Domingo, 24 de septiembre de 2017.

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El asedio antielección recrudece su ofensiva contra mujeres y profesionales, ante la pasividad de las autoridades

Acoso a las mujeres que ejercen su derecho al aborto en una clínica de Málaga

Representantes de la Asociación “Corazón de María”, de lunes a domingo, en el centro Ginecenter de Málaga

Estado Español, Debates, Aborto, Salud reproductiva, Madrid, Martes 14 de marzo de 2017, por Redacción AmecoPress


Madrid, 14 marzo. 17. Amecopress. ¿Cómo es posible que en este país las mujeres tengan que atravesar "literalmente" una barrera humana de amenazas y acoso para ejercer su derecho a abortar? ¿Por qué la profesión médica y sanitaria está desprotegida cuando se trata de profesionales que realizan Interrupciones Voluntarias de Embarazos? ¿Actuarían igual las autoridades si el hostigamiento tuviera lugar a las puertas de un edificio oficial, un centro sanitario público o un lugar de culto religioso? Esas son preguntas que lanza la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo y que acompañan la denuncia de un nuevo acoso que se está produciendo en las puertas del centro Ginecenter de Málaga por parte de representantes de la Asociación “Corazón de María”, para coaccionar el libre acceso de las mujeres a la clínica.

Como ya viene sucediendo en otros puntos de España, por ejemplo en la Clínica Iris de Albacete, el hostigamiento hacia las mujeres que libremente quieren ejercer su derecho a interrumpir su embarazo y hacia las y los profesionales que las ayudan, no cesa. La pasividad de las autoridades encargadas de velar por la seguridad de estas mujeres y del equipo médico y sanitario, alienta a unos grupos que de manera intermitente vienen acosando a la clínica Ginecenter de Málaga desde el año 2014, sin que el Subdelegado del Gobierno haya recibido a las personas profesionales que desde entonces han intentado que cumpliera con su responsabilidad, y sin que se hayan resuelto las denuncias que han sido interpuestas contra estos grupos antiederechos.

Dada la situación, ACAI vuelve a pedir a las autoridades responsables de garantizar la seguridad de las mujeres en el ejercicio de su derecho a interrumpir su gestación (Delegación y Subdelegación del Gobierno), que se impliquen en la resolución del conflicto. “Les pedimos que se involucren de la misma manera que estamos seguros lo harían, si el orden público se viera alterado a las puertas de un edificio oficial, un centro sanitario público o un lugar de culto religioso”, aseguran.

De igual forma ACAI pide a la Consejería de Sanidad de Andalucía que tome parte en la resolución del conflicto, ya que para los y las profesionales de estos centros resulta cada vez más complicado no solo salvaguardar la seguridad de las mujeres y profesionales, sino garantizar la normalidad de esta prestación sanitaria, pudiendo llegar a producirse un problema de salud pública si se sigue desoyendo y desatendiendo la situación.

“Se lo pedimos además en nombre de las mujeres, para que no se siga ejerciendo esta violencia reiterada contra ellas”, dicen desde ACAI. La asocación pide que se considere que, dado el estigma social que pesa sobre las mujeres que interrumpen su embarazo, pese a estar reconocido por ley este derecho, es altamente improbable que las afectadas denuncien el acoso del que están siendo objeto, ya que interponer una denuncia contra este colectivo implicaría dejar al descubierto su identidad y su intimidad durante el proceso judicial, algo que no desean en modo alguno.

Circunstancia ésta de sobra conocida por el colectivo antiderechos y en la que se amparan para seguir sosteniendo con impunidad su acoso a las mujeres y profesionales.

ACAI solicita que se atienda y entiendan las necesidades de especial protección de las clínicas de IVE como un “grave problema de orden público”, Que se den “instrucciones” a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que atiendan las “llamadas de auxilio de las clínicas”, con independencia de que las reuniones en las puertas de las mismas no sobrepasen el número de veinte personas, que hagan “acto de presencia los agentes policiales cuando sean requeridos por las clínicas”, identificando a los y las integrantes de los grupos fundamentalistas y mantengan su presencia en las inmediaciones. La sola presencia de los agentes policiales, ayudará a la disolución de la reunión y, desde luego, impedirá el ejercicio de actos coactivos e intimidatorios para las pacientes.

La asociación reclama que se investiguen, cuando sean denunciados por las víctimas, con rapidez y eficacia, los delitos de daños, agresiones, etc… de manera que puedan ponerse a disposición judicial a los presuntos culpables en el menor tiempo posible, así como las pruebas necesarias para su enjuiciamiento. “Tolerancia policial “0” con los radicales que se concentran frente a las clínicas cuando superen los márgenes de la libertad de manifestación, reunión y expresión”, concluyen.

Fotos AmecoPress


Estado español – Debates – Aborto – Salud y género – Misoginia; 14 de marzo. 17. AmecoPress




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