Domingo, 17 de diciembre de 2017.

Reportajes

Discrepancias en el Pacto de Estado contra la violencia machista

268 medidas, mil millones de euros y cinco años para atajar la violencia de género.

Política, Instituciones de igualdad, Situación social de las mujeres, Política y género, Políticas de Igualdad, Violencia de género, Madrid, Jueves 28 de septiembre de 2017, por Marta Reig González, Nadia Martín García


Madrid. 28 de septiembre. 17. AmecoPress. El pleno del Congreso ha aprobado hoy el Pacto con 278 votos a favor y con la abstención de Unidos Podemos y del grupo Mixto. Se trata de un acuerdo que cuenta con 268 medidas. Diversas asociaciones y partidos políticos exigen la ampliación del concepto de violencia de género, ya que consideran que no está recogido de manera suficiente en el texto.

Este Pacto, que fue acordado el 24 de julio por unanimidad en el Congreso y el Senado, recoge medidas de protección y respaldo a las víctimas, como unidades policiales con formación específica y facilidades en becas; así como acciones dirigidas a la prevención y sensibilización de este problema, entre ellas mejorar la detección de casos en los centros sanitarios.

Fue en noviembre de 2016 cuando se aprobó en el Congreso de los Diputados la creación de la subcomisión del Pacto, cuya finalidad ha sido elaborar un informe que lo vehicule. Este informe ha sido ratificado por la Comisión de Igualdad el pasado 28 de julio, y fue debatido y votado en Pleno en septiembre.

Los partidos acordaron un plan de más de 200 medidas y un presupuesto de 1.000 millones de euros en cinco años para hacer frente a las agresiones machistas. Los acuerdos, alcanzados por todos los grupos políticos en la subcomisión del Congreso para el Pacto de Estado contra las violencias machistas, contemplan un amplio espectro de medidas.

Aunque la aprobación del texto está garantizada por la mayoría del PP en el Senado, todavía es necesario saber si el documento será ratificado de nuevo con la unanimidad de todos los grupos, algo que no se pudo lograr con el informe elaborado por la Comisión de Igualdad del Congreso en julio pasado, debido a la abstención de Podemos.

El pacto aplica la ley orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género a otras formas de violencia contra las mujeres. “Teníamos una ley que luchaba contra una forma de específica de violencia contra las mujeres, después de la ratificación por parte de España del Convenio de Estambul, es evidente que necesitábamos ampliar la legislación materia de lucha contra la violencia hacia las mujeres” señala Ángeles Álvarez, diputada del PSOE. Aunque esta Ley será modificada en algunos aspectos para adaptarla a la situación actual y ampliar su campo de acción.

Ahora el Ejecutivo dispondrá de dos meses para aplicar el Pacto de Estado, que prevé la distribución de un presupuesto de 1.000 millones de euros.

Discrepancias y puntos a mejorar

Se ha escrito mucho sobre el contenido y el alcance de las medidas que componen el informe. Asociaciones feministas y partidos políticos muestran su inconformidad con lo recogido y consideran, entre otros aspectos, que se debe ampliar el concepto de violencia de género.

Para empezar, es importante destacar que el Pacto de Estado contra la violencia machista no se ha aprobado con el apoyo de todos los grupos políticos. Unidos Podemos se ha abstenido en la votación de la Comisión de Igualdad en la que han criticado la falta de perspectiva feminista del informe que ratificaron el lunes en la subcomisión, así como el escaso detalle en la distribución de los presupuestos.

El grupo parlamentario Podemos quiere ampliar el concepto de violencia de género más allá de la ejercida contra las mujeres por sus parejas o ex parejas; advierten de que la asignación económica es "arbitraria" y "sin garantías”; exigen una formación "estructural" en Igualdad; y que la acreditación de las víctimas de violencia de género sea más amplia y no dependa solo del juez, algo que sí se ha contemplado en el acuerdo del Congreso.

Ángela Rodríguez, diputada de Podemos, aseguraba: "El Pacto está bien pero no es suficiente. Seguimos trabajando para que exista la posibilidad de hacer un verdadero pacto feminista". Esta diputada ha señalado en sus intervenciones que pese a estar de acuerdo con las medidas, que no considera suficientes, el problema del Pacto de Estado es que no garantiza el cumplimiento de las mismas, puesto que carece de calendario para llevarlas a cabo.

