Jueves, 23 de noviembre de 2017.

Entrevistas

Después de tanto esfuerzo, la legalización del aborto ha sido excluida del nuevo Código Penal de Honduras

Entrevista a Erika García, feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres

Internacional, Feminismo, Movimiento feminista, Aborto, Legislación y género, Mujeres del mundo, Derechos humanos, Cooperación, Violencia sexual, Feminicidio, Madrid, Martes 17 de octubre de 2017, por Gloria López


Madrid, 17 octubre 2017, Amecopress. Erika García Cárcamo es abogada y activista feminista. Ha ejercido su trabajo de defensa de los derechos de las mujeres en varios ámbitos y espacios. Actualmente es educadora en el Centro de Derechos de Mujeres de Tegucigalpa. Trabaja en el marco de un programa que pretende fortalecer los liderazgos de mujeres jóvenes y universitarias, y se encarga de la Escuela de formación feminista. Además, forma parte de la plataforma ‘Somos Muchas’, que defiende la libertad y la vida de las mujeres y reclama la despenalización del aborto en tres supuestos. También es integrante de la Red de Mujeres Jóvenes Feministas (RMJF), desde la que trabaja con mujeres jóvenes de la zona norte del país en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos.

El pasado 4 de mayo de 2017, el Congreso Nacional de Honduras aprobó mantener la penalización total del aborto en el Proyecto de Código Penal de Honduras, con penas de cárcel. ¿Una decepción después de tanto trabajo realizado?


Sí, en cierto modo es así. Ha sido un proceso complicado, oscuro, en el que nos ha costado mucho ir teniendo información de lo que estaba haciendo el gobierno. Es importante denunciar que el proceso de elaboración del Proyecto de Código Penal de Honduras ha contado con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), que facilitó los recursos para la participación de consultores españoles liderados por un Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III.

Cuando nos enteramos de que no se preveía modificar el asunto del aborto en el Código Penal, 23 organizaciones de la sociedad civil hondureña de defensa de los derechos de las mujeres nos articulamos en la iniciativa “Somos Muchas”, para exigir que se establezca la despenalización del aborto por causales: cuando el embarazo es producto de una violación sexual; cuando pone en grave riesgo la salud y la vida de la mujer embarazada; y cuando existen graves malformaciones congénitas incompatibles con la vida. Dichas causales son reconocidas en los estándares internacionales de derechos humanos.

Pensamos que se podían hacer labores de incidencia política y también labores de sensibilización y educación. A través de una encuesta vimos que la mayoría de la gente creyente que forma parte de las Iglesias, están a favor de la aprobación de estos tres supuestos. Era una forma de demostrar que los sectores fundamentalistas de la Iglesia no representan a la totalidad. Pero, tras este trabajo, el aborto quedó exactamente igual que en el código penal de hace más de 30 años. Aunque todo el trabajo realizado sirvió para que el tema se hablara por primera vez en Honduras.

Han denunciado la participación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en este proceso.

Sí, consultores españoles "de alto nivel", según una respuesta parlamentaria del Gobierno de Rajoy, han recibido 30.000 euros de los fondos españoles para asesorar al Congreso Nacional del país centroamericano en este proyecto. Según este documento, el equipo de asesores tuvo decenas de reuniones con representantes de la sociedad civil y presentó una propuesta para introducir un régimen de indicaciones en materia de aborto, pero esta posibilidad no fue aceptada por el Congreso. Pero estos asesores dicen una cosa y luego hacen otras. Nos hemos sentido engañadas.

¿A qué se enfrenta una mujer que aborta en Honduras?

La pena es de 3 a 6 años de cárcel por delitos de aborto. Aunque estos delitos pueden conmutarse desarrollando una serie de penas y pagando dinero. También es muy fuerte el estigma que viven alrededor las mujeres que son judicializadas por abortar. Hasta el momento, sabíamos que había chicas judicializadas, pero se mantenía en secreto, pero ahora las exponen como trofeos. Por otro lado, las instituciones médicas están obligadas a informar cuando una mujer llega con un aborto, provocado o no, tienen que avisar. Y los médicos que realizan abortos pueden ser encarcelados hasta 6 u 8 años, por lo que tienen miedo.

¿Gran parte de la resistencia a la aprobación de los tres supuestos viene por parte de la Iglesia?

Sí, siempre han mostrado mucha resistencia, pero cuando comenzamos la campaña de sensibilización y se empezó a hablar del tema, la reacción de los sectores más conservadores de las Iglesias evangelista y católica fue muy dura. Antes del 2009, cuando empezamos a repartir las cartillas de educación sexual y reproductiva en las Escuelas, estos sectores se opusieron, se llevaron todos los fascículos y los quemaron. Con el golpe de Estado queda paralizado todo y además, prohíben la pastilla anticonceptiva de emergencia.

Violencia sexual

Es importante destacar que se está pidiendo la posibilidad de abortar en el caso de mujeres que han sido violadas en un país en el que el índice de violación es altísimo.

Efectivamente. En 2015 el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres sacó un estudio, ‘Secreto a Voces’, un estudio sobre el aborto, y un boletín en el que recoge datos y conclusiones importantes sobre violencia sexual.

La niña, adolescente o mujer adulta que sobrevive a estas formas de violencia, en la mayoría de los casos, estimado en 89 por ciento, no lo denuncia pues la misma sociedad a través de sus instituciones, refuerzan y reproducen la idea de que la víctima es responsable de lo que le sucede, generando estigma y culpa en ellas.

