Viernes, 17 de agosto de 2018.

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La irrupción de las transnacionales en comunidades indígenas y campesinas profundiza las desigualdades entre mujeres y hombres

Ecologistas en Acción, OMAL-Paz con Dignidad y Calala Fondo de Mujeres, han publicado el informe ‘El IBEX 35 en guerra contra la vida. Transnacionales españolas y conflictos socioecológicos en América Latina. Un análisis ecofeminista’

Economía, Movimiento feminista, Empoderamiento, Mujeres del mundo, Género y desarrollo, Ecofeminismo, Ecología, Madrid, Jueves 31 de mayo de 2018, por Gloria López


Madrid, 31 mayo. 18. AmecoPress. Los ataques, agresiones y asesinatos a defensoras de Derechos Humanos no cesa. Berta Cáceres o Marielle Franco son nombres de una tragedia que en América Latina recoge cifras desoladoras: 2.197 agresiones a mujeres defensoras de Derechos Humanos según un informe de IM- Defensoras que fue presentado recientemente en Madrid, en el que también se señala que los principales responsables de las agresiones son, en su mayoría, de los Estados: policías, militares o autoridades. Y ellas, las defensoras, son más vulnerables.

Los asesinatos son solo la punta del iceberg de un patrón sistemático para acallar a quienes se enfrentan a los intereses corporativos, que incluyen amenazas, hostigamiento y detenciones, entre otras agresiones físicas, legales y sociales.
La acción de las transnacionales españolas en el exterior no está desvinculada de este contexto. Ecologistas en Acción, OMAL-Paz con Dignidad y Calala Fondo de Mujeres, han publicado el informe ‘El IBEX 35 en guerra contra la vida. Transnacionales españolas y conflictos socioecológicos en América Latina. Un análisis ecofeminista’. El informe visibiliza y denuncia los impactos socioecológicos y la vulneración de derechos humanos cometidos por la acción de empresas españolas en América Latina, basándose en la descripción de tres conflictos originados por la acción de varias empresas españolas: Repsol, ACS, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia.

Asimismo, el documento muestra cómo la irrupción de las transnacionales en comunidades indígenas y campesinas ha supuesto una reconfiguración de las relaciones de género. La implementación de los megaproyectos se asienta sobre la existencia de desigualdades entre mujeres y hombres, y las profundiza.

Miriam García-Torres, de Ecologistas en Acción, explica que las transnacionales tienen un poder económico y político mayor que los mismos Estados y que por tanto, “influyen en los marcos normativos”, además de tener “mucha capacidad de construir un imaginario colectivo que les interese” a través de los medios de comunicación, la publicidad y la educación. Es lo que Yayo Herrero, llama “sacralización del dinero”, que conduce a un “sacrificio” de los recursos naturales y de la vida de las personas. Es una paradoja: llamar desarrollo a una civilización que se destruye a sí misma.

En primer lugar, los megaproyectos de las empresas analizadas en el informe se ubican en territorios indígenas y campesinos, provocando graves impactos socioecológicos en las zonas donde se asientan. Contaminación y acaparamiento de tierras y de agua, deforestación y fragmentación de ecosistemas, y pérdida de biodiversidad son algunos de los impactos ecológicos provocados por las empresas de forma sistemática en todos los casos analizados.

Para las poblaciones locales la llegada de las corporaciones supone una pérdida de su soberanía alimentaria y su autonomía, y una ruptura de sus formas de reproducir la vida tanto en términos materiales como socio-culturales.

Asimismo se han detectado patrones sistemáticos de vulneración de derechos humanos cuando las empresas españolas tratan de implantar sus megaproyectos en los territorios. La ausencia de un ejercicio de consulta previa, libre e informada tal y como exige el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas es un rasgo común en todos los casos analizados, pero no el único.

Desinformación, engaños, firma de contratos abusivos, incumplimiento de acuerdos, sobornos, generación de redes clientelares, cooptación de dirigencias locales, extorsión, injerencias e infiltración en organizaciones locales son algunas de las tácticas identificadas que utilizan las compañías.

En este contexto, las defensoras y defensores del medio ambiente que se oponen a los intereses corporativos son objeto de procesos de criminalización, acoso, persecución, estigmatización, judicialización, amenazas, agresiones y asesinatos cometidos en el marco de los conflictos.

Estas agresiones no siempre son cometidas directamente por los actores corporativos, pero todas ellas tienen lugar en el marco de los conflictos originados por sus actividades, y están dirigidas a asegurar los intereses económicos de sus inversiones.

