"Somos una organización de utilidad pública manifiesta que pide un reconocimiento legal"
Madrid, 16 jun. 16. AmecoPress. La Federación de Planificación Familiar Estatal ha hecho entrega, en el Ministerio del Interior, de una declaración pública firmada por más de 130 organizaciones del Estado español e internacionales. El documento pide que se le restituya la declaración de utilidad pública revocada por el Ministerio.
La Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) hace entrega de una declaración firmada por más de 130 organizaciones que trabajan por la salud y los derechos sexuales y reproductivos. El Presidente de la FPFE, Luis Enrique Sánchez, ha sido el encargado de encabezar la presentación del “documento suscrito por organizaciones nacionales y europeas”, según nos cuenta en declaraciones a AmecoPress. Comenta que les siguen llegando comunicados en la misma línea de apoyo de sociedades de todo el mundo. Eugenia García Raya, de la FPFE, habla de la entrega como un “acto simbólico”.
El escrito manifiesta el rechazo a la revocación de la declaración de utilidad pública que fue resuelta por el Ministerio de Interior. “Nuestra organización lucha por los derechos sexuales y reproductivos, y tenemos una trayectoria impecable”, asegura el presidente. La organización trabaja con diferentes Ministerios, como el de Sanidad o Trabajo, con el Instituto de Mujer, con el Ayuntamiento de Barcelona y con otras muchas entidades. “Nuestro trabajo es básicamente la atención social a jóvenes y mujeres. Somos una asociación modesta, con una mayoría voluntaria, que consideramos que hacemos una labor social importante”, reitera Sánchez.
La Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) hace entrega de la declaración firmada por más de 130 organizaciones, nacionales e internacionales, que trabajan por la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Las entidades firmantes piden que se restituya la declaración de utilidad pública concedida a la FPFE. Dicho título fue revocado por el propio ministerio después de las exigencias presentadas por una asociación católica ultraconservadora. La Federación denuncia que las creencias religiosas se conviertan en un instrumento para gobernar.
Este acto político de revocación, con argumentos morales implícitos, se suma a las campañas de acoso que, desde la FPFE, aseguran que sufren hace meses por la defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. “Hay una campaña internacional en todo el mundo en la que asociaciones integristas, con un matiz ideológico ultraconservador o de ultraderecha, acosan y acusan sobre todo tipo de perversidades”, advierte Sánchez. En el caso de la FPFE, ellos han sido acusados en redes sociales por tráfico de órganos, lo que el presidente califica como “algo horrible y, por supuesto, falso”.
Utilidad pública
El concepto de utilidad pública sirve para concurrir a determinados proyectos que exigen ese requisito. Sin él, la FPFE no puede acceder a estos recursos, privándoles de una gran cantidad de ellos. Tienen proyectos de trabajo en talleres o asesorías, con otras entidades, a los que ya no pueden acceder. “Puede ser un precedente negativo porque criminaliza y denigra. Nosotros contribuimos a paliar las deficiencias del sistema sanitario, por ello pensamos que somos una organización de utilidad pública manifiesta”, reivindica Sánchez. En ese sentido, simplemente, piden justicia para que se les reconozca legalmente.
El título de utilidad pública únicamente estuvo vigente para ellos durante 15 días. “La celeridad pasmosa que se ha tenido desde el Ministerio no es normal”, cuenta Sánchez. Tras la presentación de este documento, nos asegura que van a seguir luchando por recuperar esa categoría. “Vamos a iniciar acciones legales por la vía jurídica porque, al ser una resolución de la Administración, ya no cabe más recurso que el contencioso-administrativo”. También se reservan otras acciones legales, en caso de tener elementos que indiquen que se han incluido “procedimientos políticos ocultos”.
Treinta años de asistencia
La Federación cuenta con treinta años de trabajo a sus espaldas. Además de talleres, pruebas rápidas de VIH y otros muchos proyectos, tienen una línea 900 para orientación en sexual en todo el país, que tiene muchísimos registros. “Por poner un dato, solamente este año en nuestro centro joven de la Comunidad de Madrid se han atendido a 20000 personas”, asegura Sánchez.
A este número hay que sumar su centro de Barcelona, Castilla La Mancha o A Coruña. “Si eso lo multiplican por el trabajo de treinta años de trayectoria social, le pueden salir millones de personas atendidas. Aunque esto nos suponga un golpe económico, porque somos una organización modesta que no tiene muchos ingresos, la Federación no va a dejar de existir por esto”, concluye el Presidente.
Fotos: AmecoPress
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1) Representantes de las organizaciones posan con la queja ciudadana; 2) Representantes entran al Ministerio del Interior para hacer entrega del documento; 3) Luis Enrique Sánchez, presidente de la FPFE, comparece ante los medios
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Estado Español - Legislación y género - Instituciones de igualdad - Políticas de igualdad - Derechos humanos - Género y desarrollo; 16 de junio.16. AmecoPress