Lunes, 21 de agosto de 2017.

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El Defensor del pueblo pide explicaciones por el aumento en las visitas de padres maltratadores

Sociedad, Instituciones de igualdad, Infancia, Violencia de género, Maltratos, Feminicidio, Madrid, Martes 25 de julio de 2017, por Redacción AmecoPress


Madrid. 24 de julio. 17. AmecoPress. El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio ante la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género con el objetivo de conocer los motivos por los que ha aumentado el incumplimiento de las órdenes de alejamiento en casos de violencia de género y ha descendido la suspensión del régimen de visitas de maltratadores a sus hijas e hijos.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio ante la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género con el objetivo de conocer los motivos por los que ha aumentado el incumplimiento de las órdenes de alejamiento en casos de violencia de género y ha descendido la suspensión del régimen de visitas de maltratadores a sus hijos e hijas.

La Institución ha solicitado a dicha delegación que evalúe el impacto de las últimas normas para proteger a las víctimas de violencia machista y a sus hijos e hijas.

El último informe del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, publicado por el Consejo General del Poder Judicial muestra que en el primer trimestre de 2017 se han triplicado los quebrantamientos de órdenes de alejamiento alcanzando casi un 10% y han caído un 3% las suspensiones del régimen de visitas de los padres maltratadores a sus hijos e hijas y un 5% la retirada de la custodia.

Hijos e hijas de víctimas de violencia de género

La Institución lleva años mostrando su preocupación por los menores hijos e hijas de víctimas de violencia de género. En su opinión, es necesario otorgar protección rápida y eficaz a los hijos e hijas de estas mujeres para evitar que se sigan produciendo asesinatos de menores de edad a manos de sus padres maltratadores. En los últimos cuatro años 21 niños han sido asesinados.

El Defensor del Pueblo mantiene abierta otra actuación a la espera de recibir información sobre las medidas específicas adoptadas para el desarrollo de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia en todo lo relacionado con hijos e hijas de víctimas de violencia de género.

La Institución solicitó en 2014 favorecer la supresión de las visitas y comunicaciones de los imputados por malos tratos con sus hijas e hijos con el fin de prevenir posibles riesgos. También pidió garantizar por ley un examen individualizado del régimen de visita de cada menor afectado por una situación familiar de violencia de género.

Además, comparte el criterio de Naciones Unidas que, a través de su Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), recomendó a España que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos e hijas.

Órdenes de alejamiento

Pasado un año desde la entrada en vigor de la Instrucción 7/2016 de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se establece un nuevo protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género, el Defensor del Pueblo también ha preguntado por la eficacia de las medidas de alejamiento.

Según informó la Secretaría de Estado de Seguridad a la Institución la citada instrucción pretendía mejorar la coordinación entre la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y la Policía.

Llamadas de atención a España por no proteger debidamente a los y las menores

El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW) condenó en 2014 a España al considerar que no había protegido debidamente a la hija de Ángela González, que fue asesinada en un régimen de visitas por su padre. Su madre había alertado del peligro que corría y había interpuesto más de 30 denuncias. La recomendación de la institución fue que el gobierno indemnizara a la familia. Sin embargo, el Ministerio de Justicia confirmó en 2015 su negativa a hacerlo, amparándose en el argumento de que este organismo " no vincula al Estado español en cuanto a su cumplimiento".

La ONU advirtió a España que debía "tomar las medidas adecuadas y efectivas" para garantizar el principio de no repetición de modo que el ejercicio de los derechos de custodia y visita "no pongan en peligro la seguridad de las víctimas, incluidos los hijos". Hacía hincapié en atender al interés de los y las menos y en la necesidad de formar en género con el objetivo de acabar con los estereotipos de género.

Fotos archivo AmecoPress tomadas de elpais.com


Infancia- Maltratos- Violencia de género- Feminicidio- Instituciones de igualdad; Madrid. 24 de julio. 17. AmecoPress




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