Múltiples impactos de género

Los impactos de género que el informe relata son múltiples y variados, por ejemplo: exclusión de las mujeres de los procesos de toma de decisiones (al impulsar negociaciones bilaterales y no colectivas), precarización económica de las mujeres (al fomentar la dependencia del trabajo asalariado, un sector muy masculinizado en las zonas descritas), o el aumento de la inseguridad en la vida de las mujeres, de su control social y de las violencias de género (provocados, entre otras causas, por la militarización de las zonas y el gran aumento de presencia de hombres foráneos, relacionado con los trabajos de infraestructuras).

Ante este escenario, no es de extrañar que las mujeres estén asumiendo, cada vez más, un rol protagónico en la defensa del territorio y la naturaleza. El informe reconoce el papel fundamental de las mujeres activistas frente a los intereses corporativos. Con su trabajo diario, las defensoras recuperan el espacio político en el cual no han sido reconocidas y se constituyen como referentes para poder construir paradigmas de vida alternativos frente a un escenario global de crisis ecológica y civilizatoria.

Mujeres que enfrentan un conjunto de relaciones entretejidas por el patriarcado y el machismo

Las defensoras están encabezando las luchas por el territorio, denuncian la violencia, el feminicidio y las desapariciones forzadas. Pero además, son quienes señalan también la impunidad y la corrupción. Por eso son cada día más agredidas. La mayoría de las agresiones, más de un 60 por ciento de las registradas, se dieron en forma de intimidación y hostigamiento psicológico, seguido por las campañas de desprestigio y las amenazas. A menudo, según el informe ‘Cuerpos, Territorios y Movimientos en resistencia en Mesoamérica’, de IM-Defensoras, estos se dan de forma conjunta y se ataca directamente a la vida privada de las activistas, para lo que también se utiliza a sus familiares, sobre todo a sus hijos e hijas, que a veces presencian las agresiones o son usadas para enviarles mensajes con amenazas. Otras agresiones recibidas tuvieron que ver con el uso excesivo de la fuerza, la criminalización, la tortura y las restricciones a su labor.

Ellas sufren la discriminación y la violencia por el hecho de ser activistas y mujeres: insultos machistas, referencias a su sexualidad, violencia física, acoso y agresiones sexuales, el cuestionamiento de labor permanente al ser culpadas de "desintegrar familias" o no asumir los roles sexistas y el escaso reconocimiento a su activismo. Un 37% de las agresiones registradas tenían que ver con su condición de mujer, según la investigación.

Propuestas

Frente a esta situación, el informe de Ecologistas en Acción señala la necesidad urgente de poner en marcha varias medidas políticas, entre ellas: impulsar y establecer marcos normativos nacionales e internacionales jurídicamente vinculantes sobre empresas transnacionales y Derechos Humanos, que establezcan regulaciones de obligado cumplimiento e impongan sanciones frente a las violaciones cometidas; suspender y abandonar las negociaciones sobre tratados de comercio e inversión (como el TTIP, CETA, TISA y otros que la Unión Europea pretende implementar con México, Mercosur, Japón, etc.), ya que refuerzan la arquitectura jurídica de la impunidad a favor de las transnacionales y ponen la generación de beneficios económicos por encima de cualquier proceso de reproducción de la vida; incentivar el desarrollo de formas de economía social, feminista y ecológica, centradas en el bien común y no en la acumulación de plusvalía monetaria, que pongan en el centro los procesos la sostenibilidad de la vida y garanticen la equidad social.

Los Estados apuestan por la criminalización de quienes defienden los derechos humanos, por el control, las políticas de “seguridad” y por la militarización de las fronteras. Con esa actuación comparten y refuerzan intereses con las grandes empresas que las que se entrelazan en el complejo entramado de la industria de la seguridad y la defensa. En Europa, la veda se ha abierto y las empresas armamentísticas empiezan a campar a sus anchas. La idea de que necesitamos más seguridad, más militarización, más control, más ejército europeo se levanta sobre un imaginario colectivo perverso y xenófobo, que estigmatiza lo diferente.

“El feminismo aporta mucho a la hora de entender hacia dónde apuntar en la creación de un nuevo modelo”, expone Miriam García-Torres. Y es que las alternativas solo serán posibles desde “otros imaginarios”. Imaginarios en los que la vida ocupa el lugar central. Imaginarios donde los cuidados, la paz, la diversidad y la solidaridad se vislumbran como pilares esenciales del modelo social.

Foto: archivo Amecopress, tomadas del informe ‘El IBEX 35 en guerra contra la vida. Transnacionales españolas y conflictos socioecológicos en América Latina. Un análisis ecofeminista’
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Economía – Mujeres del mundo – Derechos humanos – Género y desarrollo – Ecofeminismo – Ecología – Feminismo – Movimiento feminista; 31 mayo. 18. AmecoPress




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