El Grupo Antígona cuestiona las normativas sancionadoras como “herramientas inadecuadas" para abolir la prostitución

Madrid, 07 nov. 18. AmecoPress-. El grupo de investigación Antígona, de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), ha llevado a cabo un estudio por el que se compromete a analizar las distintas ordenanzas aprobadas por los Ayuntamientos destinadas a la abolición de la prostitución. En él, se califican de “claro fracaso” las medidas adoptadas y se cuestiona su aplicación como instrumento adecuado para abordar esta realidad.

El documento, que se hará público a finales de noviembre, comprende un total de 32 entrevistas elaboradas en profundidad a trabajadoras sexuales, ONG, expertas, representantes políticos, técnicos municipales y agentes de varias ciudades, entre las que se encuentran algunas como Barcelona, Madrid, Sevilla, Zaragoza o Bilbao.

Dicho estudio establece que, aun con la aplicación de las ordenanzas, se sigue ejerciendo el trabajo sexual, a la par que se revictimiza a las mujeres víctimas de la trata, por lo que este tipo de normativas “no han sido otra cosa que una herramienta de control social y policial que ha llevado a la criminalización de las prostitutas”, explica el escrito.

Además, el informe denuncia que la aplicación de las normativas sancionadoras sea distinta dependiendo de su lugar de instauración. Si bien estas se reparten por casi toda la geografía española, algunas persiguen y multan a clientes; otras, por el contrario, castigan también a las trabajadoras, vulnerando sus derechos.

"Casos como la reiteración de multas a las trabajadoras y no sobre los clientes; el hecho de que esas sanciones recayeran sobre mujeres preidentificadas en muchas ocasiones como víctimas de trata; o incluso que se proceda a bloquear sus cuentas corrientes" son algunos ejemplos que evidencian dicha vulneración, afirma Encarna Bodelón, jurista, profesora de UAB y directora del grupo de investigación Antígona.

En Sevilla, la ordenanza aplicada, cuya reforma tuvo lugar en 2017, considera la prostitución como una forma de violencia de género y persigue y sanciona al cliente con multas de entre 750 y 1.500 euros.

Otras, sin embargo, aplican también castigo a las mujeres con multas de alrededor de 300 euros, tal y como ocurre en Barcelona. No obstante, según afirma el documento, las sanciones a las trabajadoras sexuales en esta última ciudad se han reducido en los últimos años.

En el caso de la capital, el Ayuntamiento de Madrid se encuentra inmerso en un debate sobre la pertinencia de una ordenanza que multa a clientes, impulsada por el PSOE municipal.

A todo esto se suma la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, a la que se enfrentan las prostitutas del país.

De acuerdo a lo que refleja la investigación, la Policía denuncia una media de una prostituta por día por ejecutar actos de exhibición obscena o por desobediencia a la autoridad con multas que comprenden desde los 100 hasta los 30.000 euros.

Conclusiones del informe:

Una de las expertas entrevistadas, integrante del grupo Antígona, explica que muchas de las ordenanzas instauradas se han justificado con el objetivo de abolir la prostitución, pero no han logrado dicho fin. “Utilizar un instrumento sancionador para ello no es realista”, señala.

Además, a su argumento se suma el hecho de que las sanciones y multas han encaminado a la práctica sexual a convertirse en una actividad “clandestina, opaca y precaria”, de acuerdo a su proyecto enmarcado en el estudio El desarrollo de los derechos fundamentales en las ordenanzas municipales: límites y vulneraciones de derechos desde la perspectiva de género.

Tal y como prosigue el informe, las ordenanzas no han hecho más que vulnerar los derechos de las trabajadoras sexuales, “provocando el empeoramiento de sus condiciones y quedando relegadas a una posición más débil” que las estigmatiza.

“El miedo a las posibles sanciones, tanto por parte de las trabajadoras como de los clientes ha empeorado la capacidad de negociación y ha conducido al desplazamiento de la zona de ejercicio incluso al espacio privado”, afirma el documento.

Esto, hace plantear un cambio de enfoque en el que se trabaje desde la perspectiva de los derechos humanos y se anule la aplicación de sanciones y multas como medidas abolicionistas.

Siguiendo esta línea, el estudio hace también referencia a las normativas sancionadoras que se aplica a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. El informe establece así la paradoja de que las mismas administraciones que deberían proteger a las víctimas actúan de manera contraria, criminalizándolas.

Si bien dichas medidas no sólo influyen en una estigmatización y criminalización de la prostitución, otra consecuencia que destapa el estudio es la invisibilización de la actividad sexual.

Bajo este contexto, el estudio afirma que “la aplicación de la ordenanza ha movido a las mujeres del espacio público al espacio privado, o bien, las ha llevado a otros espacios más hostiles del espacio público”.

Una de las expertas entrevistadas, profesora de la Universidad de Lleida, asegura que el trabajo sexual se sigue realizando, “sigue habiendo clientes y sigue habiendo trabajadoras”.

Con esto, afirma que la aplicación de las normativas sancionadoras únicamente ha logrado ejercer un efecto de control policial, pero no de reducción de la actividad. “Si se pretendía recudir el trabajo sexual en la calle, lo que ha logrado es invisibilizarlo”, afirma la profesora.

Por lo tanto, el informe impone como conclusiones la necesidad de un cambio en el proceso de abolición de la prostitución, no tanto desde una perspectiva sancionadora, que conlleva al traslado de la práctica a otros espacios de peores condiciones, sino a abordar la normativa desde la perspectiva de derechos humanos de las trabajadoras.

Foto: Archivo AmecoPress.

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Estado Español – Política – Debates - Prostitución - Trata. Madrid. 07 nov. 18. AmecoPress.