Lunes, 10 de diciembre de 2018.

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15 años reclamando justicia por el asesinato de su hija por su expareja, el padre de la niña, durante un régimen de visitas sin supervisión impuesto por una jueza

Caso Ángela González, responsabilidad del Estado

La sentencia del Tribunal Supremo de España está postulada en la categoría Premio Mallete en los Premios Género y Justicia de Women’s Link Worldwide

Estado Español, Legislación y género, Violencia de género, Premios y Reconocimientos, Madrid, Martes 20 de noviembre de 2018, por Redacción AmecoPress


Madrid, 20 nov. 18. AmecoPress.- El Tribunal Supremo de España definió la obligación del Estado español de cumplir las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos ratificados por el país, en un caso de un hombre que maltrató durante varios años a su esposa y a su hija de 7 años y posteriormente asesinó a esta última en una visita no vigilada.

Ángela González lleva 15 años reclamando justicia por el asesinato de su hija. En el año 2003 su hija Andrea, de tan solo 7 años de edad, fue asesinada por su expareja, el padre de la niña, durante un régimen de visitas sin supervisión impuesto por una jueza. Tras 11 años intentando conseguir una reparación por parte del Estado español, y agotadas todas las vías internas, Ángela denunció su caso ante la ONU. En el 2014, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), emitió un dictamen en el que condenó a España por negligencia (este caso fue nominado al Premio Mallete en 2015). Después de la condena, el gobierno se negó reiteradamente a cumplir con las medidas, excusándose en que los dictámenes de Naciones Unidas no son vinculantes.

El Tribunal Supremo resolvió el recurso interpuesto por Ángela González en contra de una sentencia de la Audiencia Nacional, mediante la cual se negó la responsabilidad patrimonial del Estado por los hechos antes contados.

El Supremo determinó la obligación del Estado español de cumplir las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos ratificados por el país, y en particular, estableció que el dictamen de la CEDAW es vinculante para España al haber reconocido la Convención, y al no cumplirse este dictamen se violan los derechos fundamentales de las mujeres. También señala que el Estado violó el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la integridad física y moral, y el derecho a la tutela judicial efectiva. La condena para el Estado español es de 600.000 euros.

Esta decisión sienta un precedente muy importante, al establecer por primera vez que las opiniones de los Comités de Naciones Unidas son vinculantes y que el hecho de que no haya un mecanismo directo para implementarlas no exime al país de su obligación de cumplir las recomendaciones. Por eso, está propuesta en la categoría Premio Mallete en los Premios Género y Justicia de Women’s Link Worldwide. Puedes votarla en este enlace.

Los Premios fueron creados por la organización Women’s Link Worldwide teniendo en cuenta que en todos los países, sin importar su sistema político, tradiciones o creencias religiosas, las decisiones de jueces y juezas en cortes y tribunales, tienen una influencia enorme sobre la vida diaria de todas las personas y definen el sentido de la justicia.

Los Premios responden a la visión que tiene Women’s Link Worldwide de los tribunales de justicia. Una visión que promueve que la sociedad civil inicie un diálogo con las instancias judiciales sobre cómo deben interpretarse y aplicarse los derechos y cómo se delimita la actividad legislativa y ejecutiva.

Foto: archivo AmecoPress
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Estado español – Violencia de género – Legalización y género – Premios y reconocimiento. 20 nov. 18. AmecoPress.




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