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El CGPJ empata, pero gana Gallardón

Estado Español, Debates, Aborto, Legislación y género, Salud y género, Salud reproductiva, Madrid, Martes 17 de junio de 2014, por Redacción AmecoPress


Madrid, 17 jun. 14. AmecoPress. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el viernes en un Pleno monográfico el informe de Carmen Llombart, vocal designada a propuesta del PP. Aunque propone algunos cambios en el anteproyecto de Ley del Aborto impulsado por el Gobierno Popular, se aleja del rechazo recogido en el otro informe nacido en el seno del Consejo, el de la vocal Pilar Sepúlveda.

La reforma de la Ley del poder Judicial de 2013 permite que los informes emitidos en el ejercicio de la función consultiva puedan aprobarse por mayoría simple, por lo que a pesar de la existencia de tantas voces que se oponen a la reforma, como de las que se muestran a favor, con pequeñas modificaciones, Gallardón gana y, pierden las mujeres.

La ponencia de Llombart recibió los votos favorables de nueve vocales del llamado sector conservador y el del presidente, Carlos Lesmes. Fernando Grande-Marlaska, propuesto también por el PP, no apoyó ese texto y decidió abstenerse. El sector progresista - los propuestos por el PSOE y la vocal nombrada a propuesta de IU- votó a favor del informe de Sepúlveda, que pedía la retirada de la ley por imponer "un modelo moral", sumando 8 votos. Los consejeros Mercè Pigem (CiU) y Enrique Lucas (PNV) defendieron su propio texto, una versión “conciliadora y moderada” del informe contrario a la ley, pero decidieron abstenerse.

Por tanto, los escritos que pedían la retirada del anteproyecto sumaron tantos votos como el que salió adelante. Incluso Grande-Marlaska había presentado alegaciones en las que consideraba que lo prudente sería esperar a lo que decida el Tribunal Constitucional, que tiene pendiente de resolver un recurso del PP.

Por la reforma de la Ley del Poder Judicial de 2013, que permite que los informes emitidos en el ejercicio de la función consultiva puedan aprobarse por mayoría simple, se ha evitado que el CGPJ repitiera la situación de 2011, cuando no fue capaz de llegar a ningún acuerdo -entonces eran necesarios 11 votos- respecto de la reforma del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

El informe aprobado por el CGPJ por mayoría simple concluye que la constitucionalidad del sistema de indicaciones al que pretende regresar el ministro Alberto Ruíz-Gallardón ya fue resuelta en 1985 y que al CGPJ no le compete "la valoración de la oportunidad del cambio legislativo", sino que "debe adoptar una metodología estricta y rotundamente jurídica (...), evitando argumentos que sean expresión de las opiniones y convicciones propias de la ponente".

Mujeres a un segundo plano

Pero lo fundamental es que, como el Consejo Fiscal, el Poder Judicial considera que los supuestos de malformaciones incompatibles con la vida deben ser recogidos como una indicación propia, y no vinculados al riesgo para la salud psíquica de la madre -que es lo que se contempla en el anteproyecto-, desligándolo de la necesidad de que la mujer presente un informe de dos profesionales distintos que acrediten el riesgo para la salud psíquica de la embarazada.

En todo caso, aunque muy importante, según datos de 2012 y con la ley actual, las anomalías fetales incompatibles con la vida fueron la causa de 306 abortos, lo que supone únicamente el 0,3 por ciento de las interrupciones de embarazo practicadas en España.

El texto del Consejo reprocha a Gallardón que no haya incluido "una política de protección y cobertura social" para proteger la maternidad, "potenciar la natalidad" y "reducir los potenciales abortos". También entiende que es "desproporcionado" que los informes exigidos sean emitidos por médicos distintos de los que practiquen el aborto y que, además, no desempeñen su actividad profesional en el centro en el que se lleve a cabo.

Recordemos que la ponencia progresista pide la retirada del anteproyecto porque considera que pretende imponer "un modelo moral a costa de los derechos ajenos", que "criminaliza" a la mujer y que "anula el control por las mujeres de su vida reproductiva, impidiendo las posibilidades de participar en la economía y vida social de la nación a un nivel igual que los hombres", entre otras reflexiones, que fundamenta en el derecho comparado y la doctrina de Estrasburgo.

Las organizaciones de mujeres y profesionales han manifestado su decepción con la decisión del Consejo y han vuelto a recordar las nefastas consecuencias que la Ley de Gallardón, en el caso de ser aprobada, tendrá para la salud de las mujeres y el ataque a sus derechos básicos que supone.

Foto: Archivo AmecoPress

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Estado español – Debates – Aborto – Legislación y género – Salud y género – Salud reproductiva; 17 junio. 14. AmecoPress




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