabajar), la discapacidad, la edad, el estatus socioeconómico, etc.”, a lo que se suele añadir el desigual reparto de las tareas del hogar y el hecho de que estas mujeres sean “especialmente vulnerables a ser víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual”.

Por ello, desde el Gobierno impulsan una serie de actuaciones, que pasan por programas que promuevan la conciliación de la vida laboral y familiar, el acceso de las mujeres migrantes a todos los ámbitos de la vida social, la erradicación de la “mutilación genital”, así como la puesta en marcha de acciones “que promuevan el conocimiento, la sensibilización, la puesta en marcha de acciones y la creación de redes de apoyo social a mujeres inmigrantes prostituidas y a mujeres víctimas de trata con fines de explotación laboral o sexual”, entre otras medidas.

Por último, el informe también recoge el impulso de actuaciones de acogida e intervención especialmente centradas en mujeres y niñas migrantes y solicitantes de asilo y la concesión de autorizaciones de residencia temporal y trabajo “por circunstancias excepcionales a mujeres extranjeras víctimas de violencia de género y víctimas de trata de seres humanos”.

Foto: Stop Mare Nostrum.
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Pie de foto: Manifestación del pasado día 19 contra el bloqueo del Open Arms.
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Política – Estado Español – Economía – Mujeres inmigrantes – Derechos humanos – Trata – Ablación. 22 ene. 19. AmecoPress.




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