El Observatorio evalúa los diez años de la Ley Integral contra la Violencia de Género

2 de diciembre de 2014.

Por Gloria López

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Especialistas en administración de Justicia piden más recursos, más coordinación y más sensibilización


Madrid, 02 dic. 14. AmecoPress El Senado ha acogido, durante los días 1 y 2 de diciembre, el V Congreso del Observatorio contra la violencia doméstica y de género que ha reunido a colectivos profesionales relacionados con la administración de Justicia para, desde una mirada interdisciplinar, evaluar la incidencia de la legislación vigente y mejorar la respuesta institucional contra la violación de derechos humanos que significa la violencia contra las mujeres y sus hijos e hijas. Las conclusiones de los intercambios serán leídas a las 14 horas.

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En las diferentes Mesas redondas, en las que han participado representantes de los grupos parlamentarios, periodistas y expertas en la lucha contra la violencia machista, se han examinado los avances derivados de la aplicación de la Ley integral, que cumple ahora su décimo aniversario, los efectos de la entrada en vigor del Convenio de Estambul, y la incidencia que habrán de tener reformas legislativas, recientes o pendientes, como el Estatuto Jurídico de las Víctimas, la Ley de Protección a la infancia o la Reforma del Código Penal. También ha habido tiempo para revisar el papel de los medios de comunicación y de la sociedad civil en la sensibilización y prevención de la violencia de género.

Fortalecer la coordinación

Uno de los aspectos defendidos ha sido la necesidad de fortalecer la coordinación entre los distintos ministerios y agentes que intervienen en un proceso que tiene como objetivo fundamental proteger y apoyar a las víctimas de la violencia machista.

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En ese sentido, Noelia González Garrote, asesora de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia y Fiscal, ha destacado que hay instrumentos como el Protocolo Médico Forense, que valora el riesgo de violencia que amenaza a la víctima, en menos de 72 horas, que “todavía se utiliza poco”, ya que solo se han elaborado 352 en tres años. A este protocolo para la valoración de riesgo se suma uno Psicológico y también la Circular, aprobada este verano, dirigida a las y los Secretarios Judiciales, en la que, entre otras cosas, “se les recuerda la obligación de ofrecer las oficinas de asistencia a las víctimas -26- que todavía no se dan a conocer suficientemente”.

Noelia González Garrote ha participado junto a Jorge Zurita Bayona, jefe de área del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad (Ministerio del Interior), y Tomasa Hernández Martín, directora General de la Administración de Justicia del Gobierno de Aragón, en una mesa abierta por Blanca Hernández Oliver, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, y moderada por Soledad Cazorla Prieto, Fiscal de Sala Delegada Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer.

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El representante del Ministerio de Interior y las fuerzas de seguridad del Estado –que aglutinan a 245.000 hombres y mujeres para la lucha contra la violencia de género- ha recordado que en 2007 se creó el sistema VioGén, en cumplimiento con el artículo del artículo 32 de la Ley Integral. Este sistema pretende establecer una red de recursos, instituciones e información que mediante la predicción de riesgo permita dar una protección rápida e integral a las víctimas, mujeres, hijos e hijas. También ha señalado la existencia de unidades de coordinación.

Fallos en la protección

Sin embargo, los casos de mujeres que habiendo denunciado la violencia han sido asesinadas así como la muerte de dos niñas como a manos de su padre la semana pasada en Asturias han sido comentados varias veces en la jornada del Senado. “No vale animar a las mujeres a que denuncien y que después tengan que enfrentarse solas a un montón de dificultades”, ha dicho la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, quien en un exhaustivo análisis ha enumerado avances y retos en la lucha por la erradicación de esta lacra. “La ley no cambia en apenas diez años la realidad social”, ha dicho, señalando la existencia de “muchos prejuicios”, que se manifiestan en el mismo lenguaje, y frente a los que hay que hacer “mucha pedagogía”.

Más recursos

Blanca Hernández ha lanzado una pregunta: ¿a quién servimos con nuestro trabajo? Soledad Cazorla Prieto ha respondido que, sin duda, desde la Fiscalía “servimos a las víctimas” y ha apoyado la especialización “no solo de jueces y juzgados, también de fiscales”.

En el análisis que durante estos días se ha realizado en el V Congreso del Observatorio, se ha evidenciado también la necesidad de apoyar los avances y cambios legislativos con recursos. Ayer, en la inauguración, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, reclamó más dotación económica para luchar contra el maltrato a las mujeres. Hoy, Noelia González Garrote, concluía su intervención denunciando las limitaciones y saturación que enfrentan las plantillas de jueces, juezas, secretarios en los juzgados, lo que “nos impide escuchar a las mujeres como nos gustaría”.

Foto: Archivo AmecoPress

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Estado Español – Violencia de género – Legislación y género – Instituciones de Igualdad – Maltratos; 02 diciembre. 14. AmecoPress