Masivo seguimiento de la huelga en apoyo a la secretaria judicial del ’caso Mari Luz’

La huelga de secretarios judiciales ha triunfado. En la mayoría de juzgados y tribunales de todo el territorio español casi el 80% de estos funcionarios -73% según Justicia y 90% según los secretarios- hicieron un parón de tres horas, tal y como habían anunciado, en contra de la decisión del Gobierno de suspender de empleo y sueldo por un periodo de dos años a Juana Gálvez, la secretaria judicial que no ejecutó la sentencia que habría llevado a la cárcel al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, Santiago del Valle.

El propio Ministerio de Justicia reconoció que la huelga tuvo un "seguimiento intenso" con una "incedencia notable" en el servicio judicial. Según explicó hoy el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, tras el parón de los funcionarios, la huelga ha hecho daño a los ciudadanos, es "injustificada" y "desproporcionada".

Justicia se enfrentó a los secretarios judiciales y los jueces, que también apoyaron esta reivindicación, y sostuvo que los hechos concretos que ahora se reivindican guardan relación con la situación real del juzgado del que es titular Rafael Tirado y no de la Administración en general. "No es verdad que esto le pueda pasar en cualquier momento a cualquiera de los 4.000 secretarios judiciales que hay en España. Si no, estarían todos expedientados y no es así", destacó Pérez.

Máxima ausencia en la Audiencia Nacional

Sea lo que fuere, los secretarios judiciales no acudieron hoy a sus puestos de trabajo para, por un lado, salir en defensa de su compañera y, por otro, reivindicar la falta de medios de los que disponen. Es más, ya han convocado otra huelga para el próximo mes. La mayor incidencia se registró, según datos de Justicia, en la Audiencia Nacional, con un paro del 90,8%, mientras que el menor seguimiento ha sido en el País Vasco, donde sólo un 58,2% de
los secretarios judiciales lo secundaron. Por Comunidades Autónomas destacan Cantabria, con el 80,3% y Navarra, con el 79,2%.

Durante esas tres horas, de 10.00 a 13.00, no se celebraron juicios, ni vistas, ni interrogatorios, únicamente lo correspondiente al juzgado de guardia. Como ejemplo, se suspendió la sesión prevista para hoy del juicio en Barcelona contra los dos jóvenes acusados de quemar a una indigente en un cajero en 2005. En Madrid, se aplazó la vista oral en la que se iba a juzgar a los cuatro acusados de asesinar al joyero José Manuel Redondo en septiembre de 2006.

Después del parón, los secretarios judiciales emitieron un comunicado para hacer saber a la ciudanía las necesidades y carencias con las que trabajan diariamente, viéndose obligados a redoblar esfuerzos para prestar un servicio público de calidad. A su juicio, la sanción de Gálvez ha sido utilizada por el Gobierno para "encubrir" la ausencia de reformas modernizadoras de la Justicia, y por eso exigieron el cese del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

Entre sus exigencias, aparece el desarrollo de la regulación de la Oficina Judicial , la creación de correspondientes servicios comunes dirigidos en exclusiva por secretarios judiciales y la reforma de las leyes procesales, con una correcta división de funciones entre la carrera judicial y el cuerpo de secretarios.

Huelga encubierta

Los secretarios judiciales estuvieron apoyados por el resto de compañeros de la carrera, entre abogados y procuradores, e incluso por los propios jueces, que desde el Ministerio de Justicia se les acusó de llevar a cabo una "huelga encubierta" bajo el paraguas de las juntas.

Los magistrados negaron que participaran en el parón aunque decidieron celebrar juntas en todo el territorio español a las mismas horas que se celebró la huelga para reclamar al Gobierno una serie de cambios en la Administración de Justicia.

Desde todos los órganos judiciales se emitió un comunicado, que en líneas generales exigen los mismos aspectos. Primero de todo, que acaben las "injerencias" de los responsables políticos en las facultades disciplinarias que competen exclusivamente al Consejo
General del Poder Judicial.

Además, exigen que los Juzgados españoles tengan una ratio similar a los Países de primer orden de la Unión Europea (Alemania, 24 juzgados por 100.000 habitantes, frente a los 10 juzgados por 100.000 habitantes de España). Piden una "urgente" implantación de la Oficina
judicial, con delimitación "clara y precisa" de las funciones y responsabilidades de los jueces.

Los magistrados reclaman al Gobierno una aplicación informática, "eficaz y homogénea" en todo el territorio nacional, con interconexión de redes que permitan conocer el estado del procedimiento, así como los antecedentes policiales y judiciales. Y, por último, que se invierta en la Administración de Justicia como mínimo el 3 por ciento del total del Presupuesto General del Estado.

Los jueces están "hartos"

Si todas sus exigencias no se cumplen, los jueces podrían estudiar incluso llegar a la huelga abiertamente porque están "hartos" de asumir con su "esfuerzo personal" la falta de inversión en la Administración de Justicia. "Esto produce un cúmulo de deficiencias, tanto personales
como materiales, y da como resultado una Justicia deficiente y mala de la que el ciudadano está cansado y nos considera como total y único responsable, lo que no es cierto, sirviendo los jueces como descarga de la responsabilidad de aquéllos que tienen la obligación de hacer la
inversión necesaria", explicó a la salida de la reunión el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol.

Sin embargo, parece que existen ciertas discrepancias a la hora de plantear si los jueces tienen derecho a la huelga. Mientras éstos consideran que sí que pueden porque en ningún artículo de la Constitución consta expresamente lo contrario, Justicia no lo tiene tan claro y dice que al no tener libertad sindical tampoco tienen derecho a la huelga. De todas maneras, en el caso que los magistrados decidieran dar ese paso, el secretario de Estado de Justicia ya advirtió que lo
intentarán evitar de todas las maneras posibles. "Es inimaginable una huelga de jueces y haremos todos lo posible para que no pase", añadió.

Los jueces centrales de la Audiencia Nacional también hicieron su particular protesta, mostrando su "rotundo rechazo" a las constantes injerencias de los responsables políticos. "Queremos dejar constancia que las críticas vertidas pretenden, básicamente, ocultar la
responsabilidad del poder político en la secular carencia de medios personales y materiales para afrontar la abrumadora carga de trabajo que soportan los juzgados ", recoge el comunicado.

Estado español-Legislación y género; 22 octubre (08) AmecoPress