Martes, 17 de julio de 2018.

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Jornada ‘Pacto de Estado. Violencia de género y Justicia’, organizada por Jueces y Juezas para la Democracia

Poder Judicial y Poder Político analizan el Pacto de Estado contra la violencia de género

Critican la escasa atención del Pacto a la violencia sexual y recuerdan que en el Estado español cuatro mujeres son violadas al día

Política, Legislación y género, Política y género, Violencia de género, Madrid, Lunes 25 de junio de 2018, por Gloria López


Madrid, 25 junio. 18. AmecoPress. El pasado viernes, 22 de junio, tuvo lugar la jornada ‘Pacto de Estado. Violencia de género y Justicia’, organizada por Jueces y Juezas para la Democracia y que contó con representantes de los partidos políticos artífices del Pacto y expertas y representantes de asociaciones.

“Queremos establecer un diálogo abierto y comprometido que sea productivo a modo de impulso de las medidas que tan necesariamente han de adoptarse contra la violencia de género”, dijo la coordinadora de la comisión de Violencia de Género de Jueces y Juezas para la Democracia, Esther Erice, al comenzar el acto.
En la mesa, intervinieron Ángeles Álvarez, del Partido Socialista Obrero Español, Ángela Rodríguez Martínez ("Pam") de Unidos Podemos, Marta Sorlí Fresquet de Compromís, María Dolores Alba Mullor del Partido Popular y Marta Martín de Ciudadanos.

Si bien el Pacto de Estado contra la violencia de género es valorado como un avance fruto del esfuerzo por dialogar y llegar a consensos, la falta de presupuesto para implementarlo y cierta ausencia de resolución para llevar a cabo medidas previstas no tan dependientes de los recursos económicos nublan el recorrido. Toda esta confluencia de criterios y pareceres, plazos y prioridades, se entrelaza también con el cambio de Gobierno. “Todavía no tenemos ni delegada de Gobierno para la violencia de género”, dijo Ángeles Álvarez, pidiendo comprensión hacia el grupo socialista por no haber convocado las reuniones de la Comisión de Seguimiento del Pacto.

Entre las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en 2017 por el Congreso de los Diputados se encuentran:

Ampliar la formación especializada que reciben los y las profesionales de la Administración de Justicia, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de prevención de la violencia de género y en materia de trata, llevando estos contenidos también a los jueces y juezas de familia y de menores, además de a los juzgados especializados en violencia de género. Estructurarla en planes que contemplen una formación transversal, estable, multidisciplinar y evaluable.

Introducir temas de Derecho Antidiscriminatorio, incluyendo la perspectiva de género y la transversalidad, en las oposiciones a judicatura, Escuela Judicial, y formación continua anual, impartida por el Consejo General del Poder Judicial, pasando esta materia a ser obligatoria y evaluable. Asimismo introducir pruebas específicas en violencia de género, como requisito para concursar a órganos judiciales especializados.

Trasladar al Consejo General del Poder Judicial la sugerencia de que se evalúe la formación en materia de igualdad de jueces y juezas y fiscales, así como el grado de cumplimiento y alcance de estas medidas de formación.
Así mismo, se recoge ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra las mujeres contenidos en el Convenio de Estambul y realizar los cambios pertinentes en materia legislativa para su correcta aplicación. Para ello se introducirá la perspectiva de género y la de derechos humanos en todas las normativas y disposiciones contra las violencias sexuales de la legislación española.

En cuanto al acuerdo 112, que prevé la creación de un grupo de trabajo en el que haya representantes de las asociaciones judiciales, una de las expertas que intervino en la Comisión de Igualdad, encargada de dar forma al Pacto, Begoña San José, que participó en la Jornada del viernes, preguntó si las asociaciones estaban siendo diligentes o esperaban a ser llamadas. Las organizaciones se mostraron abiertas a participar cuando son llamadas. Las diputadas explicaron que ese punto se pensó para que se articulara desde el Consejo General del Poder Judicial, en concreto a través del Observatorio, para que, por ejemplo, se revisaran los protocolos para la elaboración de estadísticas, y no como punto a implementar por parte del poder político.

En varias intervenciones se criticó que el Pacto no incluyese de manera explícita medidas para abordar la prevención y actuación frente a la violencia sexual, aunque la representante de Unidos Podemos fue la más crítica. “El Pacto reconoce diferentes formas de violencia pero no profundiza en las medidas de protección y tratamiento de las diferentes formas de violencia”, dijo Ángela. “La violencia sexual es muy grave y es olvidada en el Pacto”, enfatizó, recordando que en el Estado español y según cifras oficiales se producen 4 violaciones diarias. La diputada defendió: “debemos regular de manera específica e integral contra cada una de las formas de violencia que existen”.

Foto: archivo AmecoPress
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Política – Legislación y género – Violencia de género; 25 junio. 18. AmecoPress




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