El Gobierno acelera la reforma de la ley del aborto
Madrid, 24 jun. 14. AmecoPress. Todo apunta a que el Gobierno llevará la Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada al Consejo de Ministros el próximo viernes 27 de junio, con el objetivo de que inicie su tramitación parlamentaria en el Congreso durante el mes de julio. De este modo, la norma podría estar definitivamente aprobada para noviembre o diciembre. El mismo interés –no perder votos- que llevó a la postergación del debate en torno a la reforma durante la campaña electoral europea, conduce ahora a buscar la aceleración del trámite, para lograr separarlo de los comicios autonómicos y municipales y las generales de 2015. Ahora o nunca.
Desde que se diera a conocer la propuesta del Ministerio de Justicia, en diciembre de 2013, ha sucedido lo que gran parte de las organizaciones que se oponen a ella temían: leves cambios y no la retirada de la norma en su totalidad, que sería lo deseable. Todo apunta a que solo se incluirán modificaciones relacionadas con uno de los aspectos más polémicos de la reforma: en el nuevo texto, si finalmente se aceptan las modificaciones, las anomalías fetales graves, aunque no sean incompatibles con la vida, volverán a ser un motivo admitido por ley para poder abortar.
Modificaciones
No se creará un supuesto específico de malformación fetal - porque el Gobierno se resiste a aceptarlo conceptualmente -, pero se redactará la ley de modo que una mujer que quiera interrumpir su embarazo por malformación del feto pueda hacerlo sin tener que probar antes que eso le causa a ella un daño psicológico.
Aun con ese cambio la ley seguiría siendo más restrictiva que la ley que rigió entre 1985 y 2010, porque el procedimiento incluye una serie de condiciones que lo hacen más largo y complicado para la embarazada. Y cabe recordar que según datos de 2012 y con la ley actual, las anomalías fetales incompatibles con la vida fueron la causa de 306 abortos, lo que supone únicamente el 0,3 por ciento de las interrupciones de embarazo practicadas en España.
La rectificación que plantea ahora el Gobierno fue pedida por el Consejo General del Poder Judicial y por el Consejo Fiscal. Otro de los aspectos polémicos del anteproyecto es la obligación que se impone a la mujer de recabar el aval de dos profesionales médicos distintos cuando alega daño psicológico para abortar. En la ley de 1985, que también tenía un supuesto de “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada”, solo era necesario el informe de un o una médico. Ahora son dos, que además deben trabajar en un centro distinto al que practicará el aborto. Tanto el Consejo Fiscal como el CGPJ han pedido al Gobierno que elimine esa exigencia desproporcionada para la mujer.
En última instancia la reforma de la ley siempre mantendría la ley de supuestos –y no de plazos como la actual y la mayor parte de las legislaciones europeas- que el Gobierno ha abanderado desde el primer momento. Solo se puede interrumpir de forma voluntaria un embarazo cuando tenga lugar un grave riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la madre, o bien cuando el embarazo sea consecuencia de un delito contra la libertad sexual.
Rechazo
La mayoría social rechaza una norma que prioriza los derechos del “no nacido” –que no está reconocido como vida humana en las legislaciones internacionales ni en las sentencias jurídicas de nuestros tribunales- sobre los derechos y libertades de las mujeres.
Entre los y las votantes del PP un amplio sector también se opone al cambio que pretende llevar a cabo el Gobierno y podrían castigarle en las urnas. En su momento, populares como José Antonio Monago, Alberto Núñez Feijóo o Celia Villalobos manifestaron su desacuerdo con una norma que llevaría a España a una situación previa a 1985. Pero, también es cierto, que en el seno del PP hay fuerzas más integristas que presionan para que la reforma sea aprobada de una vez por todas.
Las organizaciones de mujeres y profesionales, han planteado desde el comienzo una estrategia orientada al rechazo total de la normativa de Gallardón y han denunciado su incongruencia y las nefastas consecuencias para la salud y la vida de miles de mujeres. Ayer, más de 170 entidades enviaron una carta a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para pedir la retirada del anteproyecto de ley sobre aborto.
El principal partido de la oposición acusó al Ejecutivo de utilizar el verano para intentar sacar adelante la reforma de la ley del aborto, “pensando que la opinión pública no se enterará de que está llevando a cabo el ataque más brutal en democracia a los derechos, a la libertad y a la salud de las mujeres españolas. Purificación Causapié, secretaria de Igualdad del PSOE, insistió en que la “inmensa mayoría de la sociedad” rechaza la reforma de la ley del aborto, y recordó que “100.000 mujeres no podrían abortar legalmente en España y unas 20.000 mujeres sufrirían secuelas graves derivadas de abortos clandestinos”.
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, también exigió al Gobierno que retire el proyecto de reforma del aborto, y que no se someta a un “sector minoritario, integrista y fundamentalista” de la sociedad.
Próximos pasos
Si todo sigue según lo previsto, el Consejo de Ministros del próximo viernes aprobará el texto de la reforma propuesto por Gallardón, con algunas modificaciones. El primer debate parlamentario aún no tiene fecha y el calendario se ve afectado por el hecho de que julio es un mes que la Constitución sitúa fuera del periodo ordinario de sesiones. La Mesa del Congreso, el primer órgano que debe recibir el proyecto de ley, suele ampliar todos los plazos de enmiendas hasta septiembre, lo que supondría congelar dos meses la tramitación del proyecto. Aunque también la Mesa de la Cámara Baja podría fijar un primer y único plazo de enmiendas hasta mediados de julio para al menos poder celebrar el debate de totalidad en una segunda sesión plenaria de final de mes.
El Gobierno tiene prisa. Si la ley no entra en vigor a finales de año, tras pasar por el Congreso y el Senado, el debate sobre el aborto entraría de lleno en la campaña electoral de las municipales y autonómicas de mayo de 2015, algo que el PP intenta evitar porque pierde votos y moviliza al electorado de la oposición.
Feminismo en la calle
Mientras el proyecto de ley hace el recorrido institucional, el feminismo sale a la calle para defender los derechos y libertades de las mujeres. “Continuamos en la lucha ante el anteproyecto retrógrado de reforma de ley del aborto del Gobierno, que recupera el discurso franquista de negación de las mujeres como seres sexuales y la maternidad como su destino natural”, afirma la página de la Coordinadora Feminista, en la que se recogen las movilizaciones previstas para los próximos días en las principales ciudades del estado español y Europa –Londres y Berlín-.
DIA 26 JUNIO
BERLIN. A LAS 19:30 Pariser Platz, 10117 Berlín
VALLADOLID. A LAS 20H DESDE LA PLAZA ESPAÑA DIA
DÍA 27 JUNIO
LONDRES Spanish Embassy 39 Chesham Place, London
MADRID A las 19:00 frente al Ministerio de Justicia. C/ San Bernardo 45. Metro Noviciado. Si se lleva al Consejo de Ministros la ley de aborto de Gallardón.
MURCIA A las 19:00 Paseo. del Teniente Flomesta s/N
TENERIFE A LAS 19 HORAS, CONCENTRACIÓN ANTE LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL
DIA 29 JUNIO
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT A las 11:00 performance.Si colonitzen el nostre cos,¿qué cony ens queda? Parc dels ocellets.Metro Torrasa.L1.FeministesLH
Foto: archivo AmecoPress
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