La atención a la anticoncepción sigue sin contemplarse en la mayoría de las comunidades autónomas

Madrid, 24 nov. 16. AmecoPress. Uno de los factores que explica la cifra de embarazos no deseados que, aunque con tendencia a la baja, siguen produciéndose en el Estado español, especialmente entre las más jóvenes, es la falta de inclusión de la salud reproductiva como un elemento clave en las políticas sanitarias que se desarrollan. Y es que la Ley de 2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, está siendo cumplida en el Estado español sólo en lo referente a la última parte: la del aborto. Ésta es una de las principales conclusiones del informe “Acceso a la anticoncepción en las comunidades autónomas” presentado ayer, elaborado por la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) con el patrocinio de Bayer, y que ha contado con la colaboración de profesionales especialistas en anticoncepción que trabajan en las CC.AA.

El estudio, que recoge la situación a enero de 2016, evalúa el estado de la atención a la anticoncepción en el sistema público de salud en las comunidades autónomas. En él se analizan los marcos legales y sociales de la salud sexual y reproductiva en España; las normativas, estrategias y programas en anticoncepción de las comunidades autónomas; las campañas de sensibilización realizadas en los últimos años; la formación que las CC.AA. brindan a los y las profesionales; la organización de los servicios de anticoncepción, y la financiación de los métodos anticonceptivos.

“Nos preocupan especialmente las desigualdades que hemos constatado en el acceso, la financiación y la calidad de los servicios entre las distintas comunidades autónomas, y que la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que se aprobó en 2011, no se haya desarrollado. Hemos encontrado también buenas prácticas que deben servir como modelo”, señaló Luis Enrique Sánchez, presidente de la FPFE. Destacó la importancia de difundir el estudio, con sus conclusiones y recomendaciones, para convertirlo en una herramienta útil para toda la sociedad y no solo para el ámbito académico y profesional.

De la normativa existente, "solo se han implementado las líneas de salud reproductiva de la Ley referentes al embarazo, parto y puerperio, mientras que los aspectos relacionados con la prevención de embarazos no deseados, la anticoncepción y todos los relacionados con la salud sexual no han sido desarrollados por el gobierno tras las elecciones generales del 2011", reza el informe, que recoge datos hasta enero de 2016 sin el País Vasco, que no colaboró con sus datos, según ha explicado la ginecóloga Concha Martín Perpiñán, co-autora del informe, en la presentación de las conclusiones y recomendaciones del trabajo.

Algunos datos

Así, el informe evidencia que las competencias en materia de anticoncepción por parte de las administraciones autonómicas influyen en el desigual acceso a los métodos anticonceptivos en nuestro país y que el Sistema Nacional de Salud no proporciona la financiación de todos los métodos anticonceptivos.
En cuanto a la atención a la anticoncepción, 7 comunidades autónomas no disponen de programas propios de anticoncepción, que dentro de su Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva podrían derivar en políticas públicas que mejoren el acceso a la anticoncepción.

Además, solo 6 comunidades autónomas han realizado campañas de sensibilización en los últimos 5 años, aunque de éstas, el 71% no dispone de sistemas de evaluación que permitan medir su impacto y por tanto, introducir cambios y nuevas medidas que favorezcan una mayor eficacia de estas campañas. Este dato se traduce en que más de cinco millones de mujeres en edad fértil no han recibido información institucional sobre el uso de anticonceptivos en 5 años.

El informe también analiza la formación que reciben los y las profesionales de la sanidad en materia de anticoncepción. En este campo, en 7 comunidades autónomas las consejerías de sanidad han ofrecido formación a los y las profesionales de la salud y un tercio de las comunidades autónomas (37,5%) dispone de programas formativos que implican a todos los estamentos profesionales sanitarios. Salvo en Cataluña y Andalucía, que cuentan con un plan específico de formación, no existe una oferta formativa continuada en anticoncepción por parte de las Administraciones sanitarias, sino que se realizan cursos puntuales de actualización en anticoncepción, cuyo impacto es menor que los programas de formación continuada.

Educación y prevención

La educación sexual, destacan desde la Federación, es un problema de derechos y de igualdad: "Los embarazos no deseados constituyen un importante problema para la salud y para el ejercicio de los derechos reproductivos, que adquiere particular relevancia entre mujeres que presentan una mayor vulnerabilidad por su situación económica y/o social, como es el caso de las mujeres jóvenes y las mujeres inmigrantes".

En ese sentido, Concha Martín Perpiñán ha subrayado que "los anticonceptivos no son artículos de lujo, son una necesidad", y que el Sistema Nacional de Salud debería garantizar la financiación de todos los métodos anticonceptivos, "ya que no todas las personas somos iguales, a algunos les va mejor uno, y a otros, otro".

En un país en que se producen alrededor de 100.000 abortos, según datos oficiales, las administraciones están muy lejos de financiar todos los métodos anticonceptivos. De hecho, en algunas comunidades autónomas, como Madrid y Murcia, no financian ninguno. Aunque no puede establecerse un paralelismo automático, lo cierto es que estas regiones están por encima de la media en tasas de interrupción voluntaria del embarazo. Madrid es la tercera con mayor tasa de interrupciones voluntarias, levemente por debajo de Asturias y Cataluña. Murcia está en el sexto lugar, sólo superado por las tres mencionadas primero, más Baleares y Canarias.

Por el contrario, Navarra es la región que más métodos financia (preservativo, DIU de cobre, píldora poscoital, e implante), mientras que Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura costean tres.

El estudio incluye como una de sus recomendaciones principales que se establezca la prestación de la anticoncepción como una actividad fundamental dentro del sistema público de salud, garantizando que sea de calidad y accesible, con independencia de los cambios gubernamentales que se produzcan. Y es que es importante recordar que, según los cálculos de la FPFE, casi la mitad de las mujeres en edad fértil no recibe información institucional sobre métodos anticonceptivos en los últimos 5 años.

Según la Federación, la mejor forma de ofrecer esta prestación es a través de la atención primaria, apoyada por las unidades en las que se ha convertido los antiguos centros de orientación familiar del Ministerio. Asimismo es necesario desarrollar una Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva para cuatro años, que garantice la implementación de la Ley de 2010.

Foto: AmecoPress
— -
Estado español – Salud – Salud y género – Salud reproductiva; 24 noviembre. 16. AmecoPress