“Las mujeres que denuncian violencia de género quieren salvarse y que se les crea”
Madrid, 19 octubre 2017, Amecopress. Desde la Fundación Mutua Madrileña y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) han celebrado hoy, jueves, 19 de octubre, la I Jornada sobre Violencia de Género en Madrid. El encuentro, titulado “Nuevos retos en la lucha contra la violencia de género desde el ámbito institucional y judicial”, ha contado con la presencia de representantes de la judicatura, la fiscalía, la policía, las administraciones públicas y las asociaciones de atención y apoyo a mujeres maltratadas.
La reunión ha sido inaugurada por Mario Garcés, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, junto con Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) e Ignacio Garralda, presidente de la Fundación Mutua Madrileña. Después se ha dado paso a dos mesas redondas.
En la primera de ellas, importantes especialistas han analizado el sistema de protección a las víctimas y la actuación judicial: María Jesús López Chacón, magistrada responsable del Juzgado de Violencia de Género de Arganda del Rey; Gemma Gallego Sánchez, magistrada de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid y miembro español del Grevio para el Convenio de Estambul; Pilar Martín Nájera, fiscal de Sala Delegada Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer; y María Elena Tejero, jefa de la UFAM -Unidades de Familia y Mujer-.
En las intervenciones se ha abordado de qué manera se prioriza el riesgo cuando las mujeres ponen la denuncia. Una protección en la que, además de los medios técnicos disponibles, “hay que tener en cuenta las peculiaridades de la violencia de género y las aristas que ofrece la víctima”, ha explicado Pilar Martín, en relación a la vulnerabilidad, la dependencia emocional del agresor, cosas que muchas veces le llevan a no ser consciente del riesgo que corre. “Cuando una mujer decide denunciar está luchando contra todo un entorno”.
La lucha contra la violencia de género debe ser afrontada desde todos los ámbitos: judicial, policial, médico, social. “Todos somos responsables”, ha reclamado Gemma Gallego. “Hasta hace poco era vergonzoso la actitud de los operadores judiciales. Venimos de unos patrones estereotipados y una educación secular y discriminatoria. Y esos patrones se traducían cuando una víctima iba a denunciar”.
La magistrada ha puesto en valor la legislación internacional y también la española, “pionera y referente en para el mundo”, resaltando la labor imprescindible del movimiento feminista en su consecución.
En el debate, han surgido temas complejos como el “mito de las denuncias falsas”, que la fiscalía, con datos, se ha ocupado de desmontar. Desde 2009 a 2012 solo ha habido 85 sentencias falsas, lo que supone un 0,002 por ciento del total de las denuncias por violencia de género registradas. Además, de estas, el 55 por ciento lo fueron de conformidad, es decir, por el testimonio de la víctima, lo cual hace dudar que no haya sido por esa dependencia emotiva y vulnerabilidad mencionada anteriormente. “Es un mito que no tiene ningún tipo de fundamento. Es una forma de hacer que las mujeres se debiliten”, ha concluido Pilar.
Artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
La fiscal ha defendido así mismo la necesidad de abordar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dispensa de la obligación de declarar a las víctimas de violencia de género. Este artículo ha sido objeto de debate en el proceso de elaboración del Pacto de Estado y sigue siendo protagonista de numerosas jornadas llevadas a cabo en el ámbito jurídico. “No hay unanimidad”, ha aclarado María Jesús López Chacón. Por una parte, el testimonio de la víctima en muchas ocasiones es la única prueba para poder juzgar al maltratador y si la víctima (en este caso también testigo) no declara, se producen condenas absolutorias por falta de pruebas “que no son sentencias neutras”, ha dicho la fiscal. Por otro lado, si obligamos a declarar a las mujeres, podríamos conducirlas a un delito de obstrucción a la justicia o bien, a dar un falso testimonio –aunque algunas voces señalan que esto podría evitarse si no se les obliga a prestar juramento, como se hace en algunos países-.
No es un tema fácil. Tampoco la denuncia es la única solución. “Es fundamental que las profesionales estemos formadas con perspectiva de género y que podamos dar información y asistencia a las mujeres, incluso antes de la denuncia”, ha defendido María Elena Tejero. Las mujeres que se acercan a denunciar, “quieren que las dejen en paz, quieren salvarse y que se les crea; no quieren nada malo para el agresor”.
Las expertas han valorado el esfuerzo realizado con el Pacto contra la violencia de género. “Tenemos la ley y las normativas adecuadas. Pero necesitamos compromiso presupuestario”.
Fotos AmecoPress
Estado español – Política y género – Violencia de género – Legislación y género; 19 de octubre. 17. AmecoPress