Miércoles, 15 de agosto de 2018.

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El Supremo da la razón a Ángela González y reconoce la responsabilidad del Estado en el asesinato de su hija

La sentencia obliga a la Administración a indemnizarla y recuerda la obligación de cumplir con el dictamen del Comité CEDAW que en el año 2014 condenó a España por no haber protegido a Ángela ni a su hija

Estado Español, Legislación y género, Violencia de género, Madrid, Martes 24 de julio de 2018, por Gloria López


Madrid, 24 julio. 18. AmecoPress. Había luz al final del túnel. Después de 15 años, la justicia española ha reconocido que Ángela González Carreño tenía razón, que su lucha era digna: el Tribunal Supremo admite la responsabilidad del Estado español en la muerte de su hija, asesinada por su padre durante un régimen de visitas impuesto por un juzgado, y obliga a la Administración a indemnizarla con 600.000 euros. Esta sentencia del Tribunal Supremo es la primera resolución judicial en el ámbito nacional que reconoce el grave daño que la justicia española infligió a Ángela. Con el seguimiento y apoyo de este caso, la organización Women’s Link Worldwide demuestra que la interpretación y aplicación del derecho que garantice la igualdad es capaz de generar cambios sociales que favorezcan los derechos de las mujeres y las niñas.

El Tribunal Supremo ha condenado al Estado español a pagar una indemnización de 600.000 euros a Ángela González por su responsabilidad en la muerte de su hija Andrea, de 7 años de edad, que fue asesinada por su padre en el año 2003 durante un régimen de visitas sin supervisión impuesto por una jueza.

En la sentencia, el Tribunal Supremo reconoce el daño que la justicia española le infringió a Ángela, afirmando que “se produjo por la desprotección que ha soportado durante años ante una clara situación de discriminación, antes y después del fallecimiento de su hija”.

Además, la decisión establece la obligación del Estado de cumplir con el dictamen del Comité CEDAW que en el año 2014 condenó a España por no haber protegido a Ángela ni a su hija. “Se trata de un precedente importantísimo, porque señala el carácter vinculante del dictamen de la CEDAW”, ha dicho Gema Fernández, abogada de Women’s Link Worldwide, que hoy acompañaba a Ángela en rueda de prensa. “Esta sentencia supone un gran avance en la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijas e hijos. Y tiene un impacto muy positivo en nuestra democracia al volver a recordar que el Estado tiene obligación de cumplir con los estándares internacionales y garantizar que se respeten los derechos humanos”.

El Estado tiene obligación de cumplir con los estándares internacionales y garantizar que se respeten los derechos humanos

El Estado español llevaba 4 años excusándose en la inexistencia de mecanismos que permitieran aplicar los dictámenes internacionales para no tener que cumplir con la condena del Comité CEDAW. Ahora, el Supremo echa por tierra esa postura e indica que en ausencia de un cauce específico en el ordenamiento español que obligue a cumplir los dictámenes internacionales, el procedimiento judicial usado por Ángela ha sido el adecuado para exigir su cumplimiento.

“A mi hija la asesinaron porque no se la protegió y la justicia priorizó el derecho de un padre maltratador”, ha dicho Ángela González, quien ha agradecido el apoyo y el afecto recibido durante estos años en los que ha habido que luchar con “mucha valentía” buscando justicia “para que lo que me ha pasado a mí y a mi hija no volviera a pasar”.

Protección y reparación

Según Women’s Link, esta decisión del Supremo demuestra que el sistema de protección tiene que mejorar y lanza un mensaje: la violencia de género puede imputarse a la responsabilidad del Estado. Efectivamente, garantizar el derecho a la justicia sin discriminación en el caso de la violencia de género significa que las denuncias y recursos disponibles se tramiten sin demora, que se garantice la protección de las mujeres, hijos e hijas, pero también, ha explicado la abogada, que cuando se han producido daños, se produzca una reparación.

En ese sentido, aunque la sentencia del Supremo se enfoca en la indemnización desde la organización afirman es solo el primer paso de una serie de medidas marcadas por el Comité CEDAW que el Estado aún tiene que cumplir para mejorar su respuesta contra la violencia de género. “Desde Women’s Link vamos a seguir trabajando por su cumplimiento”, ha dicho Gema Fernández, recordando que “los derechos de las mujeres son derechos humanos”.

“Estaré donde la gente me pida y me necesite”, ha afirmado Ángela González, animando a todas las mujeres que se encuentren en una situación de violencia de género a “luchar y ser valientes”. Esta sobreviviente ha enfatizado: esta lucha necesita todo el apoyo de la sociedad.

“La sentencia del Supremo puede y debe ser una herramienta para todas las que trabajamos en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y en la incorporación de la perspectiva de género a la justicia”, ha concluido Fernández.

Resumen del caso Ángela

Ángela González es una sobreviviente de violencia de género. Decidida a acabar con esa violencia, en 1999 huyó de la casa familiar con su hija Andrea, que entonces tenía 3 años, denunció el maltrato que sufrían y solicitó la separación del agresor. El maltrato continuó después del divorcio, a través de su hija Andrea. A pesar de las decenas de denuncias interpuestas por Ángela, los estereotipos de género que persisten en el sistema de justicia impidieron que se protegiera de manera adecuada a ella y a su hija Andrea, que terminó siendo asesinada por el agresor durante un régimen de visitas no supervisado en el año 2003. Tenía sólo 7 años.