También ha denunciado la ausencia de medidas de fondo sobre igualdad, para que España deje de ser un país machista. El tercer argumento expuesto por Podemos para explicar su enmienda a la totalidad del Pacto es el marco teórico, consideran que no se ha superado el marco del la Ley 1/2004. Defienden que para combatir el machismo es necesario hacer feminismo de clase, es decir, asegurar que todas las víctimas de violencia machista tengan recursos para salir de ella. Reclaman que a la violencia sexual se le preste la misma atención que a la violencia machista ejercida en la pareja y afirman que este dictamen no avanza en este sentido.

Desde este grupo también expresan que el movimiento feminista debería haber tenido un papel mucho mayor en la elaboración del Pacto y proponen que tenga un papel fundamental en la comisión de seguimiento de este. “Sin ellas no es posible hacer un Pacto contra la violencia machista” afirmaba Ángela Rodríguez en su intervención.

PSOE: “todo lo que está en el pacto es útil para las víctimas y, por tanto, tenemos que apoyarlo”

También el PSOE ha mostrado su inconformidad con algunos aspectos de lo pactado. Ángeles Álvarez, diputada de este grupo, ha afirmado a AmecoPress que: “Ningún partido ha conseguido incluir todo lo que quería. Desde el PSOE llevaremos 12 votos particulares al pleno el próximo día, cada uno de estos votos contiene líneas de trabajo que para nosotras son fundamentales”, aunque añade: “todo lo que está en el Pacto es útil para las víctimas y, por tanto, tenemos que apoyarlo”.

Aclara que apoyarán el Pacto, pero no renunciarán a su agenda en estas cuestiones. Aquellos votos particulares que no se incluyan antes del día 28 en el texto definitivo seguirán su tramitación por los canales ordinarios de la actividad parlamentaria: se convertirán en proposiciones de Ley o no de Ley. “Nosotras lo que decimos es que necesitamos leyes eficaces y específicas para cada forma de violencia, por ejemplo: el modelo de lucha policial contra la trata y la prostitución no tiene nada que ver con el modelo de lucha contra la violencia en el ámbito de la pareja. Tenemos que dar cumplimiento al modelo de Estambul que nos dice que luchemos contra todas estas formas de violencia”.

Uno de los votos particulares que llevará adelante este grupo parlamentario es el referido a la reforma del artículo 416 de la Ley de enjuiciamiento criminal, que recoge el derecho de la víctima de violencia de género a no declarar. La mayoría de los juicios de delitos leves no siguen adelante precisamente porque las mujeres se acogen a su derecho a no declarar contra su pareja. “Esto significa que la principal prueba de cargo en este tipo de delitos, que es la declaración de la víctima, queda fuera del proceso y por tanto aumenta la impunidad de este tipo de delitos”, argumenta Ángeles “estamos hablando de un artículo que está teniendo unas consecuencias tremendas para las mujeres”.

La financiación es insuficiente para el PSOE: “No nos parece suficiente porque el grupo socialista comprometió en su último congreso el 0,2% del PIB para estas políticas públicas, por tanto, no nos parece suficiente”. Pero, añade, “no podíamos seguir en el camino del recorte y la precariedad absoluta. Porque estábamos en unos parámetros muy bajos”. La llegada del Partido Popular al gobierno supuso el recorte del 25% de los fondos de la delegación de violencia, “lo cual es un recorte brutal” afirma.

Con respecto al voto particular, que van a presentar de manera conjunta todos los grupos, para incluir como víctimas directas de la violencia a aquellas mujeres a las que han asesinado a sus hijas e hijos, Ángeles Álvarez explica: “Viene de la mano de un encuentro de una diputada nuestra que se llama Carmen Cuello con Ruth Ortiz (exmujer de José Bretón, asesino de la hija y el hijo de ambos), quien le pidió expresamente que se incluyera a estas mujeres”.

Por tanto, ese voto pasará la votación y en las próximas modificaciones el gobierno tendrá que incluir a estas mujeres como víctimas, lo que significa de facto que serán beneficiarias de todas las prestaciones que reconoce la Ley 1/2004.

