La directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Ángela Sanroma, resalta la normativa autonómica contra los malos tratos
Ángela Sanroma, directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, participó en el Congreso “Tres años de la aplicación de la Ley Integral” organizado por la Fundación Themis en el Senado. En su intervención recalcó que la normativa autonómica contra los malos tratos amplía determinados derechos sociales para las mujeres víctimas como son la asistencia jurídica especializada gratuita, las ayudas económicas cuando existan secuelas, las ayudas para las mujeres a la salida de la casa de acogida, la publicación de las sentencias condenatorias y la personación de la Junta de Comunidades en los casos de muerte o especiales circunstancias.
Castilla-La Mancha fue invitada al congreso para exponer su experiencia en la aplicación de la Ley de Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres Maltratadas, por ser la primera norma que se aprobó en España para luchar contra la violencia machista y que supuso un precedente para la posterior Ley Integral.
Durante su intervención, Sanroma recordó tres hitos que han marcado el compromiso del Gobierno regional en la lucha contra el maltrato como el Informe del Defensor del Pueblo “La violencia doméstica contra las mujeres”, publicado en 1998; el Protocolo de Actuación para la Persecución de las Infracciones Penales de Malos Tratos en el Ámbito Familiar en 1999, que fue pionero en nuestro país, y la Ley de Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres Maltratadas.
La directora afirmó que las leyes son una herramienta imprescindible en la erradicación de la violencia de género porque contribuyen a garantizar unas condiciones de mayor seguridad a toda mujer que se encuentre en una situación de denunciar o abandonar una relación violencia y reconocen una serie de derecho sociales que propician el paso de la mujer “de víctima a ciudadana autónoma.”
Ilustró su discurso con la comparación entre la norma autonómica y la norma estatal contra el maltrato, y concluyó que ambas leyes son compatibles, pero que la legislación autonómica en algunos casos amplía la previsión de derechos que supone la Ley estatal. En ese sentido destacó la asistencia jurídica gratuita especializada del que disponen las mujeres de Castilla-La Mancha, aludió a las ayudas económicas de solidaridad que se entregan a las mujeres con secuelas psicológicas o físicas como consecuencia del maltrato, y las ayudas a la salida de la casa de acogida, y citó el ejercicio de la acción popular por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ante casos de muerte o especiales circunstancias o a la posibilidad de la publicación de las sentencias condenatorias bajo autorización de las víctimas con el fin de acabar con la impunidad de los violentos y la falta de reproche social.
La titular del Instituto de la Mujer manifestó que las leyes no son suficientes para acabar con la violencia machista, puesto que la única causa de la misma es la desigualdad y ésta “hunde sus raíces en una trayectoria cultural repleta de estereotipos discriminatorios”. Por ello, recordó que su organismo continuará trabajando comprometidamente para eliminar los focos de desigualdad que persisten.
Estado español – violencia de género – legislación y género; 31 octubre (08) AmecoPress