Sábado, 23 de junio de 2018.

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JJpD exige formación en perspectiva de género y Derechos Humanos

El objetivo es garantizar una interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico libre de estereotipos de género

Comunicados, Género y desarrollo, Derechos humanos, Política y género, Violencia de género, Acoso sexual, Formación en género, Madrid, Jueves 31 de mayo de 2018, por Redacción AmecoPress


Madrid, 31 mayo 18. AmecoPress.- Juezas y Jueces por la Democracia ha emitido un comunicado en el que exigen al Consejo General del Poder Judicial que aborde un Plan de Formación Integral de la carrera judicial con perspectiva de género y sin exclusiones de ningún tipo, con calendario expreso que evidencie su compromiso y garantizar así una interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico libre de estereotipos de género.

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), aprobado el 11 de mayo de 2011 y suscrito por España el 6 de junio de 2014, recoge la necesaria formación de los profesionales implicados en prevenir, investigar, castigar y reparar los perjuicios ocasionados por los actos de violencia incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio.

En el art. 49 del texto del Convenio, los Estados se comprometen a adoptar las medidas legislativas necesarias en conformidad con los principios fundamentales de los derechos humanos y teniendo en cuenta la perspectiva de género para garantizar una investigación y un procedimiento efectivos respectos a los delitos referidos a este tipo de violencia.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) encomendó a España la labor de proporcionar formación obligatoria a los jueces y personal administrativo competente sobre la aplicación del marco legal en materia de lucha contra la violencia doméstica que incluya formación acerca de la definición de la violencia doméstica y sobre los estereotipos de género, así como una formación apropiada con respecto a la Convención, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité.

Medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Asimismo, entre las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en 2017 por el Congreso de los Diputados se encuentran:

Ampliar la formación especializada que reciben los y las profesionales de la Administración de Justicia, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de prevención de la violencia de género y en materia de trata, llevando estos contenidos también a los jueces y juezas de familia y de menores, además de a los juzgados especializados en violencia de género. Así como estructurarla en planes que contemplen una formación transversal, estable, multidisciplinar y evaluable.

Introducir temas de Derecho Antidiscriminatorio, incluyendo la perspectiva de género y la transversalidad, en las oposiciones a judicatura, Escuela Judicial, y formación continua anual, impartida por el Consejo General del Poder Judicial, pasando esta materia a ser obligatoria y evaluable. Así como introducir pruebas específicas en violencia de género, como requisito para concursar a órganos judiciales especializados.

Trasladar al Consejo General del Poder Judicial la sugerencia de que se evalúe la formación en materia de igualdad de jueces y juezas y fiscales, así como el grado de cumplimiento y alcance de estas medidas de formación.

Ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra las mujeres contenidos en el Convenio de Estambul y realizar los cambios pertinentes en materia legislativa para su correcta aplicación.

Enjuiciamiento con perspectiva de género

Para llevar a su término cada una se las medias es necesario introducir la perspectiva de género y de derechos humanos en todas las normativas y disposiciones contra las violencias sexuales de la legislación española.

El enjuiciamiento con perspectiva de género en el siglo XXI, no es una mera recomendación para el buen hacer de la función jurisdiccional. La formación de quienes integran el Poder Judicial en perspectiva de género es una obligación contraída por el Consejo General del Poder Judicial, que tiene encomendada la formación de jueces y juezas en la LOPJ.

También es una obligación de jueces y juezas, como compromiso ético personal de quien tiene encomendada constitucionalmente la función de ser garantes de los derechos de toda la ciudadanía, y por ende también de las mujeres que suponen algo más del 50% de la población.

La necesidad de que las resoluciones judiciales incorporen esta perspectiva se incluye además en la Recomendación General nº 33 del Comité de la Cedaw sobre el acceso de las mujeres a la justicia, que afirma que la calidad de la Ley se ve mermada con el dictado de “resoluciones insensibles al género”, así como que “Las mujeres deben poder confiar en un sistema de justicia libre de mitos y estereotipos y en un poder judicial cuya imparcialidad no se vea comprometida por estas suposiciones sesgadas. La eliminación de los estereotipos en el sistema de justicia es un paso crucial para garantizar la igualdad y la justicia para las víctimas y supervivientes”.

Foto: Archivo AmecoPress
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31mayo 18. AmecoPress.




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