Martes, 18 de septiembre de 2018.

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México: Ante la criminalización a mujeres que denuncian violencia de género, urge movilización templada y asertiva

Las instituciones, que debían proteger, son cómplices

Internacional, Opinión, Movimiento feminista, Legislación, Violencia de género, Cd. de México, Viernes 16 de febrero de 2018, por Sara Lovera


Cd. de México, 15 feb. 18. AmecoPress.- Ante la creciente visibilidad de la violencia contra las mujeres, la movilización en todo México para señalar dónde y cómo crece la impunidad y el compromiso de muchas personas que trabajan para que los delincuentes sean identificados y juzgados, hay una respuesta de franca omisión de su responsabilidad e incumpliendo a las leyes por parte del funcionariado, los acusados y de quienes operan la justicia. Incluso de instituciones que debieran evitar esa violencia acaban por convertirse en cómplices.

El caso de Lucero Circe López Riofrío, directora de la organización Humanas contra la Violencia y promotora de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Michoacán, se suma a una docena de incongruencias sucedidas también en la Ciudad de México como las universidades Nacional Autónoma de México y la Autónoma de la Ciudad de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y numerosas instituciones gubernamentales, donde se permite a los acusados revertir su crimen contra las víctima.

Estas instituciones que debieran promover el conocimiento, los derechos humanos, la igualdad y el respeto a la ley, evitar la violencia de género, el hostigamiento, el abuso y el acoso, la violación sexual y el asesinato, han encontrado una forma de evadir su responsabilidad, por una parte, y desde la ventanilla de ministerios públicos, juzgados e instituciones, se maltrata, se da la vuelta y muchas personas tras esas ventanillas se convierten en aliadas de los delincuentes.

Evidentemente se trata de una respuesta desde los distintos poderes y los hombres que seguramente han considerado que lo que hacen es algo “natural” y que sociedad e instituciones los protegen, una forma de criminalizar a quienes defienden el derecho de las mujeres a una vida sin violencia.

Frente a ello hay movilización y protesta, acciones que pueden dejar en claro que denunciar la violencia contra las mujeres no es un delito. ¿Saben que están haciendo los señalados, delatados, delincuentes? Ahora la práctica es quejarse de ataque a su dignidad. Habría que decirles que denunciar la violencia contra las mujeres no es un delito, ni un ataque a la dignidad de las personas denunciadas.

Urgente es, con una buena y pensada estrategia, devolver el debate a la obligación de las autoridades competentes para investigar debidamente los casos de violencia contra las mujeres y con ello salir de las ambigüedades que propician estos escenarios, donde las defensoras se convierten en acusadas.

En el caso de la directora de Humanas contra la Violencia es preocupante. Vayamos a los hechos:

La activista Lucero Circe López Riofrío fue vinculada a proceso por “delitos contra el honor” en Michoacán, por señalar a un presunto acosador sexual y pedir que no se le añadiera a un grupo de trabajo construido con la aceptación de las autoridades para declarar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Michoacán, de esto hace más de dos años. Un individuo así no podría formar parte de ese grupo que debe diagnosticar y proponer acciones para erradicar la violencia de género.

Los hechos por los cuales la vinculan a proceso por ataque al honor, ocurrieron en enero de 2015, cuando se buscaba mediante un grupo de trabajo, sustentar si había elementos para hacer la declaratoria de la alerta antes mencionada.

Cabe recordar que en Michoacán solo en 2017, ocurrieron más de 60 feminicidios, en un ambiente de violencia generalizado, pues existen en la capital únicamente 290 casos de posible desaparición forzada.

En aquella ocasión la activista manifestó su rechazo a incluir en el grupo de trabajo a un profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana por haber, al menos, dos denuncias en su contra por acoso sexual.

Igualmente, durante esa reunión manifestó que las organizaciones que participaban en el grupo de trabajo pedirían en un oficio que lo removieran del cargo.

El haber mencionado en este grupo de trabajo las acusaciones contra ese profesor fue el motivo por el cual López Riofrío fue denunciada por delitos al honor.

Esto ocurrió a pesar de que al menos de las dos quejas, una ya era denuncia formal, realizada por la vía administrativa por una mujer que hacía su servicio social en la Universidad Michoacana.

Sin embargo, por no contar la universidad con un protocolo para proteger a mujeres de la violencia, únicamente se señaló que existía un ambiente enrarecido en la facultad, sin que hubiera una reprimenda o acusación formal contra el profesor.

Ahora, la activista fue vinculada a proceso por el juez de oralidad Ariel Montoya Romero, que al revisar la causa 28/201 presentada en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, consideró que existían los elementos para presumir la probable comisión del delito de ataque al honor.

La Procuraduría logró esta vinculación a proceso al argumentar que la activista debió acompañar a la presunta víctima a presentar la denuncia ante instancias correspondientes y no exponer públicamente en el grupo de trabajo las acusaciones contra el profesor.

Esto a pesar de que la defensa de la activista explicó que lo que López Riofrío buscaba que se tomaran medidas sobre quiénes participaban en el grupo de trabajo de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres.

Incluso, afirmaron, estos señalamientos sirvieron de criterio para que las autoridades federales establecieran que quienes forman parte de este tipo de grupos de trabajo presenten un documento que pruebe que no existen denuncias por violaciones a los derechos de las mujeres.

En este momento grupos solidarios, mujeres y militantes, ya están vigilando el proceso, en actitud templada pero asertiva. Tras las noticias que circularon el día de la primera audiencia, ya se está cuestionando el proceso. Ojalá se trabaje en la definición de una estrategia eficaz, clara y contundente desde las y los defensores de Derechos Humanos y otros grupos. Se trata de clarificar cómo sucede esto, cómo es posible que caminen estas acciones, en absoluta contradicción con el cacareado avance de protección a los derechos de las mujeres y la preocupación porque disminuya la violencia contra las mujeres. Protocolos, revisión de leyes, capacitación al funcionariado, hace tanta falta como la revolución cultural que no llega, porque todo mundo simula y miente.

Habrá que ver.

Foto: Archivo AmecoPress.

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Internacional – Opinión – Violencia de género – Legislación – Movimiento Feminista. 15 feb. 18. AmecoPress.




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