Plataforma 7N: “El día 28 el Partido PP tiene que garantizar la financiación, si no la garantizan el Pacto está roto”

La Plataforma 7N exige la activación inmediata del Pacto de Estado contra la Violencia De Género y reclama el incremento de 200 millones en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. En este sentido, las organizaciones feministas reunidas en la Asamblea Estatal, han afirmado que no van a tolerar que el incremento presupuestario acordado no se incorpore a los Presupuestos Generales del Estado para el 2018. “Dentro de la Plataforma hay asociaciones que están más de acuerdo con el pacto y otras que tienen una valoración más negativa, pero todas coincidimos en que lo que se publicó en el Boletín de las Cortes el 8 de agosto lo vamos a exigir” afirma Begoña San José, de la Plataforma 7N.

Con el anuncio del Gobierno de la prorrogación de los presupuestos de 2018, a causa del proceso independentista catalán, esta plataforma ve peligrar el cumplimiento del Pacto. Begoña San José indica que la financiación que propone el Pacto es su punto fuerte, pero no está 100% garantizada. “Si no hay presupuesto nuevo es más difícil que se cumpla el Pacto. La parte más positiva del pacto eran los 200 millones, lo de Cataluña es un pretexto”.

“El tema presupuestario es el núcleo del Pacto de Estado, para bien o para mal. Será para bien si el 1 de enero existe ese dinero. El día 28 el Partido PP tiene que garantizar la financiación, si no la garantizan el pacto está roto. Si esto ocurre, espero que el Parlamento reaccione”, expresa Begoña.

De la financiación total del Pacto, 20.000 euros estarán destinados, mediante una transferencia, a los ayuntamientos. Desde esta plataforma de asociaciones reclaman que hay que establecer los criterios de distribución porque hay 8.000 ayuntamientos. El pacto indica que se va a transmitir directamente a los ayuntamientos y directamente para actuaciones, “es muy positivo porque es paralelo a la devolución de competencias a los ayuntamientos”, afirma San José.

Explica que con este nuevo acuerdo de todas las fuerzas políticas la acreditación de víctima de violencia machista no la harán solo los jueces, sino que la acreditarán los Servicios Sociales de atención jurídica y social, esto sólo se puede llevar a cabo si los Ayuntamientos tienen el presupuesto necesario para ello. “Es muy importante que esos servicios existan, sean de calidad, que funcionen y que sean estables”.

En lo tocante a la definición del concepto de violencia de género incluido en el Pacto, esta Plataforma de Asociaciones Contra la Violencia de Género considera que no hay correspondencia entre la parte del informe y las medidas concretas. “Hay una cerrazón a considerar la violencia sexual como violencia de género, cuando está ejercida en un 97% por hombres y solo un 3% por mujeres”, manifiesta San José.

Explica que son formas de sexualidad que tienen un grado de violencia y desigualdad enorme; y argumenta que “todas las normas nacionales e internacionales definen la violencia como un grado extremo de discriminación”. Considera un error que se diga que no es violencia de género y que no tiene que tener las ventajas que tiene la violencia en la pareja como, por ejemplo, los juzgados de proximidad.

Begoña San José señala que no parece lógico que se tenga que aprobar una ley de agresiones sexuales independiente a la de violencia de género. Los recursos de educación, sanidad y medios de comunicación son plenamente aprovechables para la violencia sexual. “Creo que es una injusticia para las víctimas de abusos sexuales el no reconocer que los estereotipos de género también se les aplican”.

Sobre la cuestión de si la prostitución y la trata deben incluirse en la violencia sexual, Begoña San José afirma que la Plataforma no ha debatido sobre ello, pero considera que “se tiene que reconocer que en la trata hay componentes de género y se tiene que aprobar una Ley, porque España no ha hecho la transposición de la directiva europea”.

Asimismo, desde la Plataforma recuerdan que una vez aprobado el Pacto – y ya se hizo en julio- se remitirán al Gobierno para que en el plazo de dos meses se someta a acuerdo con representantes institucionales y sociales, y que en un plazo no superior a 6 meses se tramiten todas las reformas legales.

Por tanto, muestran su desacuerdo con la manera de proceder de la Subcomisión parlamentaria, que el pleno del Congreso de Diputados acordó crear el 15 de noviembre de 2016 y que debía haber presentado sus propuestas a finales de mayo.

