Liliana Chaparro: “Cerca de cuatro millones de personas desplazadas en Colombia, el 75% mujeres, niñas y niños”

14 de abril de 2008.

Madrid | Internacional | Violencia en conflicto armado



La violencia sexual dentro y fuera del conflicto armado se puede estimar en el 95%


La Casa América acogió el debate sobre la “Verdad contra la impunidad: Iniciativas en la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres en situaciones de conflicto armado. La experiencia Colombiana”, en el que intervino Liliana Chaparro, representante de Sisma Mujer-Colombia.

Colombia ha vivido un conflicto armado desde hace más de cuatro décadas, entre las guerrillas y el Estado, precisamente este último, en respuesta a la violencia generalizada que vivía el país, desarrolló una legislación entre la década del 60 y finales de la década del 80, en la que se permite a la población civil ampararse en armas de uso privativo de las fuerzas armadas, que deriva en la creación de grupos de autodefensa con el fin de auxiliar a la Fuerza Pública en operaciones antisubversivas y defenderse de los grupos guerrilleros. Estos grupos de autodefensa, por tratarse de una estrategia contrainsurgente del Estado, que ofrece apoyo legal, económico y especialmente militar, son conocidos como los “grupos paramilitares”.

Así lo explicó Liliana Chaparro, para quién estos “grupos ilegales” no han sido homogéneos en el tiempo ni en las regiones, porque fue en las década de los ochenta cuando en su propósito de combatir a las guerrillas, su lucha antisubversiva, a través de masacres, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, control social, entre otras, causaron terror en pueblos enteros y exterminaron a personas que consideraban auxiliares de la guerrilla, así como a grupos poblacionales opositores, como la Unión Patriótica.

Chaparro recordó que en el año 2002 ingresó en el Gobierno el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien inició las negociaciones con los grupos paramilitares y sus consecuentes desmovilizaciones. Las negociaciones han reducido las masacres, pero está demostrado que esta disminución se debe a una estrategia militar de “homicidios selectivos”. En la actualidad, los grupos paramilitares persisten de manera autónoma o con el beneplácito y complicidad del Estado.

Violaciones a los derechos humanos por parte de los grupos paramilitares

Liliana Chaparro señaló que los efectos del conflicto armado en Colombia no se ha cuantificado en su totalidad, pero de acuerdo a la información a una fuente no gubernamental como Comisión Colombiana de Juristas, en el periodo entre julio de 1996 y junio de 2006, fueron ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas por razones sociopolíticas 31.656 personas, de las cuales el 45.63 por ciento (14.444 personas) son atribuidas a grupos paramilitares, el 13.55 por ciento (4.288 personas) a guerrillas, el 5.12 por ciento (1.620 personas) a agentes del Estado y las restantes a grupos no identificados. Chaparro señaló que se estima que hay cerca de 4 millones de personas (aproximadamente el 10% de la población total de Colombia), desplazadas forzadamente por cualquiera de los grupos armados, y el 75% son mujeres, niñas y niños.

La violencia sexual en el conflicto armado de Colombia

“No se conocen datos sobre el número de mujeres víctimas de cualquier forma de violencia sexual en el marco del conflicto armado, ni de los impactos que ese conflicto ha tenido en la vida de la mujeres y de las familias en el país”, indicó Chaparro.

Esta desinformación obedece a diferentes causas de origen externo e interno de las mujeres, “que implican que el sub-registro de la violencia sexual dentro y fuera del conflicto armado llegaría a ser del 95%”. La desinformación se debe a la renuncia a denunciar ante las autoridades de los hechos de violencia sexual por temor de las mujeres a ser estigmatizadas, señaladas, rechazadas y culpabilizadas por su entorno familiar y social, “la violencia sexual es el único delito en el que quien afronta la culpa es la víctima y no el victimario”. Como consecuencia de esta renuncia a denunciar se produce la “desestructuración emocional”, los estados depresivos, alteraciones en la sexualidad, y muchos más trastornos psicológicos.

Chaparro agregó otras razones que impiden denunciar, como el hecho de que es las mujeres consideran que la violencia sexual en su contra es un “hecho normal”, que deben soportar por el hecho de ser mujeres. “No tienen conciencia de que la violencia sexual es un delito, por el contrario, creen que los hombres tienen derecho sobre ellas. Una de las características que tienen como semejanza las mujeres víctimas de agresión sexual, es el escaso acceso a recursos económicos, su procedencia rural y las escasas posibilidades educativas, “que las colocan en los últimos lugares de estratificación de la justicia”.

En el debate también intervinieron , Leonora Castaño, ex presidenta de Asociación Nacional de Mujeres campesinas, indígenas y Negras de Colombia (ANMUCIC), Antonio Madariaga, director de la Organización Viva la Ciudadanía-Colombia, Silvia Escobar representante de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), Mercedes Ruiz- Jiménez Aguilar, secretaria general de la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI), así como Carlos Beristain, especialista en atención a víctimas de la violencia y comisiones de la verdad en América Latina, que actuó de moderador.

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Fotos: AmecoPress

Pie de foto: Liliana Chaparro a la derecha en la Casa de América

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Internacional-Violencia en conflictos armados- 14 de abril (08), AmecoPress