Martes, 21 de noviembre de 2017.

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Sólo un 21 por ciento de las denuncias por violencia de género acaba en condena

Las ponentes del IV Congreso ’El Tiempo de los Derechos’ incentivan a la ciudadanía a tomar las calles el 25 de noviembre

Política, Sociedad, Política y género, Políticas de Igualdad, Violencia de género, Madrid, Martes 7 de noviembre de 2017, por Nadia Martín García


Madrid. 07 de noviembre. 17. AmecoPress. Tan sólo un 21% de los casos de violencia de género acaba en sentencias condenatorias, en un 79% de los casos, no hay condenas sobre los agresores. Así lo recogen los datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si vamos a las penas que se imponen directamente, tal y como expuso Manolo Calvo, catedrático de Filosofía del derecho y Sociología jurídica de la Universidad de Zaragoza, en el’ IV Congreso ‘El tiempo de los derechos’ celebrado el pasado lunes en la Universidad Carlos III de Madrid: “cada vez hay menos condenas. Si vamos a las suspensiones y sustituciones de la pena nos encontramos que en el 60% de los casos hay una suspensión de la pena. Hay mucha impunidad”.

A esto hay que añadir que, como analizó Teresa Picontó, profesora de Filosofía del Derecho y Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza, se sigue imponiendo la custodia compartida en muchos de los casos de violencia de género. Así, las niñas y los niños son víctimas directas de este tipo de violencia, como pone de manifiesto el alto número de niños y niñas muertos a manos de sus padres varones en contexto de violencia de género. Los agresores de violencia de género han matado a un total de 44 niños y niñas, desde la entrada en vigor de la ley orgánica 1/2004 de violencia de género hasta finales de 2014.

Si vamos a los estudios estadísticos del CGPJ, encontramos que un promedio del 95% de los varones que tienen una orden de alejamiento, siguen obteniendo el régimen de visitas respecto de sus hijas e hijos, y en un 90% de los casos se concede la custodia compartida al agresor.

Además, de 2013 a 2016 fueron 160 las niñas y los niños que perdieron a su madre, asesinada a manos de su padre. Es el caso de Alexandra, que en julio de 2016 fue asesinada por su ex marido en presencia de su hijo de 5 años en el punto de encuentro familiar, en Zaragoza, al saltarse este la orden de alejamiento que le había impuesto un juez tras ser denunciado varias veces por malos tratos. Un caso que, tal y como afirma Picantó, no tuvo gran trascendencia mediática.

“A pesar de que los indicios ponían de manifiesto que se había cometido violencia de género y del riesgo objetivo para la víctima, al agresor se le había concedido un régimen de visitas con su hijo. Esto sucede porque gran parte de la doctrina española entiende que una orden de alejamiento no implica la prohibición del régimen de visitas e incluso, en muchos casos, tampoco impide que se conceda al agresor la custodia compartida. Y esto sucede a pesar de que el artículo 92.7 del Código Civil prohíbe otorgar un régimen de custodia compartida en casos de violencia de género. Se hace una interpretación artificial”, analiza Teresa.

El tratamiento de la violencia de género en la administración de justicia tiene aún un largo camino que recorrer. La ley es un instrumento para dejar claro que la violencia de género es un problema social. Así, en España tenemos la ley 1/2004 que recoge las medidas de protección contra la violencia de género y establece que no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Sin embargo, hay muchos casos como el de Alexandra en los que sigue sin hacerse justicia, por lo que las organizaciones feministas demandan a la Administración que supervise el cumplimiento de sus propias leyes en favor de la igualdad.

#25N: Movimientos sociales como herrmienta de cambio

Fueron los movimientos organizados por mujeres los que hicieron una contribución decisiva para que los derechos humanos, considerados hasta la mayor parte del siglo XX como derechos "del hombre", fueran también derechos de las mujeres. De esta manera, la violencia de género es considerada una violación de derechos gracias a los movimientos feministas. Convocatorias feministas como la de ‘Ni Una menos’, tal y como expuso Paz Olaciregui, tienen una gran capacidad de presionar y exigir medidas al Estado.

El congreso se cerró con un llamamiento a la ciudadanía para que se movilice el 25 de noviembre contra este tipo de situaciones: “las cosas no han cambiado. Volveremos a las calles, #25N: Día Internacional Por la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres”.

Foto archivo AmecoPress


Politica- Sociedad- Política y género- Políticas de igualdad- Violencia de género; Madrid. 07 de noviembre. 17. AmecoPress




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