Miércoles, 15 de agosto de 2018.

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Basta de violencia y represión en Nicaragua

Internacional, Comunicados, Movimiento feminista, Madrid, Jueves 19 de julio de 2018, por Redacción AmecoPress


Madrid, 19 julio. 18. AmecoPress. Mientras la persecución, las detenciones arbitrarias y los asesinatos se multiplican, Ortega mantiene la compostura en actos de homenaje a la “revolución” sandinista. Hoy, 19 de julio, se conmemora la expulsión de Somoza, en 1979. Diversas redes y testimonios evidencian la cruenta represión y violencia que asola el país. Después de 92 días, Nicaragua suma al menos 351 muertos, según cifras de organismos humanitarios, miles de heridos, denuncias de "desapariciones forzosas", cientos de personas detenidas y miles solicitando refugio en la vecina Costa Rica. La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) denuncia la lista de agresiones a periodistas en Nicaragua crece cada día un poco más: agresiones físicas, arrestos, detenciones arbitrarias, confiscación de material, robo o destrucción de equipo de trabajo. Ortega ordena desconectar la televisión para que la represión no pueda ser retransmitida. En opinión de RSF, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha instaurado un verdadero aparato represivo y de censura, creando un ambiente en el que el trabajo de la prensa se ha vuelto muy difícil. En Nicaragua ha estallado una generación joven que reacciona a la escalada de autoritarismo y de recorte de libertades de los últimos años. La oposición al gobierno ha ido creciendo y dentro de ella, las feministas han ido articulando un movimiento social muy potente. De todo ello, poco sabemos en Europa y en España.

Diversas redes y colectivos feministas locales, regionales y nacionales, han expresado a través de un comunicado su “más enérgica condena” al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo frente a la “cruenta represión” desatada en contra de estudiantes universitarios que protagonizaban protestas pacíficas por la reforma de la seguridad social, aprobada por el Instituto de Seguridad Social (INSS) y ratificada por decreto ejecutivo de Ortega, en un claro acto de violación a la Constitución Política de Nicaragua.

El gobierno Ortega-Murillo ha organizado la represión contra jóvenes universitarios y la población que les apoya activamente, conjugando las fuerzas antimotines de la Policía Nacional con las fuerzas paramilitares integradas por jóvenes supuestamente organizados en lo que ellos denominan “Juventud Sandinista”.

Las feministas aseguran que la violación de los derechos humanos llega al punto de perseguir a las personas que solidariamente recolectan víveres y medicinas para llevarles a las y los estudiantes que permanecen en las universidades resistiendo a los ataques de los antimotines y paramilitares.

“En un despliegue de cinismo e irresponsabilidad el gobierno Ortega-Murillo ha pretendido responsabilizar a las y los jóvenes universitarios de los daños provocados a establecimiento s públicos y privados, sin embargo existen evidencias contundentes de que dicha destrucción es responsabilidad de las fuerzas paramilitares, protegidos por los antimotines, quienes no solo han quemado una radio privada, sino, han robado equipos de filmación y celulares a periodistas y estudiantes”, constata el comunicado.

El gobierno Ortega-Murillo en el afán de impedir que los pocos medios de información independientes que todavía subsisten en el país informen a la ciudadanía, cerró de facto varios canales de televisión incluyendo 100% Noticias, Canal 12 y Canal 23.

En un intento de desmovilizar a la población que en todo el país está protestando por las reformas inconstitucionales a la seguridad social, el gobierno ha ofrecido al Consejo Superior de la Empresa Privada retomar las negociaciones que han sostenido durante más de una década en torno a temas económico-empresariales, sin asumir ningún compromiso con el cese de la represión y el castigo a los responsables de los asesinatos y otros atropellos cometidos durante los últimos días.

Demandas del movimiento de mujeres

En este escenario de violencia institucionalizada, el movimiento de mujeres y feminista de Nicaragua, que ha vivido la represión y violación sistemática de derechos humanos con un gobierno patriarcal, excluyente y misógino durante los últimos 11 años, expresa las siguientes demandas:

Cese inmediato de la represión en contra de las y los estudiantes universitarios, sus familias y las comunidades que se han movilizado para respaldar sus luchas.

Asegurar atención médica de calidad a los jóvenes heridos que han sido llevados a los hospitales públicos y velar por su integridad.

Liberar a todos los jóvenes que han sido encarcelados por la policía nacional y respetar su integridad.

Dejar de perseguir y golpear a las y los jóvenes que han participado en las protestas.
Castigar a los paramilitares y antimotines que cometieron actos de brutalidad en contra de las y los jóvenes.

No tomar ningún tipo de represalias en contra de las y los estudiantes universitarios que participaron en las protestas.

Respetar de manera irrestricta la libertad de prensa y evitar cualquier tipo de censura a las y los periodistas.

Abstenerse de su intento de control de las redes sociales y de los pocos medios de información independientes que han logrado sobrevivir.

Derogar a lo inmediato las reformas a la seguridad social y tomar con responsabilidad las propuestas formuladas por voces especialistas en seguridad social, incluyendo la rendición de cuentas y el pago que le corresponde hacer al gobierno a esta institución.

Respetar el derecho de la ciudadanía nicaragüense, de organizarse libremente y expresarse sin ningún tipo de coerción estatal, tal y como ha ocurrido de manera sistemática durante más de una década.

Abstenerse de utilizar a las y los trabajadores del Estado para participar en acciones políticas que violentan la libertad de conciencia y de movilización.

Respetar la autonomía universitaria consignada en la Constitución Política, rompiendo con las actuales lógicas de partidización.

El movimiento de mujeres y feministas nicaragüense en sus diversas expresiones, reitera su compromiso con la defensa de derechos, incluyendo el derecho a vivir una vida digna y libre de todas las formas de violencia. Asimismo, anima a la sociedad nicaragüense, a no dejarse intimidar y continuar solidarizándose con la causas justas que defienden las mujeres, las y los jóvenes, el campesinado, los pueblos indígenas y afrodescendientes, los colectivos LGTB y todos aquellos grupos que quieren vivir en una sociedad verdaderamente democrática.

Foto: archivo AmecoPress, cedida por Amnistía Internacional, Inti Ocon/AFP/Getty Images
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