Martes, 12 de diciembre de 2017.

Entrevistas
Entrevista a Lisbeth Guillén Chávez, coordinadora del Movimiento Manuela Ramos de Perú

“Hay que desarrollar una serie de mecanismos para atender de manera adecuada a cada una de las violencias ejercidas a las mujeres”

Internacional, Política, Voces de mujeres, Legislación y género, Mujeres del mundo, Cooperación, Política y género, Políticas de Igualdad, Violencia de género, Madrid, Martes 28 de noviembre de 2017, por María Luisa Calvo Monedero


Madrid. 28 de noviembre. 17. AmecoPress. Lisbeth Guillén Chávez es jurista de formación, tiene un amplio perfil en temas de género y desarrollo. Anteriormente fue asesora del Ministerio de Promoción de la Mujer peruano. Además, es autora de diversas publicaciones relacionadas con los derechos de las mujeres, entre ellas ’cómo hacer leyes con perspectiva de género’. Actualmente es coordinadora del Movimiento Manuela Ramos de Perú.

La organización que coordina Lisbeth y la ONG española InteRed, apoyadas por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, contribuyen a disminuir el impacto de la violencia de género y sus consecuencias en el departamento peruano de Ayacucho. En consecuencia, han realizado la "Ruta de Atención de la violencia familiar y sexual" con el objetivo de promover, proteger y respetar al derecho de una vida sin violencia para las mujeres.

¿Cómo nació la “Ruta de Atención de la violencia familiar y sexual”?

El Movimiento Manuela Ramos es una organización peruana que va a cumplir 40 años de trabajo institucional, su naturaleza jurídica es de ONG y trabaja con proyectos de cooperación. De momento estamos ejecutando esta ruta con apoyo de la Junta de Andalucía en la región del Perú, Ayacucho. Allí estamos fortaleciendo capacidades en mujeres quechuas para que ellas puedan reproducir todos los contenidos que estamos desarrollando en cursos y también se comprometan a realizar acciones de vigilancia ciudadana para mejorar los servicios vinculados a la violencia.

Esta ruta pretende poner a responsables en diferentes servicios de prevención y atención que atienden a las mujeres víctimas de violencia de género. ¿Qué formación tienen estas personas responsables?

El único componente de la formación es el tema de género, es decir, poder reconocer las dificultades que todavía viven las mujeres. Por lo tanto, las mujeres realizan un programa de formación y así ellas ejecutan estas acciones en otras comunidades o grupos. Asimismo, las mujeres son organizadas en comités de vigilancia ciudadana para hacer un seguimiento de la calidad de atención de los servicios. Y como estamos implementado toda una nueva normatividad frente a la violencia de género, se tiene que trabajar con los diferentes servicios para que puedan realizar adecuadamente las obligaciones que están señaladas en el Plan Nacional contra la Violencia de Género.

Una de vuestras líneas de trabajo en el proyecto es fortalecer a las organizaciones para el trabajo en red. ¿A qué organizaciones os referís?

El fortalecimiento en red es fundamental. Es un mecanismo de protección para las propias mujeres porque incluso en la decisión de poner una denuncia, de acercarse a un servicio público, se coloca muchas veces a las mujeres en un mayor riesgo. Entonces, las redes de mujeres son también mecanismos de protección para ellas, ya que las orientan y fortalecen. Pero también se articulan con instituciones del Estado, en los espacios de concertación que hay en cada uno de los niveles de gobierno.

Otra de vuestras líneas de trabajo a través de la ruta es incidir políticamente. ¿En qué se basa?

En el nivel más comunitario, las observaciones que realizan las mujeres de la calidad de los servicios se traducen en recomendaciones para que haya mejoras. Pero también se trabaja a nivel más político, por ejemplo el 25 de noviembre, las diferentes organizaciones de mujeres se articulan para plantear una serie de demandas al gobierno porque hay medidas que no se están cumpliendo. Entonces en los diferentes niveles se desarrollan una serie de estrategias. Además, en este mismo nivel político, juntamente con la Red Nacional de Mujeres Autoridades del Perú, impulsamos la aprobación de una ley específica frente al acoso político, para que se sancione esta nueva modalidad de violencia que ocurre con las mujeres que ejercen un cargo público por elección o designación.

Con esta ley, ¿cómo pretendéis combatir este tipo de acoso?

Lo que proponemos en el proyecto, y que ya ha tomado parte el mismo jurado nacional de elecciones (autoridad máxima en material electoral en el Perú), es que se sancionen los actos de acoso político en las campañas electorales. Estamos impulsando la campaña “Somos la mitad, queremos paridad sin acoso” en conjunto con compañeras. Y lo que hemos planteado es que se excluya de la campaña al candidato que ha ejercido acoso político, y lo decimos en masculino porque la mayoría de agresores en esta modalidad son los hombres. .

Ha señalado anteriormente la existencia del Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021 en Perú. ¿Quién impulsó este plan?

Este plan lo aprobó el gobierno de Ollanta Humala, cuando ya estaba concluyendo su gestión, y fue impulsado por las ministras de esa época. Es un plan que marca muchos avances, y al ser una política pública, tiene caracteres vinculantes y vigentes que deben ser implementados por el actual gobierno. Está alineado a la nueva ley contra la violencia hacia las mujeres, así que reconoce 16 modalidades de violencia en el plan nacional. Pero lo que falta es desarrollar protocolos instructivos para que cada una de estas violencias pueda tener una ruta de atención, unas orientaciones para desarrollar los diferentes servicios.

¿Todavía no se ha ejecutado?

Sí, de manera muy débil se está implementando. En Perú tenemos los servicios Centros de Emergencia Mujer (CEM), que fueron diseñados a finales de los 90 con el objetivo de atender la violencia de pareja. Entonces ahora que tenemos otras modalidades reconocidas, hay que reformar y ampliar la mirada, modificar la forma de operar en este sector de emergencia a las mujeres, ya que ahora mismo las otras violencias no tienen rutas precisas para la atención. Por lo que hay que desarrollar una serie de mecanismos para que pueda atenderse de manera adecuada cada una de las violencias. Los centros de emergencia mujer están haciendo esfuerzos, pero es necesario modificar sus mismos reglamentos para que amplíen sus miradas y refuercen sus equipos. De la misma manera, se está demandando trabajar estrategias para la atención de zonas rurales y pueblos indígenas, que tienen características muy particulares.

*Demandas con motivo del 25 de noviembre en Perú:

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Fotos Archivo AmecoPress tomadas de Manuela Ramos.


Internacional - Sociedad - Política - Voces de mujeres - Mujeres del mundo - Cooperación - Política y género - Políticas de igualdad - Violencia de género - Movimiento feminista - Legislación y género; Madrid. 28 de noviembre. 17. AmecoPress.




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