Jueves, 24 de mayo de 2018.

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La Plataforma Trans requiere la no eliminación de las sanciones administrativas de la Ley LGTBI

Política, Sociedad, Transexualidad, Derechos humanos, Madrid, Jueves 21 de septiembre de 2017, por Nadia Martín García


Madrid. 21 de septiembre. 17. AmecoPress. La Plataforma por los Derechos Trans ha solicitado la no retirada de las sanciones administrativas contempladas en la Ley LGTBI y exigen que Unidos Podemos cumplan lo acordado con la Plataforma Trans y retire en el proceso de enmiendas de la Ley LGTBI aquellas cuestiones abordadas en la Ley Trans.

Tras el debate, que tuvo lugar durante el día de ayer sobre la Ley LGTBI en el Congreso de los Diputados, la Plataforma Trans no comparte la retirada de las sanciones administrativas, exponiendo que una ley antidiscriminatoria que no contemple estas cuestiones, es una ley que nace con fecha de caducidad.

Esta eliminación de las sanciones administrativas, surge ante la presión de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, ya que esta las consideraba un “grave atentado que calificó de un supuesto inconstitucional”. Es una postura que califica de "inadmisible" que sea un órgano administrativo y no un juez quien pueda imponer multas por expresiones que considere que no están amparadas por la libertad de expresión y que entienda que son ofensivas contra las personas LGTBI.

Plataforma Trans

La activista y presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía y de la Federación ’Plataforma Trans’, Mar Cambrollé, afirma que una ley que no contemple sanciones administrativas, es una ley vacía de contenido. Y plantea la siguiente cuestión: ¿Para qué queremos una ley LGTBI sin medidas sancionadoras?

Mar Cambrollé, sostiene “exhortamos a Unidos Podemos a que mantenga las sanciones administrativas por delitos de LGTBIfobia, al ser una reclamación histórica y justa de las personas LGTBI, para sentirnos protegidos de las agresiones por motivo de orientación e identidad, máxime cuando de todo el colectivo, las personas trans somos las más vulnerables a estas agresiones en todos los ámbitos y formas”.

A su vez, expone que cualquier publicación o manifestación de odio debe ser eliminada. Explica que no se trata de libertad de expresión, ya que promulgar el odio pone el límite a esa libertad. Además, resalta que ya está en la Constitución Española. Pues, en su Artículo 20, se reconocen y protegen los derechos de expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones. Pero también recoge que estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos humanos, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

Cambrollé concluye que son las personas transexuales las que sufren los peores tratos, por lo que son necesarias medidas sancionadoras. “Apelamos a la responsabilidad para poner en valor los compromisos y las peticiones que de forma organizada han determinado las personas trans, así como recordamos el deber de las fuerzas políticas de ser la voz de la sociedad y de los grupos vulnerables en las instituciones. La discriminación se empieza combatiendo en el reconocimiento del sujeto político, en el desarrollo y determinación de las políticas que le afectan, no pueden haber políticas trans, sin la representación asociativa trans”.

Foto Archivo AmecoPress


Política- Sociedad- Transexualidad- Derechos humanos; Madrid. 21 de septiembre. 17. AmecoPress




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