La ciberviolencia contra las comunicadoras y activistas exige respuestas colectivas
Madrid, 04 dic. 18. AmecoPress.- Defensoras de los derechos humanos, activistas y comunicadoras feministas encuentran en Internet un espacio de expresión y un escenario de articulación política. Pero también, un territorio en el que reciben violencia machista –en intersección con otras formas de violencia en función de su color de piel, su orientación sexual o la clase social a la que pertenezcan, entre otras-, violencias que circulan por las redes con total impunidad. No son casos aislados ni responden a patrones “individuales”. El acoso en las redes sociales tiene un componente político que busca expulsar a las mujeres y a determinados temas de este espacio de debate público. Por eso, las respuestas han de buscarse de un modo colectivo. Esa es la propuesta que han presentado hoy la revista Pikara Magazine y la jurista Laia Serra, con el apoyo del Fondo de Mujeres Calala y Front Line Defenders.
Tanto Pikara Magazine como Laia Serra llevan varios meses trabajando sobre el acoso en redes sociales, una situación que sufre tanto la revista en sí misma como muchas de sus colaboradoras. Ante la ineficacia de las respuestas individuales y entendiendo esta violencia en línea como una vulneración de los derechos de ciudadanía digital de las mujeres, ha decidido afrontarla de manera conjunta y coordinada. Así lo han explicado en una rueda de prensa en la que han presentado las líneas generales de un informe jurídico sobre ciberviolencias machistas que han registrado previamente en el Congreso.
En la rueda de prensa han participado: la jurista Laia Serra; Andrea Momoitio, coordinadora de Pikara Magazine; Fiona Montagud, de Fondo de Mujeres Calala; María San Martín, de Front Line Defenders; así como Irantzu Varela, comunicadora feminista expuesta diariamente al ciberacoso.
Una de las conclusiones del informe es que “el Estado español desprotege a las mujeres ante las violencias digitales”. Laia Serra explicaba que “el Estado tiene la obligación legal de prevenir y sancionar, de garantizar la reparación y dar garantías de no repetición. Para ello tiene que cambiar el enfoque que está dando a este tema”.
El informe que hoy han registrado en el Congreso recoge una síntesis de normativas internacionales existentes sobre este tipo de violencia y también pone en valor “los saberes activistas”, aportaciones de colectivos de todo el mundo, con el objetivo de “hacer una propuesta sólida de cambio”.
Las recomendaciones se dividen en tres ejes: formulación de políticas públicas, formulación de medidas legislativas y formulación de medidas dirigidas a las plataformas intermediarias de internet.
El informe es largo y aborda los debates que se sitúan alrededor de la problemática, como por ejemplo cómo posicionarse desde el feminismo, pero en ningún caso aborda la cuestión desde el prisma del punitivismo. Las violencias digitales son machistas, llevan un tipo de violencia que ya existe a las redes. Además del impacto personal, que no hay que menospreciar, es importante poner de manifiesto que los ataques contra activistas, comunicadoras y defensoras de derechos humanos feministas tienen un componente político que busca expulsarlas del debate.
La jurista ha apuntado que el Instituto Europeo de la Igualdad de Género recoge que la violencia de género en línea es un problema creciente de proporciones mundiales y de consecuencias muy significativas. Desde la perspectiva de los derechos de las mujeres, resulta esencial garantizar que internet, entendido como un nuevo espacio público que tiene una influencia que crece exponencialmente, constituya un lugar seguro, libre de violencias y capacitador para todas las mujeres y las niñas.
En julio de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución mediante la que exhorta a los Estados a que adopten medidas inmediatas y eficaces para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, también en los contextos digitales, y exige que se combata la impunidad habitual de los espacios virtuales.
“La violencia en redes sociales es muy grave y no se está abordando con un enfoque de género, lo que tiene consecuencias en términos democráticos porque afecta a la presencia de las mujeres en las redes sociales e internet, que son hoy espacios de debate público”, ha subrayado Serra, quien apunta al principio de diligencia debida del Estado.
Visibilizar es actuar
Desde hace varios años, y cada vez de una manera más significativa, las comunicadoras feministas vinculadas a Pikara Magazine reciben ataques misóginos, y también racistas y lesbófobos en redes sociales. “Como medio nos parece importante involucrarnos en esta lucha. No sólo porque la hemos sufrido nosotras mismas, sino por nuestra responsabilidad de practicar los cuidados como editoras de un medio feminista”, apuntaba Andrea Momoitio.
Irantzu Varela es una de estas comunicadoras: “Ahora es una violencia digital, pero se puede volver analógica en cualquier momento y entonces va a ser demasiado tarde”, ha advertido la periodista en la rueda de prensa. También ha expuesto algunos de los ataques que recibe diariamente por su activismo feminista y antirracista en redes sociales. “Las violencias digitales que sufren las activistas feministas están atravesadas por las mismas opresiones que estructuran la sociedad: racismo, antigitanismo, islamofobia, transfobia…”, asegura.
Estos ataques tienen como centro a las mujeres que, con su activismo y su palabra cuestionan el orden establecido, en todo el mundo. “Buscan acallar las voces y limitar la participación de las mujeres”, denunciaba Fiona Montagud en la rueda de prensa.
La representante de Front Line Defenders advertía que “estas violencias se están subestimando hasta el punto de haberse normalizado”. Por ello, es importante exigir que se implementen medidas y políticas públicas que garanticen la seguridad y protección de los derechos humanos en las redes.
“El primer peldaño es el análisis de estas violencias de las que apenas sabemos nada todavía”, reiteraba Laia Serra. Visibilizar, analizar de un modo estructural y obligar al Estado y a los actores sociales –partidos políticos, organizaciones, medios de comunicación- a salir de la “pasividad radical” que hoy muestran.
Fotos archivo AmecoPress, cedidas por Pikara Magazine
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Pie de foto: de izquierda a derecha: María San Martín (Front Line Defenders), Laia Serra (jurista feminista autora del informe), Andrea Momoitio (coordinadora de Pikara Magazine), Irantzu Varela (comunicadora feminista) y Fiona Montagud (Calala Fondo de Mujeres)
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Medios de comunicación – Redes sociales – Violencia de género – Derechos humanos – Feminismo – Movimiento feminista; 04 dic. 18. AmecoPress.