Esta subcomisión acordó darse dos prórrogas, primero hasta el 16 de junio y luego hasta el 30 de junio, y una tercera prórroga hasta finales de julio para poder seguir negociando el documento. Desde la Plataforma afirman que este retraso, con respecto al calendario inicial, supone debilitar las medidas contra la violencia de género.

Durante este proceso la Plataforma 7N se ha reunido con Unidos Podemos y con el grupo Parlamentario Socialista, aunque hubieran preferido reunirse con todos.

Comisión para la investigación de malos Tratos a Mujeres

Por otro lado, la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, hace hincapié en determinadas cuestiones que considera fundamentales y que se han visto excluidas del pacto. En primer lugar, considera que el papel de las ONGs feministas ha quedado en segundo plano. Además, destaca la falta de concreción respecto a los compromisos de financiación.

En lo referente a la custodia compartida impuesta, critica que haya sido limitado sólo a los casos que hayan sido denunciados, dejando fuera a las mujeres que pese a sufrir malos tratos no llegan a denunciar.

Por otra parte, considera inadmisible la no inclusión en el Pacto de la violencia sexual como una forma de violencia que obtenga las mismas respuestas que la violencia en las relaciones de pareja. Así mismo, que no se haya incluido la prostitución o los vientres de alquiler, a los que considera como una de las nuevas modalidades de esclavitud y sometimiento de las mujeres.

“Feminicidio.net contabiliza 73 feminicidios en España 2017 y 105 en 2016”

La violencia contra las mujeres es un problema social que sigue vigente en España en un contexto de cultura patriarcal. En lo que va de año, feminicidio.net ha registrado 74 feminicidios y otros asesinatos de mujeres. Por lo que es necesario un Pacto de Estado que proteja a las mujeres de todo tipo de violencia. Es importante cambiar la percepción que la sociedad tiene sobre la violencia machista y empezar a abordarla como un problema social.

La violencia machista, la trata, los feminicidios y la violencia sexual son la evidencia más atroz de las desigualdades y discriminaciones que sufren las mujeres en nuestra sociedad. Un país que busque la igualdad no puede permitir que un sector de la ciudadanía se encuentre amenazado por esta violencia y difícilmente puede llamarse democrático si no la combate.

Las últimas movilizaciones sociales en contra de la violencia machista y en apoyo a la igualdad entre los géneros han sido multitudinarias, la sociedad civil pide un compromiso político eficaz. Ahora las instituciones pueden contribuir a cambiar la conciencia común remodelando el marco legal y favoreciendo la construcción de otro sistema que no limite y oprima a las mujeres.

Un pacto común que condene la violencia machista y que proteja a las víctimas es un paso en la sensibilización y erradicación de este problema. Establece unas bases sobre las que asentar el cambio. La violencia machista está tan enraizada al imaginario colectivo que para desactivarla es necesario atacar muchos frentes. Por ello es crucial la transversalidad de un Pacto que deberá ser completado en futuro con el fin de perseguir todas las formas de violencia contra las mujeres.

Las bases que establezca este pacto son responsables del tipo de sociedad que tendremos. Este Pacto llega tarde, pero llega. Además de una necesidad social es un deber ineludible.

Fotos archivo AmecoPress


Violencia machista- Política y género- Políticas de igualdad- Instituciones de igualdad- Políticas de igualdad- Situación social de las mujeres. Madrid. 28 de septiembre. 17. AmecoPress




AmecoPress, Información para la igualdad. Premio Accésit Ministerio de Industria 2007 - Plan Avanza.
Se ofrece información gratuita a los medios de comunicación. Se permite la reproducción de todos los contenidos citando la fuente e informando de su publicación a Amecopress. Copyright 2007.
Plaza Juan Zorrilla 2, primero. 28003 Madrid. Tel-fax: 91 319 08 52.
Web: www.amecopress.net
Email dirección: direccion@amecopress.net
Email administración: administracion@amecopress.net
Email redacción: amecopress@amecopress.net

Seguir la vida del sitio RSS 2.0 | Espacio privado | SPIP
Proyecto subvencionado por las siguientes instituciones: