El Consejo de Ministros aprueba una Declaración Institucional contra la violencia hacia las mujeres

Madrid, 29 nov. 16. AmecoPress. El Consejo de Ministros ha aprobado una Declaración Institucional contra la violencia de género con motivo del Día Internacional para su eliminación. Dicha declaración manifiesta la voluntad de seguir trabajando e impulsando las medidas necesarias para erradicar completamente esta lacra en España y en la Comunidad Internacional.

El Consejo de Ministros –a propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el de Justicia- ha aprobado una Declaración Institucional contra la violencia de género. El fin de la misma es constatar su compromiso frente a la lucha contra este problema, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres del pasado 25 de noviembre.

“El Gobierno de España expresa, en nombre propio en el de toda la sociedad, el rechazo de cualquier forma de violencia ejercida contra la mujer, su firme determinación de apoyar y proteger a quienes la sufren, así como a sus hijos e hijas”, comienza la Declaración. Asimismo, manifiesta su voluntad de “seguir trabajando e impulsando” todas las medidas que resulten necesarias hasta su completa erradicación en España y en la Comunidad Internacional. La violencia contra las mujeres es una “prioridad de la política exterior de España en materia de derechos humanos”.

“Aunque la mayoría de la sociedad española rechaza el maltrato y a quienes lo perpetran, sigue siendo necesario el cambio de conciencia social que remueva todos aquellos comportamientos, estereotipos y conductas que amparan, justifican o legitiman el maltrato”, declaran. Este maltrato no se considera solo en su manifestación física, sino también a través de expresiones o hábitos sociales que, de manera indirecta, pueden ampararlo y justificarlo.

En la Declaración se pone de relieve que es “inadmisible” esta violencia, que es un obstáculo para que puedan disfrutar plenamente de sus derechos y libertades. A día de hoy, sigue pendiente “que contribuyamos al cambio de conciencia social definitivo” de forma que se pueda garantizar la plena igualdad entre hombres y mujeres, un trato igualitario, no discriminatorio y plenamente respetuoso con sus derechos fundamentales, especialmente con las mujeres más vulnerables: las que tienen algún tipo de discapacidad o las mujeres migrantes.

Atención a menores

“De manera señalada, se atiende a hijos e hijas y a menores a cargo de quien sufre la violencia, víctimas directas merecedoras de especial protección”, manifiestan. Por ello, se procedió a la aprobación de la Ley Orgánica 8/2015 y de la Ley 26/2015, de 22 y 28 de julio respectivamente, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, que mejoran la atención y la protección de los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género, así como de menores víctimas de otra formas de violencia, en particular, la trata de seres humanos.

Asimismo, en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se incluye a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género en el artículo 1, con el objetivo de visibilizar esta forma de violencia que se puede ejercer sobre ellos.

Soluciones del Gobierno

Con todos estos motivos, el Gobierno se compromete a “continuar promoviendo la educación en igualdad en todas las etapas educativas”. La incidencia será mayor en la formación de la juventud –un centro de especial atención para los poderes públicos por ser un colectivo especialmente vulnerable-, especialmente, en el buen uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías.

El Gobierno asegura que seguirá implicando a toda la sociedad mediante campañas innovadoras de sensibilización social dirigidas a todos los públicos –tejido empresarial, profesionales de distintos ámbitos, mundo deportivo y sociedad en general- en el reconocimiento de las primeras señales del maltrato, en el apoyo a quien sufre violencia de género y en el rechazo al maltrato y a quienes lo provocan.

Este rechazo debe provenir también por parte de los poderes públicos en relación al más amplio concepto de violencia contra la mujer, tal y como promueven los acuerdos internacionales sobre la materia: trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, agresiones sexuales, acoso sexual, matrimonio forzoso, crímenes en nombre del ‘honor’ y mutilación genital femenina. El Gobierno ha manifestado su “firme compromiso” de dar respuesta progresiva a estas formas de violencia contra la mujer. Así ha sucedido con el II Plan Integral contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación Sexual, de cuya aprobación se cumple un año.

“Mientras una sola mujer sufra violencia es necesario seguir trabajando”, han manifestado desde el Gobierno. Por ello, han reafirmado su compromiso -junto con el resto de fuerzas políticas, interlocutores sociales, administraciones, asociaciones e instituciones públicas y privadas- para alcanzar un gran acuerdo que reconozca el logro de una España libre de violencia contra las mujeres como un “objetivo nacional” compartido. “Con el liderazgo de los poderes públicos, esta meta irrenunciable en la España del siglo XXI debe lograrse promoviendo, en conjunto, las reformas normativas y organizativas que sean necesarias”.

El reciente acuerdo, unánime de todas las fuerzas del Congreso de los Diputados, es el primer paso hacia el “necesario y anhelado” Pacto de Estado contra la Violencia de Género. A tal efecto, y antes del 31 de diciembre, se creará una Subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad, que será la encargada de elaborar –en un plazo máximo de cuatro meses desde su constitución- un informe para identificar los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género y un conjunto de propuestas de actuación. Una vez aprobado, el informe se remitirá al Gobierno para someterlo a acuerdo con representantes de comunidades, ayuntamiento, administraciones de justicia y asociaciones sindicales, empresariales y civiles.

“Por último, es preciso hacer hincapié en que toda esta acción se enmarca en los ámbitos internacionales en el impulso que España desarrolla en su presencia en las Instituciones Europeas y como miembro activo de la Comunidad Internacional, que apoya y promueve compromisos internacionales contra la violencia hacia las mujeres. El Gobierno, un año más, desde la convicción de que una España libre de violencia de género es posible en el siglo XXI, exhorta a toda la sociedad para que lidere el cambio necesario para su consecución”, culmina la Declaración.

Foto: Archivo AmecoPress
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Estado Español - Comunicados - Violencia de género - Políticas de igualdad - Legislación y género; 29 noviembre.16. AmecoPress