El PSOE acusa a la Comunidad de Madrid de bloquear abortos a menores tuteladas y la Consejería de Familia lo niega

22 de febrero de 2008.

Por Maria Cobos

Autonomías | Madrid | Aborto



ACAI exige que los intereses de las menores prevalezcan sobre los políticos


La secretaria de Igualdad del PSOE, Maribel Montaño, ha exigido a Esperanza Aguirre el cese de la directora del Instituto del Menor y la Familia de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, por impedir a una menor tutelada por la administración autónoma, interrumpir su embarazo.

Montaño declara que el Instituto del Menor “no puede tratar de imponer sus posicionamientos ideológicos por encima de la aplicación rigurosa de la ley” y acusa a su directora que, “desde que tomó posesión del cargo en agosto, no ha firmado ni una sola autorización para interrumpir embarazos en menores tuteladas”.

La denuncia de Montaño se produce porque una menor tutelada por la Comunidad de Madrid (CAM) ha recurrido a los tribunales para poder interrumpir su embarazo una vez que los informes médicos lo habían autorizado y el Instituto Madrileño del Menor lo desautorizaba. La comisión de tutela ya ha permitido a la menor denunciante interrumpir su embarazo que se encuentra en estado avanzado.

La Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, en declaraciones a AmecoPress, ha manifestado - respecto a si se practican o no abortos a menores o si éstos están o no bloqueados- que “todo lo relacionado con memores de edad es absolutamente confidencial al igual que las resoluciones que se toman respecto a la infancia. La administración como entidad tutelar, al igual que lo harían los padres, no tenemos por qué dar cuenta de lo que se hace con las niñas porque son menores; lo hacemos por preservar su identidad y su situación”, manifestaron fuentes de la CAM.

La Consejería considera que “la niña está en su derecho de recurrir a los tribunales y éstos tomarán su determinación o se acogerán a lo que dictamine la comisión de tutela”.

“El procedimiento -explican desde la Consejería de Familia- una vez que las niñas comunican que están embarazadas al director o directora del centro pasan por un proceso o protocolo de actuación que consiste en una serie de informes psicológicos y psiquiátricos. Previamente, una vez confirmado el embarazo, a la menor se le informa por los profesionales del centro de los recursos, apoyos y ayudas que tiene, asistencia de cómo tiene que actuar en estos casos y una vez que finaliza todo el proceso es cuando la comisión tutelar autoriza o no, dependiendo de lo que hayan dicho los médicos, psicólogos, técnicos y contando con la actitud de la niña”.

La Consejería de la Comunidad de Madrid denuncia que se les acusa de retrasar las autorizaciones “y es que en muchos casos a las niñas se las cita para pasar los informes médicos y el proceso se dilata porque la menor no acude a las citas, la retrasan ellas mismas y el proceso se demora”, sentenciaron las mismas fuentes.

Por su parte, La Asociación de Clínicas Acreditadas (ACAI) ha pedido a las autoridades madrileñas que no obstaculicen la decisión de la menores ya que entiende que, cuando una mujer, en este caso una adolescente, tiene un deseo claro de interrumpir su embarazo, está manifestando que la experiencia del aborto, aún siendo difícil, siempre será menos traumática que la consecución de una gestación no deseada.

ACAI considera que la voluntad de las menores debe prevalecer sobre intereses políticos y convicciones morales, pues a su juicio, las chicas de esta edad están iniciándose en la sexualidad, muchas veces con la imprudencia propia de su edad.

“Ni su cuerpo es lo suficiente maduro, ni su mente estable emocionalmente, por lo que de continuar una gestación no deseada estaríamos convirtiendo a esta menor en una niña-madre, imposibilitada para ofrecer la estabilidad emocional que su hijo/a y ella misma necesitan. Al tiempo, conducir a la menor a un aborto tardío, innecesario, puede tener efectos muy negativos en su estabilidad emocional, su salud física y en su propia autoestima”, subraya en un comunicado.

Por todo ello, ACAI pide a las autoridades madrileñas que “no utilicen la potestad que les otorga la ley para tomar una decisión en un sentido contrario a la voluntad de las menores” y demanda que se considere en todo momento el estado psicológico y la decisión personal.


Autonomías – Aborto – 22 febrero, 08 (AmecoPress)