28 de septiembre ‘Día por la despenalización del aborto’

España y la despenalización del Aborto

21 de septiembre de 2017.

Por Marta Reig González

Políticas de Igualdad | Salud reproductiva | Aborto | Sociedad | Madrid | Legislación y género





Madrid. 21 de septiembre. 17. AmecoPress. En España el aborto dejó de ser un delito en 1985, con la ley de Felipe González. Desde entonces ha habido dos leyes sobre el aborto, ambas promovidas por gobiernos socialistas, la de 1985 y la de 2010.

Actualmente está vigente la Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo 2/2010, aprobada el 5 de julio durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y modificada en 2015 por el Partido Popular. Esta ley era un compromiso electoral del gobierno socialista. Se empezó a gestar en 2009 promovida por la ministra de igualdad, Viviana Aído, y fue aprobada en julio de 2010.

El ministro de justicia del gobierno popular, Alberto Ruiz Gallardón, intentó modificar esta ley durante la primera legislatura del gobierno de Mariano Rajoy. La reforma proponía una ley más restrictiva y conservadora que la de 1985. No consiguió consenso y supuso su salida del Ministerio.

Ley del aborto julio de 2010

Esta ley permite el aborto libre en las 14 primeras semanas. Como excepción, contempla que si existe grave riesgo para la vida o salud de la embarazada" o "riesgo de graves anomalías en el feto" se podrá interrumpir el embarazo hasta las 22 semanas. Si se detectan "anomalías fetales incompatibles con la vida (...) o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable" se permite el aborto en cualquier momento de la gestación. Cuando se aprobó esta ley el Partido Popular presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional que lo admitió a trámite.

Esta nueva legislación consideraba que la decisión de abortar pertenece a la mujer a partir de los 16 años y solo obligaba a informar a uno de los tutores legales de la menor, con la excepción de aquellos casos en los que esta situación pueda provocar un “conflicto grave”, peligro de "violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos" o se produzca una "situación de desarraigo o desamparo". En estas situaciones la ley eximía a la menor de informar a los tutores.

Sin embargo esta Ley fue reformada por el Partido popular en 2015. Esta modificación cambia la situación de las menores con respecto al aborto. Actualmente las jóvenes menores de 18 años necesitan el consentimiento de sus tutores legales, deben ir a la clínica acompañas por ellos y formalizar su intención de abortar junto un consentimiento firmado por sus padres. Si existe conflicto el caso se resolverá judicialmente de acuerdo con el código civil.

Intento de reforma de Gallardón

El Partido Popular retiró el anteproyecto de ley que limitaba a dos los supuestos para el aborto. Estos eran: violación dentro de las 12 primeras semanas y riesgo para la salud psíquica y física de la madre en las 22 primeras semanas. Por lo tanto esta propuesta de ley es más restrictiva que la de 1985, que contemplaba el supuesto de "anomalía fetal incompatible con la vida", que pueda causar un daño psíquico a la madre. Además exigía el informe de dos profesionales de la medicina en vez del de uno.

El PP priorizó a las asociaciones provida y los sectores más conservadores y reaccionarios de su partido en la redacción de este anteproyecto. Esto provocó debates internos y protestas sociales en las calles en oposición a la ley más restrictiva hasta el momento que, además, iba a alejar a España del rumbo de los países europeos.

El rechazo social de esta propuesta tuvo como consecuencia la dimisión del ministro. Este intento frustrado se tradujo en un endurecimiento de la ley aprobada durante el gobierno del POSE.

Ley del aborto 1985

Esta Ley Orgánica 9/1985 de reforma del artículo 417 bis del Código Penal se aprobó durante el gobierno de Felipe González y supuso un gran avance en derechos sociales de las mujeres. Esta ley del entonces ministro de sanidad, Ernest Lluch, contemplaba tres supuestos para el aborto: lo permitía en cualquier momento de la gestación si existe un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada”, en el plazo de las 12 primera semanas en caso de violación y dentro de las 22 semanas si el feto va a nacer con “graves taras físicas o psíquicas”. Alberto Gallardón padre interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley.

Esta ley, sin embargo, penalizaba con multa o cárcel a aquellas mujeres que abortaran fuera de estos tres supuestos.

En 1995, en la última legislatura del presidente González, se intentó reformar la ley para permitir la interrupción del embarazo en caso de que éste tuviera consecuencias negativas para la mujer, como un conflicto personal, familiar o social. El cambio de gobierno dejó en suspensión esta reforma.

Fotos archivo Amecopress


Aborto- Salud reproductiva- Legislación y género- Políticas de igualdad- Situación social de las mujeres. Madrid. 21 de septiembre. 17. AmecoPress