El Gobierno de España presenta candidata antiabortista al máximo organismo internacional para la defensa de los derechos humanos de las mujeres

Madrid, 23 febrero. 16. AmecoPress. El 7 de marzo de 2016 termina el plazo de presentación de candidaturas para la renovación en junio de la mitad de las 23 expertas independientes que constituyen el Comité CEDAW (Convención para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer) de Naciones Unidas. Las organizaciones feministas, de mujeres, derechos humanos y desarrollo españolas, han sabido que el Gobierno en funciones de España, sin consulta previa, ni diálogo alguno con las expertas, ha propuesto a la señora Ana Peláez Narváez, quien entre otras cosas es contraria al derecho al aborto. Frente a este hecho, la Plataforma CEDAW Sombra, integrada por más de 270 organizaciones, ha puesto en marcha una campaña para pedir “transparencia y defensa de todas las mujeres en la candidatura de España al Comité Cedaw 2016”. Puedes apoyar firmando aquí.

La Plataforma CEDAW denuncia la “política oscurantista, antifeminista y oportunista del Partido Popular en el nombramiento”, ya que no sólo no consulta a las organizaciones feministas, sino que ignora y combate a las verdaderas expertas en la materia, debilitando los mecanismos nacionales y los internacionales para la igualdad de las mujeres.

Según explican en una carta, en los últimos 5 años, el Gobierno de España se ha caracterizado por ejercer la práctica habitual de no entablar ningún diálogo con las organizaciones feministas en el marco de los acuerdos y decisiones que se producen a nivel internacional en materia de igualdad, no discriminación y violencia hacia las mujeres, ignorando así, de forma reiterada, a las principales expertas y organizaciones destacadas en la materia en este ámbito.

Sin negar el trabajo de Ana Peláez en la ONCE, el CERMI y como miembro del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, las organizaciones señalan “su activismo contrario a la movilización feminista por el derecho al aborto en España en 2014 y 2015”. Esta postura es contraria a las propias Observaciones del Comité CEDAW al Estado español, que dicen literalmente: “Garantice que no se apruebe el proyecto de ley sobre el derecho al aborto para las niñas y mujeres de 16 a 18 años de edad ‘ al que el gobierno ha hecho caso omiso con la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo, y al artículo 12 sobre Salud de la Convención CEDAW y la Recomendación General 24 que lo desarrolla, cuyo artículo 14 “exige que los Estados Partes se abstengan de poner trabas a las medidas adoptadas por la mujer para conseguir sus objetivos en materia de salud (…) ni restringir el acceso de la mujer a los servicios de atención médica ni a los dispensarios que los prestan por el hecho de carecer de autorización de su esposo, su compañero, sus padres o las autoridades de salud, por no estar casada o por su condición de mujer. El acceso de la mujer a una adecuada atención médica tropieza también con otros obstáculos, como las leyes que penalizan ciertas intervenciones médicas que afectan exclusivamente a la mujer y castigan a las mujeres que se someten a dichas intervenciones.”

En nuestro país hay muchas expertas, referentes internacionales y con largas trayectorias en los ámbitos jurídicos, políticos, académicos y sociales en el marco de las políticas contra la discriminación y la violencia hacia las mujeres, u otras que deberían tener cabida en un proceso de “publicidad y concurrencia, por mérito y capacidad en la lucha contra la discriminación y la violencia de género”, y no, como ya hizo el gobierno en 2015 para el GREVIO (Grupo de expertas del Convenio del Consejo de Europa contra la Violencia de Género) “a dedo y a escondidas, significando la actitud profundamente antidemocrática de este Gobierno”.

Foto: Archivo Amecopress