Desde entonces Ángela pleiteó de forma continua en los tribunales españoles en busca de justicia y de que se reconociera la responsabilidad del Estado en el asesinato de su hija. No la obtuvo, por lo que, en 2012, Women’s Link llevó el caso ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En 2014, este Comité condenó a España por no haber protegido a Ángela y a su hija y dictó una serie de medidas que el Estado español debía implementar para proteger a las mujeres y a sus hijos e hijas de la violencia de género.

Durante cuatro años el Estado español se negó a implementarlas, alegando que los dictámenes de la ONU no son de obligado cumplimiento. Por ello, Women’s Link inició un nuevo un proceso judicial para exigir que el Estado cumpliera con sus obligaciones internacionales.

Durante dicho procedimiento, el caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que acaba de pronunciarse y ha condenado al Estado español a pagar una indemnización de 600.000 euros a Ángela. Además, ha reconocido la obligación del Estado de cumplir con los estándares internacionales, lo que sienta un precedente único en la defensa de los derechos humanos.

Cronología

• 3 de septiembre de 1999: Ángela González huye de la casa familiar junto a su hija Andrea de 3 años para protegerla de la terrible violencia que su marido ejerce sobre ella y sobre su hija.
• Entre 1999 y 2002, Ángela consigue que las visitas de su hija Andrea con su padre maltratador sean siempre supervisadas, ya que teme que este pueda hacer daño a su hija.
• 6 de mayo de 2002: a pesar de llevar dos años y medio denunciando al menos una vez al mes el acoso por parte de su ex marido (insultos, amenazas de muerte, persecuciones, ataques a la niña, golpes), una jueza del Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Navalcarnero decide que no existen razones para que el padre no esté a solas con su hija. Ángela recurre la decisión.
• 17 de junio de 2002: el Juzgado de Primera Instancia nº1 de Navalcarnero desestima el recurso de Ángela y autoriza las visitas sin supervisión. Establecen que el punto de recogida y entrega de la menor sea en los Servicios Sociales.
• 8 de enero de 2003: Ángela presenta ante el juzgado un escrito en el que ruega que escuchen a la niña, que no quiere estar con su padre. Ese mismo día, los Servicios Sociales presentan un informe en el que advierten de que él está usando a la niña para agredir a la madre a base de preguntas sobre su intimidad y amenazas que confunden a Andrea.
• 11 de abril de 2003: la trabajadora social que está presente cuando el agresor recoge a la niña advierte de que él la está utilizando para agredir a Ángela, e insiste en que la niña no quiere estar con su padre, que se siente “incómoda y confusa”.
• 24 de abril de 2003: el ex marido de Ángela asesina a su hija Andrea durante una de las visitas no supervisadas y después se suicida. La niña tenía 7 años y había repetido una y otra vez que no quería ir con su padre.
• 2 de enero de 2004: el Juzgado de Instrucción Número 3 de Navalcarnero declara “extinguida la responsabilidad penal” en el asesinato de Andrea Rascón. Ángela recurre la decisión, sin éxito.
• 23 de abril de 2004: Ángela inicia su lucha contra la Administración pública española, que llega hasta hoy sin haber conseguido resultados. Defiende que la Administración de Justicia y los Servicios Sociales españoles fallaron en su deber de proteger la vida de su hija Andrea y que el Estado primó el derecho de su ex marido a tener una relación con su hija, en lugar de velar por el interés superior de su hija.
• 3 de noviembre de 2005: el Ministerio de Justicia desestima su reclamación, alegando que la vía judicial elegida era errónea. Ángela recurre, nuevamente sin éxito. A este rechazo le siguen el de la Audiencia Nacional (10 de diciembre de 2008), el Tribunal Supremo (15 de octubre de 2010), que además le obligó a pagar las costas, y el Constitucional, que el 27 de abril de 2011 inadmitió la demanda.
• Septiembre de 2012: agotadas todas las vías en España, Ángela y la organización internacional Women’s Link presentan el caso ante el Comité CEDAW de la ONU.
• Julio de 2014: el Comité CEDAW emite un dictamen en el que afirma que el Estado español vulneró los derechos de Ángela y de su hija y realiza una serie de recomendaciones para mejorar la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas. A día de hoy, Estado español no ha acatado la condena de la ONU por no considerarla vinculante.
• 2016: la Audiencia Nacional sigue insistiendo en que los procedimientos legales y las decisiones tomadas por la Justicia española fueron correctas.
• 20 de julio de 2018: el Tribunal Supremo da la razón a Ángela y condena a España a indemnizarla con 600.000 euros. Además, reconoce la obligación del Estado de cumplir los dictámenes internacionales.

Fotos: AmecoPress y cedida por Laura Martínez Valero / Women’s Link Worldwide
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Pies de foto: 1) Ángela González mostrando la decisión del Tribunal Supremo; 2) Ángela González y Gema Fernández en rueda de prensa;


Estado español – Violencia de género – Legislación y género; 24 julio. 18. AmecoPress




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