Además, antes, algunas mujeres que sufrían violencia sexual lo denunciaban porque en el momento de poner la denuncia se les entregaba la pastilla anticonceptiva de emergencia. Pero ahora, ni siquiera eso, entonces las mujeres ni denuncian. Todo ello ha hecho que exista aún mayor impunidad. El 94 por ciento de los casos denunciados por violencia sexual se encuentra en situación de impunidad.

En realidad, no sabemos lo que pasa realmente con este tema. Igual que con el aborto. A pesar de las restricciones muchas chicas abortan como pueden, aunque pongan en peligro su salud. En una campaña llamada ‘Escríbele a tu diputado’ pedimos a las mujeres que escribieran su testimonio, de forma anónima. Leer esas cartas fue tremendo: chicas que tomaban un frasco de aspirinas, te de ruda…una chica decía “prefería morir a parir”…Este estudio demuestra que a pesar de su prohibición, el aborto ha sido, durante décadas, la segunda causa de ingresos hospitalarios en Honduras, después del parto. Esta realidad es sistemáticamente soslayada por profesionales de la salud y autoridades públicas, que nunca abordan este problema como un asunto de salud pública, de justicia social o de derechos humanos.

Empoderamiento feminista

Usted forma parte de proyectos muy orientados a la educación y al empoderamiento de las mujeres desde un enfoque feminista. ¿Por qué le ha interesado este ámbito?

Lo mío no es la incidencia política porque para mí desde el golpe de Estado no tenemos país, no existe un estado de derecho. Y los derechos de las mujeres son los primeros coartados en este tipo de Gobiernos ultraderechistas y retrógrados.
Desde la formación feminista me parece que es una forma más lenta pero más segura de lograr cambios. En la Escuela de Formación Feminista trabajamos con chicas universitarias, también del mundo rural, de clase media y mujeres despojadas de sus territorios. Se cruzan todas estas realidades y nuestro planteamiento es bastante transversal.

Y en el programa de fortalecimiento del liderazgo son chicas universitarias. De 28 chicas, 5 de ellas están criminalizadas por la protesta que se está haciendo en la universidad. La criminalización de las defensoras de derechos humanos es una estrategia para desgastarnos. Se inventan delitos, las defensas suelen ser más o menos sencillas, pero llevan mucha energía, y a esto suman multas.

La violencia específica contra las defensoras de los derechos humanos tiene un alto grado de impunidad.

Sí, eso pasa con todo lo relacionado con las mujeres. También con los feminicidios. El año pasado hubo 468 feminicidios en Honduras, solo se condenaron 2, y esto según datos oficiales, que no están completos.

Las defensoras hemos sufrido varios retrocesos de los derechos en el nuevo código penal como la reducción de las penas de los delitos contra la libertad sexual o los causales de la violencia intrafamiliar. Esto fortalece todavía más la impunidad, el imaginario de las mujeres es que ya ni siquiera vale la pena denunciar. Además la introducción del delito de terrorismo es una carta abierta para criminalizar a las personas que protestan.

¿Os apoyan los compañeros de las organizaciones?

No siempre estamos respaldadas. No se considera igual la labor de las defensoras que están defendiendo por ejemplo a estudiantes, que las que defienden derechos de mujeres. Si solo afecta a las mujeres, no hay apoyo, y me refiero a cuestiones tan importantes como los feminicidios.

Incluso un miembro de organizaciones con las que hemos trabajado se atrevió a emitir un juicio público sobre las mujeres, muy degradatorio –dijo que las mujeres que abortan son asesinas de niñas- y nadie hizo nada.

Múltiples discriminaciones

¿Por qué las mujeres sufren más discriminación laboral, como por ejemplo en el caso de las maquilas?

En las mujeres trabajadoras de la maquila se cruzan todas las violencias. Cuando estuve en la zona de San Pedro conocí a mujeres muy jóvenes que tenían graves problemas de salud, cobraban muy poco…una de ellas, con 26 años, no podía mover el hombro, no se podía ni peinar ni coger a su hija…

Las empleadas de las maquilas en Honduras suelen ser mujeres, y en su mayoría son el único ingreso en sus hogares. Según el Equipo de Investigaciones Laborales de El Salvador y la Red de Solidaridad de la Maquila, en 2016 una trabajadora de maquila suele ganar 272 dólares en Honduras, mientras que la canasta básica para una familia de 5 personas cuesta alrededor de 360 dólares.

La inexistencia de un salario unificado en la región, la cercanía entre los países, la flexibilización laboral y las estrategias inescrupulosas de las empresas maquiladoras ponen en mayor desventaja a las trabajadoras de maquila. En este escenario, las empresas maquiladoras se niegan a cumplir las exigencias de los y las trabajadoras bajo la excusa de cerrar la empresa y llevarla hacia otro país con menos demandas laborales.

En esta realidad, las mujeres organizadas en sindicatos de trabajadores de la maquila, constituyen una luz de esperanza. Ellas reconocen su condición de obreras, pero también su condición de mujeres, por lo que están conscientes de que por sus cuerpos cruza una doble o triple opresión: la de clase, la de género y muchas veces también la de raza.

Fotos AmecoPress


Internacional – Derechos humanos – Feminicidio – Violencia sexual – Feminismo – Movimiento feminista – Legislación y género – Aborto – Salud y género – Cooperación; 17 de octubre. 17. AmecoPress




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